Mariano,registrador de la propiedad

y parece que también de las judiciales.

Naturalmente. El antiguo nombre del ministerio de Justicia era de Gracia y Justicia: gracia para los amigos, justicia para los demás.

ese nombre me suena algo raro, pensaba que era de Esperanza, Gracia y Justicia.

Another brick in the wall: Los registradores tramitarán 400.000 expedientes de nacionalidad para acabar con el atasco Parece que el Faraón se reconoce incompetente para resolver el problema y lo pasa a los registradores ¿les da una carga o les hace un favor? Y los registradores, muy amablemente, se prestan a ello. Me ha llamado la atención el comentario:

La información no es correcta. En realidad los expedientes no los tramitarán los registradores gratuitamente sino sus empleados (gratuitamente). Empleados que en muchos casos no llegan ni al SMI y en registros en los que se están practicando EREs, los registradores se ofrecen voluntariamente para realizar tareas gratuitas sin contraprestación alguna para ellos y, lo mas importante, tampoco para sus subordinados. Así me ofrezco yo a hacer lo que sea. Ni cobro por ello ni pago por que otros lo hagan por mí. Cojonuda política

Obra teatral en tres actos: 1.- Se infradota un servicio y se produce un atasco 2.- Los registradores se ofrecen amablemente a resolver el problema. 3.- Se crea un arancel que cobrarán los registradores por realizar el servicio. Automáticamente, el valor actual de un registro publico habrá aumentado. ¿Es esto un proceso de privatización o me lo parece a mi? y de algo tan propio del Estado como los expedientes de nacionalidad. ¿te imaginas a los bancos externalizando las sucursales bancarias?

Gallardón privatizará la tramitación de los expedientes de nacionalidad, que pasarán a ser gestionados por los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Lo de Gallardón y en general, el PP, no tiene parangón alguno en cuanto a la privatización de servicios públicos, lo que conlleva inevitablemente mayor gasto para el ciudadano. El PP ha decidido que para recortar el déficit público hay que reducir drásticamente los servicios que se prestan con cargo del erario público; luego, como se prestan menos servicios, hacen falta menos funcionarios, y así cuadran las cuentas. Al final el ciudadano, al que por supuesto no le van a bajar sus impuestos porque las cuentas tienen que cuadrar, va a pagar dos veces por el mismo servicio, una a través de sus impuestos y otra a la empresa privada que le va a prestar el servicio antes público. Eso sí, el número de gente colocada por el PP en el Gobierno de la nación y en Gobierno de Aragón para gestionar los pocos servicios públicos que van a quedar, muchos de ellos sin otro conocimiento o currículo que su vinculación a dicho partido, o al PAR, sigue aumentando. Ahora llega el turno de los expedientes para la obtención de la nacionalidad española. Gallardón (qué lince este hombre, qué visión de la jugada ¡!!) se ha dado cuenta del tremendo retraso que lleva su Ministerio en la resolución de los expedientes de nacionalidad, sobre todo desde que él ha llegado al Ministerio, y ha decidido desbloquarlo. Porque hasta el mes de noviembre los expedientes se resolvían en dos años, pero desde hace 4 meses apenas llegan a los Registros Civiles los expedientes resueltos por el Ministerio, debido al parecer a que se ha pulido al personal que resolvía estos expedientes por las tardes. Y en vez de averiguar qué ha pasado en estos últimos cuatro meses, o de explorar las posibilidades que le daba la nueva Ley de Registro Civil (que prevé la tramitación de los expedientes por las Subdelegaciones del Gobierno), o de delegar la resolución de los expedientes en las Gerencias Territoriales que el Ministerio de Justicia tiene por toda España absolutamente mal empleadas, o de reforzar los registros civiles que acumulen más retraso en la tramitación de los expedientes, el lince Gallardón ha decidido que los funcionarios públicos que llevamos 130 años gestionando los expedientes de nacionalidad española somos unos torpes y que esto se va a hacer mucho mejor si se gestiona desde los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, mezclando churras con merinas, inscripciones de pisos e hipotecas, de sociedades y de venta de coches a plazos con informes de la Policía sobre buena conducta o tiempo de residencia en España. Según el diario El Pais, los responsables de Justicia subrayan que no puede hablarse de “privatización” del servicio de concesión de nacionalidad porque los registradores de la propiedad no son profesionales privados sino, según la ley, “ejercientes privados de funciones públicas”, funcionarios con un estatus autónomo pero sometidos al ministerio. “Son profesionales que han visto muy mermada su carga de trabajo con la crisis, por el descenso de actividad inmobiliaria y societaria. Es una forma de que ellos asuman trabajo y el ministerio gane en eficacia". Sr. Gallardón: ¿acaso los registradores de la propiedad han repartido algo de los grandísimos beneficios que obtuvieron en la época del boom inmobiliario? ¡¡¡ Que apechuguen con la crisis, como tenemos que hacer todos, que seguro que no se mueren de hambre!!!! El lince Gallardón alega que los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles también son funcionarios públicos, porque han hecho una oposición para poder acceder a su trabajo en régimen de monopolio estatal. Nadie duda de la capacidad de los registradores (hasta Rajoy es Registrador de la Propiedad!!!), pero es evidente que su sistema de retribución, por medio de aranceles que pagamos los ciudadanos que acudimos a ellos obligados cada vez que compramos un piso o un coche por leasing, los alejan bastante de lo que en general entendemos por funcionarios públicos. Y qué decir de su personal, que si bien altamente cualificados no han pasado por proceso selectivo público alguno y no tienen los deberes y las obligaciones que tenemos los funcionarios públicos. Por esto nadie, salvo Gallardón y los del PP, pueden entender que se encomiende la gestión de algo tan sensible como son los expedientes de nacionalidad española, donde hay que evaluar la conducta pública de los promotores, su grado de adaptación a la sociedad española, y su tiempo de residencia, a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles que se dedican a calificar inscripciones de fincas y pisos, anotaciones de embargo e inscripciones de hipotecas y sociedades. Salvo, claro, que Gallardón haya decidido mercantilizar el estado civil de los ciudadanos, poniendo un precio a ser ciudadano, casarse, nacionalizarse español, y a este paso hasta para morirse. Porque algo está bien claro: que a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y a su personal habrá que pagarles por el trabajo que van a hacer. Hay algo más que todavía no se entiende: si el gran atasco no está en los Registros Civiles que instruyen los expedientes, sino en el propio Ministerio de Justicia al tiempo de resolverlos, ¿por qué Gallardón quiere que los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles tramiten los expedientes y quiere conservar en la Dirección General de los Registros y del Notariado la responsabilidad en su resolución, tal y como aparece en la nota de prensa del Ministerio? La única tramitación que hace el Ministerio de Justicia, antes de resolver los expedientes, es solicitar un informe a la Dirección General de la Policía sobre el tiempo de residencia y la conducta observada por el promotor; el informe, en muchos casos, se hace a las pocas semanas de su recepción, y luego, desde que se envía al Ministerio de Justicia hasta que se resuelve el expediente, se tarda casi año y medio. Es decir, el expediente se paraliza en la Dirección General de los Registros y del Notariado, el mismo que seguirá teniendo la responsabilidad de resolverlos… Nadie lo entiende, salvo Gallardón. El Registrador de Santa Pola, en Alicante, que se llama Mariano Rajoy, le estará eternamente agradecido por seguir engrosando sus emolumentos sin mover un papel en dicho Registro.

Es que tras la explosión de la burbuja inmobiliaria el negocio de notarios y registradores ha caido mucho, por eso hay que hacer algo para que no pierdan calidad de vida esos pobres niños, futuros notarios y registradores. Me refiero a los hijos de los actuales notarios y registradores que, curiosamente, suelen tener la misma profesión que sus padres.

bueno, este es otro proceso de favorecer a los hermanos notarios y registradores de nuestro Sr. Presidente:

Bodas y divorcios ante notario. Es la propuesta del Gobierno para desatascar los juzgados
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/01/actualidad/1328089347_592487.html

p.d. nacionalizando registros y notarías se conseguiría compensar la socialización de pérdidas de bankia en 5 años, pero no, es mejor reducir tratamientos sanitarios pues así además se consigue también el objetivo de reducir el paro y las pensiones.

Por cierto, muy típico de los políticos, primero crean el problema (quitan al personal que tramitaba esos expedientes, y claro, la bolsa comienza a engordar) y luego encuentran la solución, esos amables registradores, tan desinteresados ellos.