El lento declinar de la economía catalana

Imagen: Reuters. 

6/02/2021 - 10:38

La economía de Cataluña ha entrado en un claro declive como consecuencia del proceso independentista que ha enfrentado a la sociedad catalana y la ha dividido por la mitad. Todos los datos indican que desde la Gran Recesión de 2009 la situación no va bien. Desde el referéndum ilegal para la secesión del 1 de octubre de 2017 cerca de 6.000 empresas han trasladado su sede a otros territorios, fundamentalmente en Madrid, que le ha tomado el relevo como motor económico de España.

El temor de las élites es que a Barcelona le pase lo mismo que a Quebec y el independentismo le cueste empresas, bancos y población. No hay que olvidar que tras el referéndum de 1980 su PIB creció menos que la media de Canadá y que Toronto le ha tomado el relevo a Montreal como capital económica. 

Esto es lo que le está sucediendo a Barcelona respecto a Madrid desde hace más de tres años. Es un lento declinar que aún no ha llegado al grueso de la población. El deterioro de la seguridad jurídica, la amenaza de una nueva declaración unilateral de independencia, la ineficacia de la gestión de la Generalitat, la politización de los ayuntamientos y el conflicto social permanente han provocado el hundimiento de la inversión extranjera. En el trienio 2016-2018 solo creció un 64% mientras que Madrid lo superaba cuatro veces, el 259%. Si las grandes empresas y bancos como CaixaBank y Sabadell se van, los extranjeros no van a querer venir. 

Gravísimo error 

Sin embargo, sería un gravísimo error creer que la economía catalana se ha desplomado o que el tejido empresarial ha dado la espalda al independentismo. Nada tan lejos de la realidad. La pequeña y mediana empresa, que forma una tupida red, sigue siendo nacionalista. Lo mismo sucede con la población, aunque son mayoría quienes quieren continuar dentro de España, a la hora de votar los partidos independentistas ganan.

Como indica un observador neutral como el corresponsal de The New York Times, Rafael Minder, los datos no indican que exista un declive claro de la economía catalana o que los empresarios hayan dado masivamente la espalda al procés. En su opinión, sí se aprecia un fuerte cansancio en la sociedad catalana ante el enfrentamiento y de no corregirse acabará desembocando en una fuerte frustración y por lo tanto en un declive similar al que se ha producido en Canadá.

Esto es lo que está realmente en juego en las elecciones a la Generalitat el 14 de febrero. Todos los partidos que concurren, tanto soberanistas como constitucionalistas aseguran que ahora lo prioritario es terminar con la pandemia y reconstruir Cataluña. Sin embargo, la realidad es que en todos los debates electorales ha predominado la independencia por encima de la economía o de la situación de las empresas.

Como argumenta en privado un dirigente de ERC, "tras las elecciones todo va a seguir igual. Los independentistas volveremos a gobernar porque seguiremos siendo mayoría y seguiremos exigiendo la amnistía y la celebración de un segundo referéndum". Añade que la situación económica no será muy distinta a la evolución de la economía estatal. "Es cierto que se han ido las grandes empresas, pero lo han hecho por presiones del Estado según nos cuentan a nosotros. Pero es una fuga más aparente que real. Se han llevado algunos despachos, pero las fábricas y los negocios siguen aquí". 

La misma opinión la comparten los dirigentes de JxCat, quienes aseguran que hasta que los presos no salgan a la calle y los exiliados con Puigdemont a la cabeza no regresen, no será posible ninguna solución. Salida que pasa por celebrar un referéndum, si es posible pactado con el Estado. "Lo que está claro es que a Cataluña no le conviene seguir en España porque es un freno a nuestro desarrollo", puntualiza el dirigente de Ezquerra. 

No piensan así la mayor parte de los empresarios catalanes que han preferido cambiar la sede social hasta que las cosas se aclaren. Aunque no lo dicen en público por miedo a represalias por parte de la Generalitat, afirman en privado que la economía catalana atraviesa un momento muy delicado tras la Gran Recesión y la pandemia. 

Cataluña está siendo más castigada que Madrid porque su dependencia del turismo es mayor. No hay que olvidar que es el primer destino turístico de España y del turismo de negocios que prácticamente ha desaparecido. También se ha visto golpeada por el freno en la venta de automóviles, la menor actividad en el puerto de Barcelona como consecuencia de la disminución del comercio exterior y un largo etc. 

Todo ello sumado a mayores impuestos puede explicar el frenazo de las inversiones y que la Comunidad de Madrid haya dado el sorpasso a Cataluña. El PIB catalán apenas llega al 19% del conjunto nacional, mientras que el madrileño es ya el primer motor de la economía con una aportación del 19,3%. En una tendencia que se mantiene constante en los últimos tres años aunque se ha agudizado en el primer año de la pandemia. En 2019 el crecimiento del PIB en Madrid fue del 2,5% frente al 1,8% de Cataluña. Según el gabinete de estudios de BBVA Research, se han dejado de crear 30.000 empleos como consecuencia del proceso independentista.

Esto se refleja en una cifra muy significativa, el PIB por habitante de Madrid se sitúa en 35.876 euros frente a los 31.111 euros de Cataluña. No obstante sigue muy por encima de la media nacional situado en 23.640 euros. Sigue siendo una de las regiones más ricas de Europa, y la cuarta de España lo que no evita que sigan diciendo aquello de "España nos roba" y mantengan que aportan a la caja común 16.000 millones anuales más de lo que reciben. 

Este deterioro político y económico se refleja en la deuda de la comunidad catalana, que se sitúa en 79.054 millones (33,4% de su PIB), más de la mitad que la madrileña que contabiliza 33.469 millones (14%). Con la mala gestión realizada por Quim Torra y después por Pere Aragonés el déficit público catalán se elevó a -1.457 millones, tres veces superior al de Madrid situado en -579. Este déficit y deuda se han disparado en 2020 como consecuencia de la pandemia, lo que explica el deterioro que han sufrido sus cuentas públicas y sus dificultades de financiación en los mercados por su cuenta, que les obliga a recurrir al Estado.