Griegos acusan a líderes de la zona del euro y al FMI de genocidio económico y social
24 de julio de 2012 — Un grupo de ciudadanos griegos acudió al Tribunal Penal Internacional para presentar cargos contra los líderes de la Zona del euro y los acreedores del Fondo Monetario Internacional (FMI) por genocidio económico y social. La demanda está patrocinada por un grupo de personalidades griegas, entre ellas el editor y periodista popular de radio y televisión George Trangas, el ex parlamentario del partido Nueva Democracia, Dimitrios Konstantaras, y los periodistas Panagiotis Tzenos y Antonios Prekas.
La demanda formal nombra a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, a la canciller alemana Angela Merkel, al ministro de Finanzas de Alemania Wolfgang Schaube y al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.
Según un informe del blog griego, Hellas Frappe, en la denuncia se acusa a la elite financiera dominante de haber convertido a Grecia en el "conejillo de indias" para imponer programas brutales, imponer disciplina fiscal a Europa, lo que ha creado una crisis humanitaria que ahora pone en peligro la existencia de Grecia como nación.
La demanda acusa a los estados miembros de la zona del euro, que en cooperación con la Comisión Europea y el FMI, han estado dedicados sistemáticamente a imponerle términos onerosos a los ciudadanos griegos, lo que contraviene la constitución de la nación y la legalidad internacional. Los acusados lograron esto aplicando una estrategia de terror y chantaje, amenazando con obligar a Grecia a salirse de la Unión Europea y la zona del euro. Los denunciantes acusan que mediante declaraciones coordinadas de las altas esferas griegas y funcionarios europeos, en cooperación con grandes grupos informativos internacionales, se ha satanizado, calumniado y hasta presentado como responsables del desplome económico global al país y a sus ciudadanos, usando métodos que nos recuerdan las calumnias contra los judíos durante la II Guerra Mundial.
Presentaron el caso de que Grecia ha sido víctima de un plan de genocidio social y económico que utiliza métodos que violan la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU. Su demanda afirma: "Los objetivos de dicho plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, cultura, lengua, sentimientos nacionales, religión y la existencia económica de grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad, libertad, salud, y dignidad personal y hasta las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos".