Financiación pública vs financiación privada
La aprobación de la Constitución de 1.978 reconoció la importancia en la vertebración de la sociedad de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales en los artículos 6 y 7 de la misma imponiendoles, además, una organización democrática. En el primer caso lo estableció como instrumento fundamental de participación política y en el caso de sindicatos y asociaciones empresariales como elementos de defensa de sus propios intereses.
A pesar de su inclusión explícita en el texto constitucional de todas estas formas de organización social es evidente la diferencia entre el concepto de participación política y defensa de intereses económicos o sociales. A pesar de ello todas estas organizaciones gozan del derecho de la financiación pública cuando consiguen unos determinados niveles de representación.
Se debería diferenciar entre ambas situaciones. Los trabajadores tienen reconocido entre los derechos fundamentales, que gozan de especial protección, en el artículo 28 de la CE los derechos de sindicación y huelga. Por tanto los trabajadores tienen instrumentos para defender sus legítimos intereses y solo es cuestión de ellos el ejercerlos. Si en ocasiones su desunión permite los abusos empresariales y de los legisladores deben asumirlo. Por tanto una cosa es tener derecho de sindicación y de fundación de organizaciones sindicales y otra que se tengan que financiar con recursos públicos. Cada cual debiera hacerse cargo del coste de la defensa de sus intereses.
Habida cuenta de su mayor vulnerabilidad podría tener alguna explicación las aportaciones públicas a los sindicatos, pero ya resulta del todo inadmisible que hasta la CEOE también tenga financiación pública (probablemente por algún extraño mimetismo). Además teniendo en cuenta no solo las subvenciones que reciben sino también las deducciones de las que gozan, la aportación pública a la patronal llega a superar la de los sindicatos.
Consideración diferente sería la de las formaciones políticas. Es cierto que resulta bastante liberal la idea de que se financie con las cuotas de los militantes, pero mi escasa experiencia política me llevó al conocimiento de que, a no ser que las aportaciones fueran realmente importantes, con la misma no alcanzaría ni para los folios. En cambio también fui consciente de que con las aportaciones públicas y una gestión austera (sin llegar a unos límites excesivos) podría ser suficiente.
Permitir las aportaciones de cantidades de dinero a los partidos más allá de unas cifras modestas, aunque fueran transparentes, pervierte la democracia, ya que lógicamente estas cantidades solo están al alcance de determinados niveles económicos. Sería ingenuo pensar que una gran empresa ofrece una cantidad a un partido político altruistamente y sin esperar nada a cambio. Se debe considerar una inversión a incluir en sus balances. Ejemplo lo tenemos en los propios EE.UU. donde la financiación privada provoca que el candidato que es elegido se deba más al que financia la campaña, que a sus electores. Todo ello sin hablar de la influencia de los lobbies, no solo en EE.UU. sino también en Europa, aunque en menor medida.
Por tanto en la actual situación de crisis y de elevado déficit público en el que nos encontramos sería conveniente reducir hasta eliminar las aportaciones públicas a los llamados agentes sociales y permitirlas de forma moderada a los partidos políticos. En estos además no se debería permitir donaciones privadas, aunque fueran de conocimiento público, más allá de unas cantidades bastante moderadas. Todo ello con el fin de que las formaciones políticas pudieran optar a alcanzar el poder si no en igualdad de condiciones, al menos con algún equilibrio.
Una cosa es mantener unas estructuras en los partidos razonables y otra sostener a una gran cantidad de funcionarios de partido, de sobresueldos (aunque sean legales) y de gastos suntuarios (a incluir francachelas, fiestas, marisco, contrataciones de figuras de la música en las campañas, etc.). Es comprensible que determinados cargos públicos tengan unos emolumentos dignos, diferente es que se entienda el servicio público como una actividad de enriquecimiento personal. El que así lo haga podría dedicarse a la actividad privada, para la que estarían bastante cualificados, ya que nadie es imprescindible, y en esto de la política no escasean las vocaciones de otras personas que los podrían sustituir con parecidas capacidades.
Prefiero creer en la buena voluntad de los partidos y no hablar de sobres de dinero negro, comisiones ilegales y demás actividades que todavía no se hayan demostrado en sentencia judicial firme.