Es una realidad evidente e incontestable que la globalización ha llegado para quedarse, incluso a pesar de situaciones puntuales caracterizadas por movimientos populistas y nacionalistas en determinados países que inducen a pensar lo contrario.
Esta realidad es importante tenerla en cuenta en el mundo de las inversiones, ya que una tendencia natural de las empresas es crecer, y para ello es necesario penetrar y consolidar la posición en mercados exteriores.
A su vez, las inversiones en el exterior se acompañan de riesgos de distinto tipo, siendo por tanto esencial saber evaluar el potencial beneficio a obtener en relación al riesgo. Aunque indudablemente, estas evaluaciones siempre estarán sujetas a cierto grado de incertidumbre, pero el análisis previo reducirá las probabilidades de equivocación, que es de lo que se trata.
Los riesgos pueden ser de distinto tipo, y asociados fundamentalmente al tipo de actividad y a la localización geográfica, clasificándose en distintas categorías: políticos, económicos, infraestructuras y seguridad.
La política es uno de los aspectos esenciales, ya que la regulación condiciona muchos de los otros riesgos. Entre ellos se incluyen la creación de barreras de entrada en los mercados, los impuestos, la regulación que condiciona las actividades económicas, o la protección de la propiedad privada, incluyendo aquí la propiedad intelectual.
Un ejemplo de este tipo habitualmente mencionado es el de China, fruto del cual, entre otras cosas, ha dado lugar a la situación de guerra comercial con Estados Unidos con repercusiones sobre el comercio y la economía globales. A China se la ha acusado de robar patentes, favorecido este hecho por el atractivo del mercado chino, su tamaño y el crecimiento económico del país, que ha dado lugar a un incremento considerable de la capacidad de consumo de sus ciudadanos y ha provocado el interés de distintas multinacionales de penetrar en este mercado.
Pero además de la propiedad intelectual, la política impositiva y regulatoria de los países también es un aspecto importante a tener en cuenta. Tema que ya ha sido tratado anteriormente haciendo referencia a la competencia fiscal entre países por atraer inversiones y creación de empleo.
En cualquier caso, y en referencia a España, cabría destacar en este aspecto la iniciativa reciente del gobierno español de imponer un impuesto de sociedades mínimo del 15% bajo la pretendida excusa, fácilmente desmentida (aquí y aquí ), de que las grandes empresas pagan pocos impuestos.
La imposición de este mínimo afectaría a la inversión extranjera, la creación de empleo, y el crecimiento económico, por lo que sorprende en este sentido la miopía económica de un doctor en economía.
Otro riesgo, el económico, comprende la situación macroeconómica del país, considerando el efecto de la inflación, déficits público y por cuenta corriente, así como el volumen de deuda y si esta está nominada en moneda local o no; ya que estos parámetros influirán en la trayectoria económica del país y por tanto en el riesgo de desaceleración económica; que repercutirá sobre los ingresos y afectarán al tipo de cambio y el valor de repatriación de los beneficios.
En cuanto al riesgo en infraestructuras, comprende tanto las físicas, que condicionan el transporte de mercancías, su rapidez y coste, como las telecomunicaciones. También, Incluidas en infraestructuras, y considerando inversiones a largo plazo, se ha incluido la educación y sanidad, ya que influirán respectivamente sobre el capital humano del país y la longevidad, condicionando el PIB potencial y el gasto público en pensiones.
Y por último, debemos considerar también la seguridad, tanto en cuanto a inestabilidad social y terrorismo, como en cuanto a la seguridad de comunicaciones y respeto por la propiedad intelectual. Hechos relacionados con la política, la regulación, y la seguridad jurídica. Esta última se puede entender de muchas formas, siendo quizá la más evidente el cambio de legislación si esta se realiza con efectos retroactivos.
En este sentido, España es un caso evidente de inseguridad jurídica, hecho que supone un “fallo de estado” , que pone en duda el estado de derecho y reduce la calidad de la democracia. Ejemplos importantes de ello los tenemos en el cambio de regulación de las primas a las renovables, o las clausulas suelo bancarias, o más recientemente la polémica sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
Estos hechos son más graves de lo que aparentan, ya que en un presumiblemente estado de derecho, estas situaciones no deberían producirse. Provocando esta situación un sentimiento que contribuye a ahuyentar la inversión extranjera e incluso la nacional, con sus efectos sobre la creación de puestos de trabajo, el PIB potencial y el crecimiento económico.
Para terminar, indicar que siendo importante el análisis de riesgo, no debemos olvidar que este es un componente dinámico de las inversiones, y como tal, implica una evaluación periódica del mismo. En este sentido, y dada la importancia de la política, cabe destacar el hecho de la alternancia en el poder en los regímenes democráticos, ya que la ideología política condiciona la regulación y los mercados, y por tanto los beneficios.
Por último, señalar que este tipo de análisis no es exclusivo de las inversiones de las grandes empresas, siendo importante llevar a cabo este análisis cuando invertimos, sobre todo a largo plazo, en determinadas regiones y países en empresas multinacionales o a través de fondos de inversión, ayudándonos también a ponderar la diversificación de nuestras inversiones en los distintos mercados en función del equilibrio beneficio/riesgo.
