FERNANDO ESTEVE MORA
Como es de sobra conocido, existe un asentamiento ilegal a lo largo de 15 kilómetros de la Cañada Real Galiana a su paso por el sur de Madrid en el que viven un número indeterminado de personas. A veces se ha llegado a hablar de 40.000, otras este número se ha reducido a 8000.
Lo primero que hay que recordar antes de tratar el asunto es qué son las cañadas reales. Se trata de vías pecuarias que atraviesan muchas zonas del territorio español y singularmente de las dos mesetas por las que la ganadería trashumante repitió anualmente durante siglos anualmente sus movimientos de norte a sur y de sur a norte según las estaciones. Estos caminos para pastores y sus rebaños tienen una longitud que llega en algunos casos a ser de más de 500 kilómetros y con una anchura que Alfonso X el Sabio estableció, para las cañadas castellanas, en 90 varas castellanas (72,2 metros).
Desde un punto de vista jurídico, el espacio que ocupan las cañadas reales es de dominio público y por tanto, inalienable (no vendible), inembargable e imprescriptible, es decir, que no puede adquirirse la propiedad de ninguna zona de una cañada real mediante su ocupación por más tiempo que quien la ocupe lo lleve haciéndolo, o por haber invertido recursos en ella (construyendo, por ejemplo, una edificación) , o por haber sido reconocida indirectamente como tal por alguna empresa (o sea, por tener el contrato de suministro de algún servicio) o alguna institución pública ( por pagar, por ejemplo, el IBI de la edificación hecha sobre ese suelo). Es decir, que con respecto a las cañadas reales se tiene que no pueden ser legalmente propiedad patrimonial de NADIE. Ni de ayuntamientos, ni de Comunidades Autónomas ni del Estado, y obviamente, ni mucho menos de particulares. No son propiedad patrimonial de NADIE porque son propiedad de TODOS.
Desde una persdpectiva no jurídica sino económica, las cañadas reales serían, como lo son los bienes públicos, recursos de libre acceso o de oferta conjunta, pero a diferencia de ellos, el uso que hacen unos consumidores o usuarios de las mismas reduce o compite con el uso o disfrute de otros (en el caso de los bienes públicos puros, el uso o consumo de ellos es no-rival). A este tipo de bienes se les conoce como Comunales o bienes comunes. Es lo que ha ocurrido con los asntamientos ilegales, en los que el uso -ilegal- de las cañadas como suelo "residencial" o "industrial" (para poner negocios, como el del tráfico de estupefacientes) no sólo ha impedido el uso de ese mismo suelo por parte de otros ciudadanos, por ejemplo, para su uso recreativo sino que las ha degradado ecológicamente.
El problema es que estos terrenos (como otros bienes comunes de dominio público como las playas y las orillas de los ríos) han sido muy golosos desde siempre, y así, desde siempre, ha habido quienes han "entendido" que lo que es de TODOS no es de NADIE, y que lo que no es de nadie cualquiera se lo puede de laguna manera "apropiar".
Así, ya sea de manera legal (mediante su desafectación como vías pecuarias y su conversión de bienes de dominio público en bienes patrimoniales de alguna administración, y por tanto vendibles), como de manera ilegal, ayuntamientos y particulares, aprovechándose de que las cañadas reales son bienes comunes las han ido mordiendo, apropiándoselas para sus fines, sobre todo en el último siglo. En nuestros tiempos, las que quedan son sólo un esqueleto de su tamaño original, y así aparecen frecuentemente interrumpidas por verjas, vallas y alambres de espino. Pero todavía, al igual que pasa con las orillas de los ríos y las playas, las que siguen siendo de dominio público qsiguen siendo bienes COMUNES, uno todavía tendría derechoa llamar a la guardia civil para que se le permita transitar por ellas si algún particular le impide hacerlo.
En el caso concreto de esos 15 kilómetros de la Cañada Real Galiana que transcurre por el sur del Municipio de Madrid, el de Rivas y el de Coslada, sucedió que han sido "okupados" desde la década de los años 60 del siglo pasado. En ellos se establecieron con la connivencia de todas las autoridades implicadas: ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, Comunidad de Madrid y Estado, diversos "colectivos": familias, empresarios del trafico y producción de drogas ilegales (heroína, cocaína y cannabis), toxicómanos, ongs e iglesias de distintas denominaciones. Por supuesto, a lo largo de los años, la población "okupa" ha ido cambiando, pues ha existido un "mercado" de las casas y locales construidos ilegalmente sobre los terrenos de la cañada real. Desde las diferentes administraciones locales y regionales, a lo largo de los años, y contra la legalidad, pues recuérdese que se trata de una vía pecuaria, se ha ido urbanizando ese gigantesco asentamiento ilegal para dar a los "vecinos" del mismo el acceso a unos servicios públicos mínimos. No ha de pensarse que todos quienes habitan en ese asentamiento son pobres de solemnidad ni delincuentes. Muchos, quizás la mayoría, no son ni una cosa ni la otra. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que puesto que quienes allí viven no pagan ningún tipo de impuestos por los servicios públicos que reciben, ni tampoco pagan -en su mayoría- por la luz eléctrica y el agua que usan que proceden de conexiones ilegales, su renta REAL es más elevada de lo que su renta monetaria, caso de que pudiera conocerse cosa difícil por obtener sus ingresos en la economía sumergida, podría dar a entender.
En las últimas semanas han saltado de nuevo a las portadas de los periódicos a tenor de la suspensión del suministro de red eléctrica que han sufrido esos "okupantes" en algunas zonas, "suministro" forzoso y no contractual para la compañía eléctrica dado que la inmensa mayoría de las conexiones son ilegales, como fruto del exceso de consumo eléctrico por parte de los "empresarios" dedicados a los cultivos de marihuana que, al haber disparado el uso de electricidad, ha hecho saltar los sistemas de seguridad de la red. Ello, en mitad de una ola de frío, ha vuelto a poner estos asentamientos ilegales en el debate político enfrentando a quienes desde el actual gobierno de la Comunidad de Madrid defienden que, ante esta urgencia climática, se ha hecho lo posible, ofreciendo a los habitantes el realojo provisional en albergues municipales, pero que los "residentes" lo han rechazado a tenor del miedo a que sus "residencias" fuesen a su vez "okupadas" dado que no tienen títulos de propiedad sobre las mismas. Los críticos de esta posición han pedido que la compañía eléctrica volviese a restablecer el flujo eléctrico, lo que dados los niveles de consumo ilegal (la empresa ha llegado a decir que, en la zona, son siete veces más elevados por unidad que los que se registran por término medio en el resto de la Comunidad de Madrid) supondría aumentar la capacidad de los tendidos, que iría en buena medida a suministrar electricidad para la producción de drogas ilegales. A esto se ha contraargumentado que puesto que "no deben pagar "justos" por pecadores", que no se puede tratar igual los ilegales enganches de familias "normales" con los ilegales enganches de las familias dedicadas al cultivo de marihuana.
Pero fuera de este lío circunstancial, que -por cierto- parece haber ya finalizado finalizada la ola de frío, el problema permanece no sólo en la cañada real madrileña sino a propósito de lña variedad de asentamientos ilegales sobre bienes comunales. ¿Qué se puede hacer con un asentamiento ilegal en una zona que es de dominio público como es una cañada real o una playa? Por lo que a mí se me ocurre, teóricamente, habría dos grandes alternativas al no hacer nada, que es por otra parte, la política más fácil y por ello la más probable. Cada una de esas alternativas tiene, a su vez, dos dos posibles líneas de actuación:
1.- Finalizar con el asentamiento ilegal acabando con el asentamiento. Ello podría hacerse de dos maneras: mediante el
1a.- Desalojo y expulsión directa de de todos los "okupantes" . Ese "deshaucio" sería consecuencia de la correspondiente porden judicial e iría acompañado con un plan de realojamiento de la población desalojada en trance de exclusión social.
1b.- Desalojo y expulsión indirecta. El mecanismo para llevarlo a cabo consistiría en desandar el proceso de urbanización de la zona de marras, de modo que, poco a poco, y confome el nivel de servicios públicos se fuese degradando, el coste de vivir en esa zona iría subiendo de modo que la zona, progresivamente, dejara de ser habitable para la mayoría de la población "okupa" lo que la llevaría a aceptar las opciones de realojo. Una vez sólo quedara en la zona la población más marginal y delincuente, el cierre del asentamiento sería mucho más fácil.
2.- Finalizar con el asentamiento ilegal no acabando con él sino legalizándolo. En último término ello supone la privatización del uso de ese bien común). Tal legalización puede ser de dos tipos:
2a.- Legalización/privatización "blanda" o débil. Que consistiría en dar a los actuales "okupantes" la concesión para instalarse en ese bien de dominio público por un periodo de tiempo (99 años, por ejemplo) como ya se hace, por ejemplo, con los chiringuitos playeros.
2b.- Legalización/privatización "fuerte" o dura. Que pasaría por la desafectación del dominio público de ese tramo de cañada convertiéndola en patrimonio ya sea de los ayuntamientos de la zona, o de lña comunidad del Estado, administraciones que podrían luego vender los terrenos a los actuales "okupantes".
A la hora de planterase, desde la Economía, cuál sería la mejor entre estas opciones, y como es de esperar, se tiene que la mejor opción depende de la posición ideológica. No es nada extraño,l pese a lo que pudiera parecer, que para la más estricta derecha económica, en la que se encuentran los economistas neoliberales y austríacos, la mejor solución para los problemas que plantean los asentamientos ilegales, como de la cañada real madrileña, sea la 2b, o sea , su legalización vía privatización. Es esta la solución defendida por economistas como Huerta de Soto para resolver los problemas de los asentamientos ilegales en las grandes ciudades de Brasil o de Perú. Es decir la desafectación del dominio público, la conversión en bien patrimonial de los ayuntamientos de la zona, y la posterior enajenación de esos terrenos a sus ocupantes vendiéndoselos en condiciones muy ventajosas. ¡Para que luego se diga que la derecha extrema no tiene sensibilidad "social"!. Sólo que esto es congruente con su posición general, que es la privatización de todo lo público y lo común. Tampoco extrañará que esta sea la opción preferida por las empresas "inmobiliarias" (incluyendo en esa rúbrica la Iglesia Católica, que ya tiene experiencia en eso de "inmatricular" lo que -aparentemente- era de nadie, pues era de todos), pues ello les permitiría "comprar" suelo anteriormente público para sus "promociones". Obviamente, también es la política óptima para los "okupas" de la zona pues no sólo resolvería sus problemas de alojamiento sino que les supondría un incremento en su riqueza.
Pero, sin embargo, es de lo más paradójico que esa opción (la 1a, la privatización ) sea defendida también por muchas gentes de la izquierda, pues uno -de salida- pensaría que aquellos defensores de "lo común", aquellos que de alguna manera se reclaman de la ideología o del sueño comunista, serían los primeros en defender el mantenimiento de las cañadas reales como lo que son, como uno de los escasos bienes comunes que la historia nos ha dejado, como documentó Joaquín Costa. Pues no. Abundan los "progresistas" que, ante el espectáculo de la pobreza aparente en esas zonas, ven con buenos ojos la legalización/privatización "dura" sin tener en consideración los efectos no deseables que tal política "buenista" pueda tener sobre el resto de los escasos bienes comunales que ya van quedando.Es lo que le pasa a la izquierda cuando deja de leer a sus clásicos, y se pasa a los clásicos de la Iglesia, incluido su venerado Papa Francisco, que hacindo suyo el consejo de Fernando VII abandona la funesta manía de pensar.
La alternativa 1a, la de expulsión pura y dura, nadie se atreve a defenderla, si bien es posible encontrarla entre las empresas inmobiliarias de esas zonas que, caso de que no se opte por la opción 2b que les permitiera entrar en ese "mercado", lo que no quieren es que sus cercanas promociones residenciales se vean desvalorizadas por la continuación de estos asentamientos ilegales. Obviamente, mejor, mucho mejor, para ellas es tener al lado una cañada real con elevadísimo valor ecológico que redundaría en mayor valor para sus promociones.
Y, ¿qué ha pasado con la Cañada Real madrileña? Pues eso mismo. En 2011, la Comunidad de Madrid dio el paso previo a la privatización definitiva. Desafectó esos kilómetros de la Cañada Real, y los transfirió a los ayuntamientos implicados, y estos pueden ahora venderlos a sus "okupantes" si estos pueden acreditar que los ocuparon ilegalmente entes de 2011. En la medida que eso no va a ser nada fácil para buena parte de los hoy okupantes que han llegado a esas zonas con posterioridad comprando a anteriores "okupas", la expectativa es que progresivamente se dulcificarán las condiciones de acceso a la "propiedad". Ni qué decir tiene que en esa señalización es valiosísimo el contar con cualquier "prueba" de que se está "okupando" una parcela, lo que explica para los economistas, -siempre tan "mal" pensados-, aunque para no los bondadosos periodistas -siempre tan "bien" pensados- el repetido interés y claro propósito de los actuales okupantes ilegales por pagar legalmente cualquier cosa que muestre que se está allí, por ejemplo, la factura de la luz.
Y, para acabar, lo que nadie parece pensar cuando se "soluciona" de esta manera el problema social que se genera cuando muchos ciudadanos no ven otra opción de alojamiento que el asentamiento en bienes comunales, es el "efecto demostración" que sobre otras personas en semejante situación de penuria tienen las políticas de legalización. Y es que, ¿cómo se va a echar, por ejemplo, a los "okupantes" de una playa cuando no se ha hecho eso con los de una cañada? ¿No sería una discriminación adicional entre los ya discriminados?
Como es de sobra conocido, existe un asentamiento ilegal a lo largo de 15 kilómetros de la Cañada Real Galiana a su paso por el sur de Madrid en el que viven un número indeterminado de personas. A veces se ha llegado a hablar de 40.000, otras este número se ha reducido a 8000.
Lo primero que hay que recordar antes de tratar el asunto es qué son las cañadas reales. Se trata de vías pecuarias que atraviesan muchas zonas del territorio español y singularmente de las dos mesetas por las que la ganadería trashumante repitió anualmente durante siglos anualmente sus movimientos de norte a sur y de sur a norte según las estaciones. Estos caminos para pastores y sus rebaños tienen una longitud que llega en algunos casos a ser de más de 500 kilómetros y con una anchura que Alfonso X el Sabio estableció, para las cañadas castellanas, en 90 varas castellanas (72,2 metros).
Desde un punto de vista jurídico, el espacio que ocupan las cañadas reales es de dominio público y por tanto, inalienable (no vendible), inembargable e imprescriptible, es decir, que no puede adquirirse la propiedad de ninguna zona de una cañada real mediante su ocupación por más tiempo que quien la ocupe lo lleve haciéndolo, o por haber invertido recursos en ella (construyendo, por ejemplo, una edificación) , o por haber sido reconocida indirectamente como tal por alguna empresa (o sea, por tener el contrato de suministro de algún servicio) o alguna institución pública ( por pagar, por ejemplo, el IBI de la edificación hecha sobre ese suelo). Es decir, que con respecto a las cañadas reales se tiene que no pueden ser legalmente propiedad patrimonial de NADIE. Ni de ayuntamientos, ni de Comunidades Autónomas ni del Estado, y obviamente, ni mucho menos de particulares. No son propiedad patrimonial de NADIE porque son propiedad de TODOS.
Desde una persdpectiva no jurídica sino económica, las cañadas reales serían, como lo son los bienes públicos, recursos de libre acceso o de oferta conjunta, pero a diferencia de ellos, el uso que hacen unos consumidores o usuarios de las mismas reduce o compite con el uso o disfrute de otros (en el caso de los bienes públicos puros, el uso o consumo de ellos es no-rival). A este tipo de bienes se les conoce como Comunales o bienes comunes. Es lo que ha ocurrido con los asntamientos ilegales, en los que el uso -ilegal- de las cañadas como suelo "residencial" o "industrial" (para poner negocios, como el del tráfico de estupefacientes) no sólo ha impedido el uso de ese mismo suelo por parte de otros ciudadanos, por ejemplo, para su uso recreativo sino que las ha degradado ecológicamente.
El problema es que estos terrenos (como otros bienes comunes de dominio público como las playas y las orillas de los ríos) han sido muy golosos desde siempre, y así, desde siempre, ha habido quienes han "entendido" que lo que es de TODOS no es de NADIE, y que lo que no es de nadie cualquiera se lo puede de laguna manera "apropiar".
Así, ya sea de manera legal (mediante su desafectación como vías pecuarias y su conversión de bienes de dominio público en bienes patrimoniales de alguna administración, y por tanto vendibles), como de manera ilegal, ayuntamientos y particulares, aprovechándose de que las cañadas reales son bienes comunes las han ido mordiendo, apropiándoselas para sus fines, sobre todo en el último siglo. En nuestros tiempos, las que quedan son sólo un esqueleto de su tamaño original, y así aparecen frecuentemente interrumpidas por verjas, vallas y alambres de espino. Pero todavía, al igual que pasa con las orillas de los ríos y las playas, las que siguen siendo de dominio público qsiguen siendo bienes COMUNES, uno todavía tendría derechoa llamar a la guardia civil para que se le permita transitar por ellas si algún particular le impide hacerlo.
En el caso concreto de esos 15 kilómetros de la Cañada Real Galiana que transcurre por el sur del Municipio de Madrid, el de Rivas y el de Coslada, sucedió que han sido "okupados" desde la década de los años 60 del siglo pasado. En ellos se establecieron con la connivencia de todas las autoridades implicadas: ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, Comunidad de Madrid y Estado, diversos "colectivos": familias, empresarios del trafico y producción de drogas ilegales (heroína, cocaína y cannabis), toxicómanos, ongs e iglesias de distintas denominaciones. Por supuesto, a lo largo de los años, la población "okupa" ha ido cambiando, pues ha existido un "mercado" de las casas y locales construidos ilegalmente sobre los terrenos de la cañada real. Desde las diferentes administraciones locales y regionales, a lo largo de los años, y contra la legalidad, pues recuérdese que se trata de una vía pecuaria, se ha ido urbanizando ese gigantesco asentamiento ilegal para dar a los "vecinos" del mismo el acceso a unos servicios públicos mínimos. No ha de pensarse que todos quienes habitan en ese asentamiento son pobres de solemnidad ni delincuentes. Muchos, quizás la mayoría, no son ni una cosa ni la otra. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que puesto que quienes allí viven no pagan ningún tipo de impuestos por los servicios públicos que reciben, ni tampoco pagan -en su mayoría- por la luz eléctrica y el agua que usan que proceden de conexiones ilegales, su renta REAL es más elevada de lo que su renta monetaria, caso de que pudiera conocerse cosa difícil por obtener sus ingresos en la economía sumergida, podría dar a entender.
En las últimas semanas han saltado de nuevo a las portadas de los periódicos a tenor de la suspensión del suministro de red eléctrica que han sufrido esos "okupantes" en algunas zonas, "suministro" forzoso y no contractual para la compañía eléctrica dado que la inmensa mayoría de las conexiones son ilegales, como fruto del exceso de consumo eléctrico por parte de los "empresarios" dedicados a los cultivos de marihuana que, al haber disparado el uso de electricidad, ha hecho saltar los sistemas de seguridad de la red. Ello, en mitad de una ola de frío, ha vuelto a poner estos asentamientos ilegales en el debate político enfrentando a quienes desde el actual gobierno de la Comunidad de Madrid defienden que, ante esta urgencia climática, se ha hecho lo posible, ofreciendo a los habitantes el realojo provisional en albergues municipales, pero que los "residentes" lo han rechazado a tenor del miedo a que sus "residencias" fuesen a su vez "okupadas" dado que no tienen títulos de propiedad sobre las mismas. Los críticos de esta posición han pedido que la compañía eléctrica volviese a restablecer el flujo eléctrico, lo que dados los niveles de consumo ilegal (la empresa ha llegado a decir que, en la zona, son siete veces más elevados por unidad que los que se registran por término medio en el resto de la Comunidad de Madrid) supondría aumentar la capacidad de los tendidos, que iría en buena medida a suministrar electricidad para la producción de drogas ilegales. A esto se ha contraargumentado que puesto que "no deben pagar "justos" por pecadores", que no se puede tratar igual los ilegales enganches de familias "normales" con los ilegales enganches de las familias dedicadas al cultivo de marihuana.
Pero fuera de este lío circunstancial, que -por cierto- parece haber ya finalizado finalizada la ola de frío, el problema permanece no sólo en la cañada real madrileña sino a propósito de lña variedad de asentamientos ilegales sobre bienes comunales. ¿Qué se puede hacer con un asentamiento ilegal en una zona que es de dominio público como es una cañada real o una playa? Por lo que a mí se me ocurre, teóricamente, habría dos grandes alternativas al no hacer nada, que es por otra parte, la política más fácil y por ello la más probable. Cada una de esas alternativas tiene, a su vez, dos dos posibles líneas de actuación:
1.- Finalizar con el asentamiento ilegal acabando con el asentamiento. Ello podría hacerse de dos maneras: mediante el
1a.- Desalojo y expulsión directa de de todos los "okupantes" . Ese "deshaucio" sería consecuencia de la correspondiente porden judicial e iría acompañado con un plan de realojamiento de la población desalojada en trance de exclusión social.
1b.- Desalojo y expulsión indirecta. El mecanismo para llevarlo a cabo consistiría en desandar el proceso de urbanización de la zona de marras, de modo que, poco a poco, y confome el nivel de servicios públicos se fuese degradando, el coste de vivir en esa zona iría subiendo de modo que la zona, progresivamente, dejara de ser habitable para la mayoría de la población "okupa" lo que la llevaría a aceptar las opciones de realojo. Una vez sólo quedara en la zona la población más marginal y delincuente, el cierre del asentamiento sería mucho más fácil.
2.- Finalizar con el asentamiento ilegal no acabando con él sino legalizándolo. En último término ello supone la privatización del uso de ese bien común). Tal legalización puede ser de dos tipos:
2a.- Legalización/privatización "blanda" o débil. Que consistiría en dar a los actuales "okupantes" la concesión para instalarse en ese bien de dominio público por un periodo de tiempo (99 años, por ejemplo) como ya se hace, por ejemplo, con los chiringuitos playeros.
2b.- Legalización/privatización "fuerte" o dura. Que pasaría por la desafectación del dominio público de ese tramo de cañada convertiéndola en patrimonio ya sea de los ayuntamientos de la zona, o de lña comunidad del Estado, administraciones que podrían luego vender los terrenos a los actuales "okupantes".
A la hora de planterase, desde la Economía, cuál sería la mejor entre estas opciones, y como es de esperar, se tiene que la mejor opción depende de la posición ideológica. No es nada extraño,l pese a lo que pudiera parecer, que para la más estricta derecha económica, en la que se encuentran los economistas neoliberales y austríacos, la mejor solución para los problemas que plantean los asentamientos ilegales, como de la cañada real madrileña, sea la 2b, o sea , su legalización vía privatización. Es esta la solución defendida por economistas como Huerta de Soto para resolver los problemas de los asentamientos ilegales en las grandes ciudades de Brasil o de Perú. Es decir la desafectación del dominio público, la conversión en bien patrimonial de los ayuntamientos de la zona, y la posterior enajenación de esos terrenos a sus ocupantes vendiéndoselos en condiciones muy ventajosas. ¡Para que luego se diga que la derecha extrema no tiene sensibilidad "social"!. Sólo que esto es congruente con su posición general, que es la privatización de todo lo público y lo común. Tampoco extrañará que esta sea la opción preferida por las empresas "inmobiliarias" (incluyendo en esa rúbrica la Iglesia Católica, que ya tiene experiencia en eso de "inmatricular" lo que -aparentemente- era de nadie, pues era de todos), pues ello les permitiría "comprar" suelo anteriormente público para sus "promociones". Obviamente, también es la política óptima para los "okupas" de la zona pues no sólo resolvería sus problemas de alojamiento sino que les supondría un incremento en su riqueza.
Pero, sin embargo, es de lo más paradójico que esa opción (la 1a, la privatización ) sea defendida también por muchas gentes de la izquierda, pues uno -de salida- pensaría que aquellos defensores de "lo común", aquellos que de alguna manera se reclaman de la ideología o del sueño comunista, serían los primeros en defender el mantenimiento de las cañadas reales como lo que son, como uno de los escasos bienes comunes que la historia nos ha dejado, como documentó Joaquín Costa. Pues no. Abundan los "progresistas" que, ante el espectáculo de la pobreza aparente en esas zonas, ven con buenos ojos la legalización/privatización "dura" sin tener en consideración los efectos no deseables que tal política "buenista" pueda tener sobre el resto de los escasos bienes comunales que ya van quedando.Es lo que le pasa a la izquierda cuando deja de leer a sus clásicos, y se pasa a los clásicos de la Iglesia, incluido su venerado Papa Francisco, que hacindo suyo el consejo de Fernando VII abandona la funesta manía de pensar.
La alternativa 1a, la de expulsión pura y dura, nadie se atreve a defenderla, si bien es posible encontrarla entre las empresas inmobiliarias de esas zonas que, caso de que no se opte por la opción 2b que les permitiera entrar en ese "mercado", lo que no quieren es que sus cercanas promociones residenciales se vean desvalorizadas por la continuación de estos asentamientos ilegales. Obviamente, mejor, mucho mejor, para ellas es tener al lado una cañada real con elevadísimo valor ecológico que redundaría en mayor valor para sus promociones.
Y, ¿qué ha pasado con la Cañada Real madrileña? Pues eso mismo. En 2011, la Comunidad de Madrid dio el paso previo a la privatización definitiva. Desafectó esos kilómetros de la Cañada Real, y los transfirió a los ayuntamientos implicados, y estos pueden ahora venderlos a sus "okupantes" si estos pueden acreditar que los ocuparon ilegalmente entes de 2011. En la medida que eso no va a ser nada fácil para buena parte de los hoy okupantes que han llegado a esas zonas con posterioridad comprando a anteriores "okupas", la expectativa es que progresivamente se dulcificarán las condiciones de acceso a la "propiedad". Ni qué decir tiene que en esa señalización es valiosísimo el contar con cualquier "prueba" de que se está "okupando" una parcela, lo que explica para los economistas, -siempre tan "mal" pensados-, aunque para no los bondadosos periodistas -siempre tan "bien" pensados- el repetido interés y claro propósito de los actuales okupantes ilegales por pagar legalmente cualquier cosa que muestre que se está allí, por ejemplo, la factura de la luz.
Y, para acabar, lo que nadie parece pensar cuando se "soluciona" de esta manera el problema social que se genera cuando muchos ciudadanos no ven otra opción de alojamiento que el asentamiento en bienes comunales, es el "efecto demostración" que sobre otras personas en semejante situación de penuria tienen las políticas de legalización. Y es que, ¿cómo se va a echar, por ejemplo, a los "okupantes" de una playa cuando no se ha hecho eso con los de una cañada? ¿No sería una discriminación adicional entre los ya discriminados?
