Funcionarios que sean altos cargos, diputados y alcaldes cobrarán el ´plus político´
Los privilegios para determinados funcionarios que pasan por la política beneficiarán a un mayor número de casos. La nueva ley de Función Pública que impulsa el Govern del PP ampliará los supuestos para cobrar un complemento salarial –llamado ‘Nivel 33’ en la jerga funcionarial– que se otorga de por vida a aquellos funcionarios de carrera que se reincorporan a su puesto de trabajo tras haber ocupado determinados cargos públicos durante un mínimo de dos años.
El borrador del proyecto de ley hace extensiva la consolidación del llamado ‘Nivel 33’ a “otros altos cargos, alcalde o alcaldesa, retribuidos y con dedicación exclusiva, miembro del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, diputado o diputada, o senador o senadora de las Cortes Generales o miembro de las asambleas legislativas de una Comunidad Autónoma”.
Beneficiar a más políticos
En consecuencia, esta novedad afectará sobre todo a los funcionarios que ostenten una alcaldía o un escaño en el Parlamento autonómico durante dos años continuados, o tres con interrupción. El cambio normativo también amplía el abanico de supuestos que hasta ahora tenían derecho a cobrar este complemento al incluir al genérico “otros altos cargos”. Todos ellos, cuando dejen de ser un cargo político y regresen a su plaza, tendrán derecho a percibir la diferencia entre su complemento de destino y el de un director general de la Administración del Estado. Ello puede suponer un plus entre 400 y 800 euros más al mes, dependiendo del caso.
En la actualidad, el ‘Nivel 33’ lo perciben aquellos funcionarios que han sido presidentes del Govern o del Consell, consellers y consellers insulares ejecutivos, directores generales o directores insulares, presidentes o gerentes de entes, organismos, consorcios y/o empresas públicas.
El Govern de José Ramón Bauzá justifica esta modificación en que debe adaptar “obligatoriamente” la nueva ley de Función Pública al Estatuto básico del Empleado público (EBEP).
Delegados sindicales ya han reprochado al Ejecutivo esta actitud, ya que consideran que el PP “se preocupa de consolidar las prebendas para la clase política, pero en cambio mantiene los recortes y congelaciones salariales al personal”, y señalan que si el Govern quisiera podría dejar en suspensión indefinida la aplicación del ‘Nivel 33’ mediante una simple disposición en la nueva ley.
De hecho, el malestar entre los sindicatos y el Govern es patente respecto a la nueva normativa. La consellera de Administraciones Públicas, Maria Núria Riera, anunció a primeros de enero que quería el máximo consenso con los sindicatos para sacar adelante el proyecto de ley. Para ello, Riera dijo que habría dos meses para negociar el borrador. Sin embargo, el jueves hubo la primera reunión de trabajo, y el director general Antoni Mesquida redujo el periodo a 15 días. “Pretenden que negociemos en cuatro días una ley de más de 170 páginas que afecta a miles de funcionarios ¿y llaman consenso a este paripé? La consellera Riera, una vez más, desprecia a los sindicatos, no tiene el más mínimo respeto”, denuncian desde el STEI.
“Respecto a las formas, este Govern cercena la negociación sindical, y en cuanto al fondo, restringe las mejoras conseguidas por los trabajadores pero por contra deja atado y bien atado el complemento para alto cargo”, expresan su protesta desde CC OO.