Las fuerzas sociales envían al Gobierno medidas para que las ayudas de los bancos lleguen a las familias
El Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos enviaron hoy al Gobierno nueve medidas encaminadas a que las ayudas de 50.000 millones de euros aportadas por el Estado a los bancos lleguen a las familias en situación de endeudamiento por la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas.
"Nos ofrecemos a discutir con el Gobierno y los bancos la aplicación de estas medidas", apuntó la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo. "Se necesita un esfuerzo mayor para los parados en situación de desahucio", apuntó el representante de UGT José Luis Hidalgo.
La propuesta fue enviada a la Oficina Economía del presidente del Gobierno, con la finalidad de que estudien la aplicación de las medidas, abrir una mesa de diálogo y las envíen a los diferentes ministerios implicados en su puesta en marcha.
La medida más urgente propuesta es aplicar el arbitraje y la conciliación en los planes de reestructuración de la deuda para evitar los embargos judiciales hipotecarios y crediticios, que durante 2008 podrían llegar a 86.681 y a 121.006 en 2010.
La propuesta planea modificar el artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje, así como dotar de un procedimiento judicial específico para la venta a plazos de los inmuebles en las situaciones más graves con un cambio en el artículo 11 de la Ley 28/98.
En caso de que las familias se vean imposibilitadas para asumir los pagos hipotecarios, el Consejo y los sindicatos piden una exención de comisiones, tributos o tasas.
El Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos enviaron hoy al Gobierno nueve medidas encaminadas a que las ayudas de 50.000 millones de euros aportadas por el Estado a los bancos lleguen a las familias en situación de endeudamiento por la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas.
"Nos ofrecemos a discutir con el Gobierno y los bancos la aplicación de estas medidas", apuntó la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo. "Se necesita un esfuerzo mayor para los parados en situación de desahucio", apuntó el representante de UGT José Luis Hidalgo.
La propuesta fue enviada a la Oficina Economía del presidente del Gobierno, con la finalidad de que estudien la aplicación de las medidas, abrir una mesa de diálogo y las envíen a los diferentes ministerios implicados en su puesta en marcha.
La medida más urgente propuesta es aplicar el arbitraje y la conciliación en los planes de reestructuración de la deuda para evitar los embargos judiciales hipotecarios y crediticios, que durante 2008 podrían llegar a 86.681 y a 121.006 en 2010.
La propuesta planea modificar el artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje, así como dotar de un procedimiento judicial específico para la venta a plazos de los inmuebles en las situaciones más graves con un cambio en el artículo 11 de la Ley 28/98.
En caso de que las familias se vean imposibilitadas para asumir los pagos hipotecarios, el Consejo y los sindicatos piden una exención de comisiones, tributos o tasas.
