La crisis económica y la sospechosa colaboración de Jueces y Gobierno

Los Tribunales --y no solo el Tribunal Constitucional-- se ganan muchas veces a pulso la desconfianza de los administrados, que ven denegados sus derechos, pese a las argumentaciones jurídicas que pretenden justificar lo injustificable.
Me comenta un funcionario que desde hace más de dos años mantenia un litigio contencioso-administrativo con un Órgano de la Administración Central. Concretamente la provisión de un puesto de trabajo tras una incapacitación de varios años. Los informes médicos del örgano administrativo denegaban el reingreso, en tanto los forenses del Juzgado de lo Contencioso le eran favorables al reingreso.
Por lo general, y teniendo en cuenta la prevalencia de los forenses, los fallos han sido siempre favorables al interesado y contrarios a la Administración. Sin embargo, desde hace varios meses, los fallos son generalmente denegatorios y los razonamientos jurídicos que justifican tal denegación carecen de sustentación consistente y convincente.
Conclusión, que los funcionarios no solo no son readmitidos en sus puestos de trabajo sino que, además, se les deniega el percibo de los emolumentos inherentes a la supuesta situación de actividad profesional durante el tiempo que han estado privados de ella.
Y todo ello, para colmo, sin posibilidad de recurso alguno, vulnerándose los derechos más elementales del trabajador y afectando gravemente a su situación económica.
Y yo pienso, ¿será que la crisis pone en connivencia los distintos organismos de la Administración para evitar efectuar pagos en situación tan crítica?.
Yo, desde hace meses, se lo venía advirtiendo: "no mantengas excesiva confianza, la Administración no está dispuesta a soltar dinero en tiempos de crisis; ya se encargará el Abogado del Estado de llevarte la contraria"