La historia es, muy resumidamente, tal y como sigue. El gobierno del Partido Popular con José María Aznar al frente introdujo la liberalición del mercado eléctrico en 1997 con la publicación de una nueva Ley del Sector Eléctrico. Las cuatro distribuidoras eléctricas de entonces, que no son sino las mismas de ahora y antes denominadas Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico, más Elcogás e Hidroléctrica de Cataluña tuvieron el coraje de reclamar entonces una indemnización -los famosos Costes de Transición a la Competencia (CTCs)- porque aseguraban que el precio de la electricidad bajaría de la mano de la presumible mayor competencia que introducía la nueva Ley del Sector Eléctrico. (...) Si, yo también leo a ratos lo subrayado para reirme de vez en cuando.
Párense un momento a pensar. De las seis compañías nombradas anteriormente, cuatro de ellas pasaban de ser distribuidoras en régimen de monopolio en un mercado no liberalizado a distribuidoras en régimen de monopolio en un mercado liberalizado y privado. Seamos francos, ¿quién le va a hacer la competencia a una empresa con las líneas de distribución ya montadas que opera en un sector (el de la distribución eléctrica) que ya de por sí es un monopolio natural? ¡La idea de recibir compensaciones por perder "cuota de negocio" es simplemente alucinante!
El gobierno, y aunque no estaba obligado jurídicamente a ello, estableció de todas formas una indemnización, los CTCs, por un valor que al final ascendió a de más de 7.800 millones de euros, eso sí, vinculada a una condición: que las eléctricas beneficiarias financiasen luego el déficit de tarifa.
Iberdrola, que ya ha cobrado sus CTCs como el resto de las empresas, pretende desde hace tiempo no financiar ese déficit y por eso ha llevado el caso a los tribunales. El propósito de la multinacional eléctrica es que los déficits sean financiados ahora "por todos los agentes que realicen actividad eléctrica en España", es decir, por generadores, entre ellos también los pequeños, comercializadores y hasta por el operador del sistema eléctrico si hace falta, cuanto más sean para repartir la roncha, mejor para ellos. Es decir, en román paladino: nos llevamos los CTCs entre unos pocos (Las dos grandes sobre todo), luego digo que me están discriminando porque el déficit de tarifa he de financiarlo solo yo (y mis cinco compañeros), y al final propongo que paguemos el déficit entre todos. Sería un negocio redondo, pero...
La Audiencia Nacional ha dicho NO
Las empresas eléctricas moverán Roma con Santiago hasta llevar la cuestión al Constitucional si hace falta. No reparan en gastos legales cuando ven su régimen de oligopolio amenazado. Pero soy pesimista si la cuestión llega a lo más alto, y es que en 2011 diputados del PSOE ya llevaron esta cuestión al Constitucional y la respuesta del alto tribunal fue que la táctica de los CTCs fue una opción política y económica perfectamente legítima.
Gracias por la inspiración, compañero petrofriky Guillermo ;)
