La Seguridad Social aumentó en 2020 su deuda con el Estado en 30.330 millones

A finales del pasado mes de Marzo, la titular del Ministerio de Hacienda dio a conocer que el déficit de la Administraciones Públicas (AAPP) del ejercicio 2020 se situó en la escalofriante cifra de 123.072 millones. 

Si tomamos como punto de partida el déficit de las AAPP del año 2019 (35.637 millones), tenemos que para llegar al resultado del año pasado debemos considerar la disminución habida en los ingresos (24.487 millones) y el incremento ocurrido en los gastos (62.948 millones).

Sobre la partida relativa a los gastos hay dos comentarios reseñables. El primero va referido al registro extraordinario de un empleo por 9.891 millones correspondientes al patrimonio negativo determinado a final del año 2020 para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). El segundo es que 44.907 millones corresponderían directamente a gastos provocados por la pandemia de Covid-19, según la apreciación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogida en el Informe Trimestral de las AAPP relativo al 4º Trimestre de 2020.

Siguiendo los datos del “avance de ejecución presupuestaria” facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sistema de la Seguridad Social tuvo un déficit en el ejercicio pasado de 14.980 millones (resumen en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2021/04/12/deficit-del-sistema-de-la-seguridad-social-en-2020/).

Los gastos aumentaron en 17.213 millones de los que, en relación con la pandemia de Covid-19, pueden destacarse 3.837 millones por la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y 2.112 millones por la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores infectados y los sometidos a cuarentena por prevención.

También ha ejercido un notable impacto el gasto por las bonificaciones y exoneraciones en las cuotas sociales que han supuesto 6.985 millones cuando en el ejercicio 2019 sólo se contabilizaron 178 millones.

Desde el año 2017, incluido, el Estado viene concediendo préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social para que pueda hacer frente a las obligaciones de carácter contributivo. Esta vía de financiación ha sido utilizada como alternativa al Fondo de Reserva que, aunque llegó a contar con cerca de 67.000 millones, a día de hoy, está prácticamente liquidado.

La financiación mediante préstamos del Estado fue criticada por el Tribunal de Cuentas quien, en su “Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la seguridad social y su situación a 31 de diciembre de 2018”, la consideró carente de racionalidad económico-financiera porque con recursos a largo plazo se están atendiendo gastos surgidos de operaciones de gestión ordinaria.

Para el Tribunal de Cuentas estos fondos no resuelven el problema estructural de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y lo adecuado sería que la financiación se hiciese mediante transferencias corrientes.

En el año 2020, pese a que el Estado ha realizado transferencias para equilibrar las cuentas del Sistema de la Seguridad Social por 22.003 millones, la deuda por préstamos de aquél se ha incrementado en 30.330 millones, hasta alcanzar un monto de 85.351 millones.

Por último, hay que hacer constar que la Disp. adicional quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 mantiene la línea desaconsejada por el Tribunal de Cuentas y vuelve a prever la concesión de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Posiblemente sólo sea producto de mi retorcida mente, pero tengo la impresión de que la práctica de cargar con préstamos a la Seguridad Social, que el actual Gobierno está siguiendo si cabe con más ahínco que los gobiernos de Rajoy, a mi entender, tiene como finalidad de dejar claro al ciudadano de a pie que el sistema público de pensiones es inviable y requiere de profundas reformas o, dicho en román paladino, de "recortes".