La conclusión: en Bankia primó el “favor político”
Favor político frente a rendimiento económico de sus accionistas. Esta es la conclusión a la que ha llegado el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra los gestores de la entidad. El instructor imputó ayer al expresidente de la entidad y exministro de Economía, Rodrigo Rato, y a 32 consejeros, entre ellos el exministro popular Ángel Acebes; el dirigente del PP y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, por cuatro delitos castigados con hasta 15 años de prisión.
El mayor escándalo financiero de nuestro país le ha costado al Estado la friolera de 23.465 millones de euros (más que todo el presupuesto de infraestructuras), casi 500 euros por ciudadano, y ha dejado en evidencia los vínculos existentes entre el poder político y la gestión de las cajas de ahorro, sus inversiones y las remuneraciones y blindajes que se auto conceden los miembros de sus consejos de administración. Un escándalo que el Gobierno y el PP se han negado a investigar en el Congreso, donde incluso vetaron la comparecencia de los principales responsables de la entidad. Todos ellos tendrán que pasar ahora por el juzgado para responder de graves acusaciones.
El auto del juez recoge hasta cuatro delitos en los que podrían haber incurrido los querellados. El magistrado sostiene que los imputados pueden haber cometido un delito de falsedad de las cuentas anuales y de los balances de la entidad, que en unos días pasó de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros. Los consejeros de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas para dar la impresión de que la situación patrimonial era mejor de la realmente existente y ganarse así la confianza de los inversores en su salida a bolsa el 20 de julio de 2011. Un delito castigado con pena de prisión de uno a tres años.
Rodrigo Rato dijo aquel día en su discurso en el parqué de la Bolsa que Bankia era “una decisión estratégica porque hace más fuerte a nuestra entidad y consolida su papel de liderazgo en la banca universal española”. Si aquel día sus títulos se estrenaron a 3,75 euros, el pasado 8 de junio lo hicieron a 1,03 euros. Esto significa que los 1.000 euros de inversión mínima exigida hace ahora un año hoy solo valen 275 euros.
Los imputados son acusados también de un delito de administración desleal o fraudulenta por haber utilizado los recursos de la entidad para hacer favores políticos (concesión de créditos a bajo coste, por ejemplo) aún a sabiendas que se trataba de operaciones de escasa o nula rentabilidad para los accionistas. Una conducta que el Código penal castiga con penas de seis meses a cuatro años de reclusión.
El tercer delito que el juez imputa a los consejeros es el de maquinación para alterar el precio de las cosas, castigado con entre seis meses y dos años de reclusión. Según el auto, los responsables de Bankia elaboraron y difundieron documentación, tanto contable como meramente informativa, que trasladaba la imagen irreal de un banco solvente con el objetivo de salir a bolsa, obtener financiación en el mercado y mantener a toda costa la cotización de la acción y los ratios de solvencia. Para ello “no dudaron en manipular la información existente y, por ende, al propio mercado, alterando el correcto funcionamiento del sistema económico”.
La quiebra de la entidad no impidió que los consejeros se auto concedieran blindajes y prejubilaciones multimillonarias, que podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, penados con entre 1 y 6 años de reclusión. “Se denuncia –dice el magistrado Andreu en el auto de admisión- la grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad”.
Via elconfidencial.com
