En el mundo profesional, uno de los requisitos básicos es ser responsable. Asumir la responsabilidad por la buena o mala calidad de tu producto es lo mínimo que se le pide a cualquier empresa manufacturera o de servicios. Si por ejemplo, un lote de Head n’ Shoulders (H&S en España) saliera defectuoso y empezara a provocar irritaciones, no cabe en la mente de nadie no responsabilizar a Procter por haber dejado que un producto de mala calidad sea usado por sus consumidores. No sólo eso, es que a la misma Procter no se le ocurriría menos que asumir su responsabilidad en el lote malo, y no sólo tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, sino que además asumiría todas las consecuencias de haber dejado que una cosa así, ocurriera.
Esto que parece tan obvio en el mundo manufacturero, por alguna razón que no logro entender, no se aplica en el mundo de las calificadoras de riesgo. Ellas, luego de habernos calificado basura con “AAA” (por supuesto cobrando por ello) y de ese modo contribuir a uno de los desastres financieros más grandes de la historia, no sólo no se le piden responsabilidades, sino que además siguen funcionando con total normalidad.
La cuestión es la siguiente, las agencias calificadoras están protegidas de cualquier demanda porque ellas sólo dan su opinión sobre el riesgo de un crédito, y dar la opinión de algo está protegido por la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos. Esto es algo que no logro entender del todo, ¿cómo se puede estar protegido por la “libertad de expresión” cuando tu trabajo es precisamente dar tu opinión sobre el riesgo del producto? y además para poder dar esa opinión te tienen que dar una licencia, y estar inscrito en los mecanismos reguladores del país (¿para qué tanto embrollo, si en definitiva es sólo una opinión?). Y no es que tu opinión la des de modo desinteresado, tu opinión la cobras bastante bien.
Pero bueno, poco a poco se empieza a reclamar lo que a toda lógica es un claro ejemplo de malas prácticas y conflictos de intereses. Un ejemplo de ello es el gobierno Australiano, quienes a partir del 1ro de Enero del 2010 va a obligar a las calificadoras de riesgo a que sean responsables jurídicamente de sus calificaciones (repito, es que no entiendo cómo no lo son). Bajo estas condiciones, la calificadora S&P ya ha dicho que se retira del mercado Australiano.
Por otro lado, una sentencia de un caso en donde dos agencias calificadoras se defienden de la demanda de los inversores por calificar con AAA un estructurado de esos que son muy bonitos por fuera pero que al romper el cascarón apestan por dentro, sienta un precedente importante. El caso en cuestión es SIV contra Morgan y dos calificadoras, aunque las calificadoras han sido libradas de 11 acusaciones, hay una de la que no se han podido librar, la de fraude. Y el precedente es debido a que la calificación fue hecha a un producto vendido "sólo a un grupo de inversores específico", y no al mercado en general, en ese caso, el juez ha considerado que no es “de conocimiento público”, y la acusación de fraude se sostiene.
Independientemente del resultado del caso en particular, esto abre la posibilidad a muchos otros inversores que fueron estafados en la compra de sus estructurados a Bancos de Inversión y otros emisores de estructurados. Productos hechos "ad-hoc" para inversores específicos a partir de ahora pueden demandar por el fraude del que fueron objeto.
Seguiremos estos acontecimientos con atención, y esperamos que la “figura” de la calificadora como existe hoy en día desaparezca. No es posible que quién te pone el rating reciba el pago de quien emite el instrumento calificado. Poco a poco deberán asumir su responsabilidad como lo hace cualquier otra empresa.
