Magistrado J.V.
Magistrado rebelde explica cómo el miedo se ha apoderado de la judicatura
"Si un caso tan grave como el Faisán se decidió conforme a criterios políticos se lo digo muy claro, nadie está seguro"
Foto: El magistrado instructor Jesús Villegas. (M. A.)
El magistrado instructor Jesús Villegas. (M. A.)
Al magistrado instructor de Guadalajara, Jesús Villegas (Madrid, 1969), no le tiembla el pulso al afirmar que en España la democracia corre peligro. Los partidos políticos, que “a menudo han degenerado para convertirse en estructuras parásitas más atentas a su propia supervivencia que al bien común”, quieren controlar el único obstáculo que les separa del poder total: el sistema judicial. Y van a lograrlo si la ciudadanía no hace nada para evitarlo.
Desde que en 1985 la clase política se hizo con el control del órgano de gobierno de los jueces, el miedo es el verdadero combustible de la maquinaria judicial. El miedo que todos tendríamos a enfrentarnos a nuestro jefe. El miedo que Villegas reconoce padecer tras publicar 'El poder amordazado' (Península), el libro en el que denuncia la intromisión del poder político en la justicia española, y cuyo contenido adelanta en una entrevista con El Confidencial.
PREGUNTA. En su libro afirma que la justicia española “es un gigantesco ser deforme, un diabólico endriago movido por el temor”. Que un juez diga esto no ofrece mucha confianza…
RESPUESTA. El libro es una llamada de auxilio. Lo que yo quiero es concienciar a los ciudadanos de que la situación actual no es correcta y tenemos que hacer un esfuerzo para mejorarla. Dicho esto tampoco quiero caer en el catastrofismo. Seamos optimistas. Nuestros jueces ahora mismo resuelven con justicia, el problema es que la arquitectura institucional donde se encuentran insertos los jueces es una jaula, no está bien montada, y existe el riesgo de que se politice la justicia, de que no podamos decidir con arreglo a la ley sino conforme a presiones políticas. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo de exponer. Yo soy juez. ¿Quién decide sobre mis permisos o una eventual suspensión de empleo y sueldo? Pues el órgano de gobierno de los jueces que es el Consejo General del Poder Judicial ¿y quién elige ese consejo? Las cámaras parlamentarias y, en última instancia, los partidos políticos.
P. Según usted el problema no es que los políticos, los jueces o los abogados no sean honrados. El problema es que el sistema judicial está mal diseñado pero, si tiramos de hemeroteca, la manipulación del poder ejecutivo sobre el judicial es en ocasiones escandalosa, y es consecuencia de actitudes claramente deshonrosas.
R. Lo grave es que existan instrumentos para que eso se pueda hacer. Yo no denuncio tanto situaciones concretas de manipulación como el hecho de que el poder político tiene las herramientas y el instrumental para hacerlo si quiere. Podemos hacernos otra pregunta ¿lo hacen en la práctica o no lo hacen? Esa es una pregunta muy difícil de responder, pero cuando tenemos investigaciones criminales en asuntos famosos que tocan a los políticos entre la ciudadanía existe la sospecha de que hay presiones.
P. No es solo una sospecha. Hay numerosos jueces que han sido condenados. La prevaricación es un delito muy grave, pero cuya articulación es confusa. ¿Son comparables, por ejemplo, los casos de Baltasar Garzón, Gómez de Liaño, Elpidio Silva, Pascual Estevill o Coro Cillán?
R. Si yo mañana mato a alguien eso se puede determinar muy fácilmente, si yo mañana dicto una resolución injusta a sabiendas, que eso es la prevaricación ¿cómo se puede saber si lo he hecho aposta o no? Cuando nos encontramos ante estas situaciones se trata de problemas muy difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar llegar a la verdad con la mente limpia y sin prejuicios. Se nos tiene que enseñar a los jueces que nuestra labor es la aplicación de la ley y la ideología hay que dejarla a parte. Cuando se quiere politizar el acto sagrado de la justicia estamos poniendo en peligro los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos en definitiva.
El sistema funciona mal porque algunos jueces hacen el juego a la política. Lo digo en el libro y lo repito
P. En su libro explica que son los jueces afiliados a las dos grandes asociaciones, aquellos con una ideología más definida, los que más papeletas tienen de acceder a los puestos cumbre del poder judicial. ¿Existe una suerte de bipartidismo en nuestro sistema judicial?
R. Varias precisiones. Yo no ataco a las asociaciones, de hecho las defiendo y las alabo. Las asociaciones han sido muy valientes y han luchado por nuestros intereses profesionales. Ahora bien, si concebimos las asociaciones como una a la derecha y otra a la izquierda, una el apéndice del PP y otra el del PSOE, eso es indigno. ¿Por qué hay tantísimos jueces en la carrera que no están asociados? Porque no quieren que se les ponga ese etiquetaje político. Yo quiero creer que este etiquetaje es externo, que las asociaciones son ajenas a ese juego, pero al juez de a pie, el que no espera ningún cargo, el meterse en una asociación para que lo etiqueten como juez del PP o juez del PSOE le produce repugnancia.
P. Pero al final muchos jueces entran a este juego. ¿Es ansia de poder?
R. El sistema funcionaría bien si algunos jueces no se prestasen, no colaboraran. El sistema funciona mal porque alguno de ellos hacen el juego a la política. Lo digo en el libro y lo repito.
Jesús Villegas interviene en un debate sobre la politización de la justicia de Guadalajara TV.
P. ¿Cuál cree que es el caso más grave de intromisión política en la función judicial de la historia reciente de España?
R. El caso Faisán. Si se resolvió sólo mediante criterios jurídicos a mi me parece muy bien, pero si en el caso Faisán se condicionaron los ritmos y los tiempos de la investigación criminal a las necesidades de la política, son los derechos humanos de los ciudadanos españoles los que están en juego. Es su libertad, su vida. Si un caso tan grave como ese se decidió conforme a criterios políticos se lo digo muy claro, nadie está seguro.
P. ¿Qué mecanismos se pueden articular para que esto no ocurra?
R. Soluciones mágicas no hay ninguna, pero podemos intentar mejorar nuestro sistema, hacer ajustes allí donde lo necesite. En primer lugar el gobierno del poder judicial no puede estar enteramente en manos de los políticos. Antes había un sistema mixto, parte lo elegían los jueces, parte lo elegían el parlamento. No era perfecto, pero al menos había un cierto equilibrio. Desde el momento que la política se lo traga todo, estamos desequilibrados. En la investigación criminal necesitamos jueces con medios materiales y que actúen independientemente. Si el día de mañana le dan la investigación criminal a una fiscalía que directa o indirectamente dependa del poder judicial se acabó. El objetivo ya no será la búsqueda de la verdad, sino el cumplimiento de la política criminal del Gobierno.
La clase política lo tiene bien claro: los jueces no deben investigar
P. A día de hoy ya ocurre eso en parte. ¿En qué medida se desvían recursos del sistema para investigar asuntos sobre los que no hay ninguna prueba solida, para luego contárselo a los periodistas y que expliquen que alguien que no gusta al poder de turno ha hecho algo que en realidad no ha hecho?
R. Si eso lo hace algún juez o fiscal está prevaricando. Punto. No se puede utilizar la instrucción como arma política, la instrucción es la derivación de la verdad, es la garantía de los derechos de los ciudadanos. El que lo haga prevarica. Yo mañana me levanto, voy a juzgado y no investigo lo que a mi me gusta, investigo las denuncias que me llegan, las querellas, la investigación que hace la policía en sus atestados… El problema no es tanto el sistema, que está bien diseñado en teoría, como su aplicación práctica. Si nuestras leyes se cumplen no debe haber desvíos de recursos más para un caso que para otro, debe investigarse todo por igual.
P. No sé si ha visto 'Making a Murderer', un documental reciente en el que se cuenta el caso de un estadounidense que, aparentemente, ha sido condenado por una violación y un homicidio que no cometió (o, en versión española, la historia que cuenta 'Ciutat Mortat'). Cuando dice que “no cuesta demasiado esfuerzo manipular el complicado lenguaje legal para justificar cualquier cosa”, no puedo dejar de pensar que en España también puede haber inocentes condenados por delitos graves.
R. Calma. Afortunadamente nuestro sistema de investigación criminal es mucho mejor que el de los Estados Unidos. Fíjese, EEUU habrá llegado a la luna, tendrán tratamientos avanzados en la lucha contra el cáncer, tendrán unos sistemas informáticos extraordinarios… Pero en Derecho no tenemos nada que envidiar, nuestro sistema es mucho más garantista. En EEUU la investigación criminal la hace fundamentalmente la policía dirigida por una fiscalía enteramente politizada y los tribunales tienen poco trabajo porque la inmensa mayoría de los casos se resuelven en comisaría con confesiones que la policía saca en dependencias policiales. Ahora está habiendo un movimiento en EEUU gracias al cual se están revisando condenas que en su momento se basaron en testificales y ahora las pueden con pruebas de ADN y se está descubriendo que el nivel de error judicial es altísimo.
Trailer de 'Making a Murderer'.
P. ¿Podríamos temer que en el sistema español llegara a ocurrir una intromisión política en la fiscalía de ese nivel?
R. El sistema español sobre el papel no está politizado, no lo politicemos. Fíjese, si mañana en vez de investigar un juez independiente el delito lo hace un fiscal que directa o indirectamente dependa del poder político estaremos aproximándonos mucho al sistema estadounidense.
P. ¿Hasta que punto están llegando las presiones del poder político para adoptar un modelo “a la americana”, para inclinar el poder judicial hacia su lado?
R. Eso es espantoso. Hay una suerte de consenso respecto a que no deben seguir investigando los jueces y deben investigar los fiscales. Parece como que todos estuviéramos de acuerdo con eso. Es que a los políticos les interesa. Claro que sí. Es que si yo mañana puedo quitarle el caso a un fiscal incómodo y dárselo a otro que es de mi cuerda, perfecto. La clase política lo tiene bien claro: los jueces no deben investigar.
Cuando habla el representante de tal o cual asociación judicial habla en nombre de sus afiliados, pero no en nombre de toda la carrera
P. Y, dentro de la judicatura, ¿existe una verdadera oposición hacia esta tendencia?
R. El problema es que los jueces estamos amordazados. Nadie sabe lo que piensan los jueces españoles. Somos 5.000. Usted habla conmigo y sabe lo que pienso yo, pero ¿sabe cuál es la opinión mayoritaria de la judicatura española en este punto o cualquier otro? No ¿Por qué? Porque no tenemos una voz única. Cuando habla el CGPJ algunos periodistas piensan que están hablando los jueces. No, están hablando unos señores que han colocado ahí los políticos. Cuando habla el representante de tal o cual asociación judicial habla en nombre de sus afiliados, pero no en nombre de toda la carrera. Dentro de un movimiento judicial independiente, en el que me incluyo, venimos luchando por que se consagre el principio un juez un voto. Que haya un espacio donde todos los jueces mediante el sistema sencillo de la democracia podamos decir lo que pensamos sobre una determinada materia y que no salgan diciendo que los jueces estamos a favor de que investiguen los fiscales porque eso no lo saben. Nuestra voz la han secuestrado.
P. En qué medida, como es el CGPJ el que abre un expediente disciplinario a un juez, delitos como el de prevaricación pueden ser utilizados políticamente para quitarse de en medio a jueces poco complacientes con el Gobierno de turno.
R. Yo estaría mucho más tranquilo si el CGPJ a la hora de decidir en una cuestión disciplinaria estuviera compuesto por miembros que no hubieran sido elegidos por el poder político. Pero los elija quien los elija, siempre existe el riesgo del que habla, que se dicte en el ámbito del expediente administrativo una resolución que sea injusta. Pues bien, debe usted saber que las resoluciones que se imponen en el ámbito administrativo son siempre revisables ante la jurisdicción. El CGPJ no tiene la última palabra, si se le impone al juez una sanción que creemos que es injusta, por un motivo o por otro, siempre se puede ir a un tribunal de lo contencioso-administrativo que revisará la resolución adoptada por la autoridad administrativa, en este caso la del Consejo.
Villegas cree que la ciudadanía debe rescatar a los jueces, para que no estén en manos de los políticos. (M. A.)
Villegas cree que la ciudadanía debe rescatar a los jueces, para que no estén en manos de los políticos. (M. A.)
P. ¿Cree que resoluciones como las de Garzón o Elpidio Silva son justas?
R. En realidad no lo sé. Pero doy mi opinión. Con respecto a Garzón, mire, es una persona que todos hemos admirado muchísimo porque fue tremendamente valiente. Cuando yo opositaba era un ejemplo. Pero intervenir las conversaciones de un detenido con su abogado no se puede hacer más que en caso excepcionalísimos, y nunca se puede hacer por un impreso. El juez no decide porque Dios lo haya investido de una especial autoridad, el juez no hace un acto de poder, hace un acto de derecho, de razón, y tiene que convencer con argumentos.
Cuando te metes en un caso complicado te miran con lupa y el más mínimo error lo pueden usar en tu contra. Pero mira, así es la vida
Con respecto a Elpidio. El caso es tremendo. Los argumentos jurídicos por los que le condenaron son difíciles y hay que estudiarlos y, obviamente, siempre pueden ser defendidos. Pero, como pongo en el libro, se dice que Elpidio se reunía a solas con una de las partes para diseñar la investigación. Si eso es cierto eso no se puede hacer. Si mañana a usted lo denuncian por una violación, por un delito de pederastia, y yo investigo su caso ¿le gustaría que yo me reuniera con la madre de la niña? Hay ciertas líneas que no se pueden cruzar. Si cruzamos esas líneas todo está en peligro.
P. Garzón o Elpidio pueden haberlo hecho mal, pero parece evidente que les estaban buscando las cosquillas porque eran molestos. Lo que me preocupa es que todos los jueces estén haciendo cosas similares, pero nadie es sancionado hasta que no le interese al Gobierno de turno.
R. El juez Ruz es un hombre absolutamente impecable. ¿Usted cree que si hubiera tenido el más mínimo desliz no le habrían quitado de en medio? Era un juez impoluto. Nadie puede decirle la más mínima cosa. ¿Qué ocurre? Que cuando te metes en un caso complicado te miran con lupa y el más mínimo error lo pueden usar en tu contra. Pero mira, así es la vida.
P. En otros casos, sin embargo, cree que se ha sancionado a jueces de forma injusta. Es el caso, según usted, del juez Rafael Tirado, que pagó el pato del despropósito que fue el caso Mari Luz.
R. Ante todo hay que decir que eso fue una tragedia, una desgracia. Es tan horrible que no hay palabras para expresarlo. Pero dicho esto lo que no se puede hacer es coger un chivo expiatorio y coger al juez Tirado porque la opinión pública reclama una cabeza y servirle en bandeja la cabeza del juez y la de la secretaria. Eso no es justicia, y no lo digo yo, lo dicen catedráticos como Alejandro Nieto o Antonio García-Noriega, que aseguran que con el juez Tirado se cometió una injusticia. A mi me parece, y lo digo con todo el respeto, que ese hombre no era culpable de aquello a lo que se le condenó. Dicho esto ¿qué vamos a hacer para que el día de mañana no vuelvan a pasar estas cosas? Ya de hecho se están poniendo mecanismos, se intenta agilizar la informatización de los juzgados, que estén las BBDD conectados, que haya más recursos… En definitiva es una cuestión de medios. Fíjese, el caso de esta niña, tan espantoso, fue el resultado de unas leyes que protegen mucho al delincuente, lo que está muy bien, pero que si no se aplican a tiempo lo que generan es impunidad o que se cometan nuevos delitos.
Si las leyes se cambian para amordazar a los jueces y politizar la investigación es posible que en breve nos veamos como en el Tercer Mundo
P. ¿Cree que es posible lograr una verdadera separación de poderes?
R. Es posible, pero hay que quererlo. Todos hablamos de la separación de poderes pero ¿por qué lo decimos? ¿Porque somos muy buenas personas? No es por eso, es una cuestión práctica, que debe tomarse casi por egoísmo. A la clase política le interesa que haya una justicia independiente porque tendrán un espacio neutral donde dirimir sus conflictos. Y me explico. Si yo hoy estoy en el Gobierno y tengo el poder de colocar a jueces afines en puestos claves eso me vendrá estupendamente mientras yo esté mandando, pero si paso a la oposición entonces giran las tornas y me veo en la situación opuesta a la que quería. ¿Qué ha ocurrido en nuestra clase política? Que ha primado el cortoplacismo. Se ha creído que controlando a la justicia se obtenía un beneficio y se obtiene a corto plazo, pero a la larga una justicia que no sea independiente es un peligro, no sólo para los ciudadanos, sino para la clase política. A la clase política le interesa una justicia independiente aunque sea solo por egoísmo.
P. Creo que los ciudadanos tienen un sentimiento agridulce respecto a la justicia española. Por un lado, hemos visto como desfilaban por los tribunales políticos de todo signo, incluso la Casa Real, y se destapaban enormes casos de corrupción, que manchaban a los partidos gobernantes, pero tenemos la sensación de que, a largo plazo, todo sigue igual, que nadie toma responsabilidades, así que desconfiamos de nuevo en el sistema judicial.
R. Seamos optimistas. Está saliendo a la luz. Está aflorando. No sé si al final serán condenados o absueltos, pero para un señor que dice que cobra su carrera política está arruinada. Vaya usted a México, al África subsahariana, no sale nada en la prensa porque no se sabe. La dificultad no es que el sistema no funcione, sino que no funciona todo lo bien que exigimos una ciudadanía democrática madura. Yo soy muy optimista, pero si mantenemos nuestro sistema jurídico actual, si las leyes se cambian para amordazar a los jueces, para profundizar en la falta de independencia y politizar la investigación criminal es posible que en breve nos veamos como en el Tercer Mundo.