Los inspectores, en pie de guerra por la labor del Banco de España en la crisis

Los inspectores, en pie de guerra por la labor del Banco de España en la crisis

Si el gobernador del Banco de España se mostró hace unas semanas "escandalizado" por la CAM, los inspectores lo están con la labor del supervisor a lo largo de toda esta crisis y particularmente durante el proceso de reestructuración del sector financiero. Hace unos días, el creciente malestar con la cúpula del Banco de España y, sobretodo, la preocupación por la pérdida de prestigio de la institución y del cuerpo técnico, fueron expuestas por representantes de los inspectores en una reunión en la que estuvieron presentes, por parte del Banco de España, el director general de supervisión, Jerónimo Martínez Tello, y el director del departamento de inspección de las cajas de ahorros, Pedro González. Los argumentos que se expusieron hablan de la perplejidad que reina entre este colectivo que ve, por un lado, cómo la conclusión de sus inspecciones son modificadas y suavizadas por sus superiores, según aseguran fuentes cercanas al colectivo, y por otro, cómo el Banco de España se desvincula después de estas actuaciones, cuando los 'agujeros' en las cuentas se hacen evidentes, provocando con esa pasividad que se ponga en duda la labor técnica de los inspectores y erosionando con ello también la imagen del Banco de España. Más críticas Las críticas por su apatía no se limitan a este aspecto. Según el comunicado difundida tras la reunión entre sus representados, los inspectores también califican de "llamativo" que sólo se hayan tomado medidas disciplinarias contra los administradores de las cajas intervenidas "a pesar del grave deterioro de la solvencia de otras entidades, que han tenido que ser nacionalizadas con ayudas millonarias del FROB, sin que aparentemente se hayan encontrado infracciones a la ley de Disciplina". Respecto a las indemnizaciones millonarias a directivos de cajas que han recibido ayudas o han sido intervenidas, la asociación también muestra su preocupación y aboga por que el Banco de España busque fórmulas para evitarlas. "No es una cuestión de solvencia, pero sí de sensibilidad social". El gobernador, en su última rueda de prensa, admitió que se sentía "escandalizado" por las indemnizaciones y planes de pensiones de la CAM, pero que el Banco de España "se tiene que ajustar a Derecho" y sólo le competen los asuntos relacionados con la solvencia de las entidades que supervisa y no de la política de retribuciones. El comunicado de la asociación también lamenta que no sólo los informes de los inspectores carecen de eficacia jurídica, sino que incluso se "llegue a negar su existencia", pero que a pesar de ello deben de seguir actuando de forma profesional. El demoledor comunicado concluye con unas recomendaciones para evitar que se pueda cuestionar su labor y que supone toda una línea de resistencia que anticipa un otoño muy caliente en el seno del Banco de España. Como colectivo, afirman, se debe seguir reclamando, "a pesar de la actual dirección del Banco de España" un marco jurídico de su función y del acceso a la profesión. Los inspectores llevan tiempo clamando por una reforma de la supervisión que incluya una adecuada regulación de la inspección. Además, han llegado a promover hace unos meses una demanda sobre conflicto colectivo en la sala de lo social de la Audiencia Nacional por la convocatoria de una plaza con unas criterios de selección que, según la asociación, daba "carta blanca para contratar a quién decida en el momento que quiera", saltándose el Banco de España su propia normativa. Pero las recomendaciones más contundentes van dirigidas a cada inspector en su actividad individual, donde aconsejan que se deje constancia en sus informes de los trabajos desarrollados y de las áreas revisadas así como de los aspectos que "estimamos sería conveniente realizar". Los inspectores se encuentran limitados por el mandato del Banco de España y no pueden analizar aquello para lo que no han sido autorizados, por lo que no infrecuente, según afirman fuentes cercanas a la asociación, que queden fuera de su supervisión algunas actividades de las entidades. Además, afirman que también deben dejar constancia de todo lo que puede suponer un incumplimiento de la normativa, especialmente en aquellos casos en los que se observe que "un grupo viene publicitando balances y cuentas de resultados que no incluyen las reclasificaciones y ajustes que hemos estimado y transmitido, pero cuya contabilización se viene demorando". Por último, cuando sus conclusiones no coincidan con las que extrae la jefatura, "corresponderá al superior jerárquico dejar expresa constancia de los motivos de dicha discrepancia en relaciones a las conclusiones de nuestros informes o notas". Aunque las tensiones entre el cuerpo técnico y la cúpula del Banco de España no son nuevas, es ahora cuando se han recrudecido con especial intensidad. El colectivo se encuentra muy desencantado por las críticas a la capacidad de supervisión del Banco de España, por no detectar 'agujeros' en entidades financieras que meses más tarde se hicieron evidentes. El caso más reciente es el de la CAM, que de presentar unos beneficios en un trimestre de unos 40 millones de euros, pasó a registrar al siguiente unas pérdidas de 1.100 millones. Nada se dice, sin embargo, de todos los informes previos con advertencias que no fueron atendidas, según afirman las mismas fuentes El resumen de la guerra interna se encuentra en el último párrafo del comunicado: "No se puede confundir nuestra labor profesional con el resultado de las decisiones políticas de gestión de la crisis que se adoptan por los órganos ejecutivos de nuestra institución".

O sea, que las inspecciones nacen capadas de origen, pues se obliga a los inspectores a limitarse a una parte del banco o caja, no a la totalidad. Luego se permite que al publicar las cuentas se salten o demoren largamente las modificaciones impuestas por la inspección. Para finalizar, los informes publicados por el BdE tienen poco que ver con los informes emitidos por los inspectores, y son los politicos los que deciden la información finalmente publicada.