El crecimiento y evolución de las sociedades desarrolladas, y cada vez en mayor medida las que se encuentran en vías de desarrollo, ha permitido incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, plasmándose en la creación de un estado de bienestar que cubre, en mayor o menor medida, necesidades como educación, sanidad y pensiones.
La financiación de las pensiones supone un volumen importante de fondos, lo que ha dado lugar tras la crisis económica a un déficit de financiación. El problema, sin embargo, no se puede atribuir a un fenómeno coyuntural y encierra un problema estructural más profundo.
El análisis requiere diferenciar los problemas a corto plazo de los de largo plazo, ya que si bien los de corto plazo son atribuibles a una falta de ingresos, siendo la cuestión los motivos por los que sucede esto, en el largo plazo se suma a esta dificultad la evolución demográfica de la población.
En los años precedentes, la insuficiencia financiera del sistema (figura siguiente) ha hecho necesaria la utilización del “Fondo de Reserva”, creado como un ”colchón” para hacer frente al pago de las pensiones cuando los ingresos del sistema, de forma coyuntural, fueran insuficientes. El problema radica en que dicho fondo está experimentando sus últimos estertores y al no haberse llevado a cabo los cambios necesarios se agotará habiendo constituido solo un flotador temporal para el sistema.
Figura.- Expansión. Las pensiones que vienen: recortes
A pesar de todo, la idea de crear dicho fondo ha sido una medida adecuada y previsora, e independientemente de lo acertado de su gestión, también habría que reconocer que su constitución implicó que las contribuciones al sistema fueran superiores a las necesarias, repercutiendo sobre unos mayores costes laborales, lo que ha podido influir sobre el crecimiento económico y el empleo.
En cualquier caso, el problema de financiación de las pensiones ha provocado, desde hace varios años, cambios regulatorios con el objeto de procurar su sostenibilidad. Cambios que han implicado alargar la vida laboral y una reducción del poder adquisitivo de los pensionistas.
Entre los cambios estructurales podemos mencionar la “reforma silenciosa de las pensiones” , que ha consistido en la modificación de las bases de cotización y pensiones máximas y mínimas, por la que se pierde parte de la contributividad (proporción entre contribuciones y percepciones al sistema de pensiones); y las reformas de 2011 (PSOE) y 2013 (PP). La reforma de 2011 alargaba la vida laboral, el número de años cotizados para percibir el 100% de la pensión y el número de años considerados para calcular la base; y en la de 2013, se incorporaba el “factor de revalorización anual de las pensiones” para equilibrar los ingresos y gastos del sistema y el “factor de sostenibilidad”, a implantar en 2019, que contempla la evolución de la esperanza de vida, caracterizándose ambas porque, dada la situación, reducirán la tasa de sustitución (porcentaje de pensión con respecto al salario percibido).
Pero volviendo al corto plazo y a la insuficiencia de financiación, el problema de satisfacer el gasto de las pensiones no existiría con una tasa de empleo superior y mayores salarios, debiendo plantearnos los motivos que han dado origen a estos dos problemas que han contribuido a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.
Todo ello es fruto de una mala política económica que ha dado lugar, en el año 2016, a alcanzar una tasa media de desempleo del 19,6% , la segunda mayor de la UE-28 después de Grecia ; y a una remuneración laboral por hora de trabajo, en el año 2015, inferior a la media del área euro y UE-28, e inferior a todos los países de referencia de la eurozona (figura siguiente).
Figura.- Costes laborales y salariales en la UE-28 y área euro. Fuente EUROSTAT
Esta situación se traduce en que para mantener el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro será necesario llevar a cabo modificaciones estructurales del sistema que impliquen incrementar el número de cotizantes y su contribución al sistema en mayor medida que en la actualidad.
Incrementar el número de ocupados a través del aumento de la tasa de empleo (número de ocupados/población en edad activa; edad activa es aquella que se considera con capacidad para desarrollar un trabajo) podría llevarse a cabo a través de una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ya que la tasa de actividad actual de varones es 64,8 y de mujeres 53,41 según datos del INE de la EPA de 4T 2016 ), y mediante el retraso en la edad de jubilación, dada la mayor esperanza de vida. En este sentido se suele argumentar que la tasa de actividad de la población de mayor edad es menor, dadas las enfermedades o incapacidades que pueden padecer. Pero si bien esto es cierto, la sanidad ha mejorado y mejorará también sensiblemente, y la calidad de vida a edades avanzadas con ella, lo que podría contribuir a incrementar su tasa de empleo.
En la actualidad, a partir de los datos de población del INE, se puede deducir que el ratio de ocupados/pensionistas es de 2,27 considerando como pensionistas los mayores de 65 años y una tasa de empleo del 47,97% para los mayores de 15 años (este ratio es de 2,07 estimado para 2016 según Expansión ) .
Suponiendo, a largo plazo y a partir de la evolución de población estimada por el INE , que la tasa de empleo se incrementa hasta el 70% para la población entre 16-65 años y se incrementa la edad de jubilación hasta los 70 años, presentando la población de 66-70 años una tasa de empleo del 50%, llegamos a un ratio de ocupados/pensionistas de 1,47, una tasa un 35,24% inferior a la actual (figura siguiente), lo que apoyaría la idea de que el incremento de ocupados bajo este modelo teórico no sería suficiente, incluso incrementando la edad de jubilación hasta los 70 años, motivo por el que la medida de alargar la vida laboral hasta los 67 años en la reforma del 2011 parece incluso escasa.
Figura.- Evolución del ratio ocupados/pensionistas bajos dos supuestos.
A) Población activa 16-65 años y pensionistas población de 66 o más años, considerando la tasa de empleo declarada por el INE en la EPA del 4T de 2016 (47,97% para la población de edad superior a 15 años).
B) Simulación de población activa con edad de 16-70 años (tasa de empleo de la población con edad entre 16-65 años del 70% y de la población entre 66-70 años del 50%) y pensionistas población de más de 70 años.
Elaboración propia a partir de datos del INE, proyecciones de población 2016-2066.
Siendo por tanto esta una medida acertada por necesaria, resultado de la mayor esperanza y calidad de vida, no debemos olvidar las elevadas tasas de desempleo del país actual, que si bien se reducen debido al crecimiento económico, no excluye que el mercado laboral siga presentando los mismos problemas estructurales que antaño, siendo de naturaleza política su solución, ya que la política condiciona el entorno económico.
Por tanto, de la mano de los cambios políticos se podría llegar a incrementar las tasas de empleo hasta el 70-50% indicado. Estas pueden parecer muy optimistas, dado que la tasa de empleo española en el 3T de 2016 para la población de 15-64 años, el último dato disponible de EUROSTAT, ha sido de 60,2% . Sin embargo, la misma fuente también nos indica que 13 países de los 33 analizados poseen tasas de empleo del 70% o superiores.
En cualquier caso, los datos muestran, como cabía esperar, el descenso del ratio de ocupados/pensionistas, indicando lógicamente que un menor número de ocupados tienen que sufragar una pensión dado el sistema de reparto implantado, lo que obligaría a incrementar sus aportaciones. Por tanto, el siguiente paso es determinar cuanto mayor debe ser la aportación de cada ocupado con respecto a la aportación actual en función de la evolución del tamaño de la población ocupada y pensionista para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, lo que se muestra en la figura siguiente para cada año posterior a 2016.
Figura.- Modelos de incremento de la contribución de ocupados al sistema de Seguridad Social para mantener el poder adquisitivo de las pensiones con respecto a su contribución actual. Los modelos son los mismos que en la figura anterior (A y B).
De acuerdo con el modelo A, en el punto de inflexión, a mediados de la década de 2050, la contribución de los ocupados sería 3,47 veces el actual; y según el modelo B sería 2,64 veces, es decir, el modelo actual supondría una contribución por ocupado un 31,4% superior que si se incrementa la tasa de empleo y se alarga la edad de jubilación a los 70 años. Aunque en cualquier caso, los modelos también muestran que esta tendencia no es indefinida y a partir de mediados de la década de 2050 estas contribuciones se reducen ligeramente de forma asociada a la evolución del ratio ocupados/pensionistas.
Se podría pensar que los incrementos de contribución necesarios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones son inalcanzables. Sin embargo, si consideramos la existencia de proporcionalidad entre remuneración salarial y contribución al sistema de pensiones, podemos observar como hay países de la UE cuya remuneración salarial por hora trabajada es hasta casi un 125% superior a la española , aunque es evidente que dicha remuneración queda todavía muy lejos del 264% estimado en el modelo B.
La tarea por tanto parece imposible. Sin embargo, no debemos olvidarnos de otro factor esencial, que es el crecimiento de la productividad y que este se reflejase en salarios y en contribuciones a la Seguridad Social.
Indudablemente persiste la incertidumbre de si los incrementos de productividad serían suficientes como para poder incrementar las contribuciones al sistema público de pensiones en la medida que este lo requiera. Sin embargo, políticas económicas alternativas basadas en la automatización, la inteligencia artificial e incremento de la productividad total de los factores (PTF) podría acercarnos a esa situación. (PTF es la proporción de crecimiento económico no debida a cambios en capital y trabajo, y mide el grado de eficiencia de utilización de estos dos recursos, lo que se encuentra condicionado por la innovación, la calidad de instituciones y de la fuerza de trabajo).
De hecho, hasta ahora no se ha observado una reducción del PIB per capita como consecuencia del envejecimiento, siendo resultado, según Acemoglu y Restrepo, de un mayor grado de automatización de las economías, tal como se aprecia al comprobar la correlación entre el incremento de robots por horas trabajadas y el incremento del ratio de trabajadores mayores y menores de 50 años.
Indudablemente, existe una tendencia hacia la automatización que se refleja en el crecimiento del sector de la robótica, que ha crecido un 15% en 2015 , siendo previsible que esta tendencia persista en el tiempo (figura siguiente). Sin embargo, el lado negativo se aprecia al comprobar cómo España no ocupa los primeros lugares en cuanto a robotización por cada 10.000 empleados en manufacturas.
Figura.- ECONOMIST. The growth of industrial robots
Resumen y conclusiones
Un problema importante al que se enfrentan actualmente muchos países es la evolución demográfica, que condiciona la fuerza laboral y la capacidad para pagar las pensiones, sobre todo en países como España, en que estas se basan en un sistema de reparto. Siendo el origen del problema la evolución de las tasas de fertilidad y envejecimiento de la población, que reducen el ratio de ocupados/pensionistas y la capacidad para sostener el poder adquisitivo de las pensiones.
Se han barajado muchas alternativas para hacer frente al problema, como financiación a través de los presupuestos generales del estado o de deuda, lo que podría implicar incrementar o crear nuevos impuestos, también a través del incremento de contribuciones, modificaciones de bases de cotización, prestaciones, o incluso una tasa a los robots. Todas ellas negativas, ya que repercuten sobre el crecimiento económico o poder adquisitivo de las pensiones reduciendo la tasa de sustitución, sin incidir ninguna de ellas en cambios sobre la política económica.
El cambio de modelo productivo es esencial. Es necesario un modelo que se base en mayor medida en competir en calidad y diferenciación que en precio, lo que permitiría incrementar salarios y cotizaciones.
Pero el cambio de modelo lleva implícito llevar a cabo modificaciones estructurales en muchos ámbitos, ya que las carencias en cuanto a la competitividad del país son numerosas y variadas, yendo desde el tamaño empresarial , la inversión y eficiencia de la inversión en I+D , la educación, la regulación laboral, la falta de competencia, la regulación administrativa, la ineficiente asignación de recursos, el tamaño excesivo de la administración pública y su ineficiencia con el correspondiente coste de oportunidad, etc….
El cambio de modelo permitiría combinar una mayor tasa de empleo, el alargamiento de la vida laboral y mayores salarios. Sin embargo, el problema radica es que esta solución no es fácil e implicaría un cambio radical en la política económica.
Por tanto, la solución del problema tiene su eje fundamentalmente en un cambio de modelo productivo, que facilite la creación de empleo y salarios a través de una mayor productividad. Lo que no excluye que hay que tener presente que el cambio propuesto puede no ser lo suficientemente intenso como para mantener el poder adquisitivo de las pensiones al no elevar lo suficiente los ingresos del sistema, lo que no excluye que sea el abordaje más sensato, que no fácil, de los habitualmente propuestos.
La productividad es un factor clave de este modelo, ya que se hace necesario que un menor número de ocupados se hagan más productivos, lo que se acompaña de la tendencia global hacia una mayor automatización, complementándose ambas tendencias, la demográfica con la de una mayor automatización.
A pesar de todo, esta solución no está exenta de problemas, ya que el incremento de productividad y salarios lleva aparejado que estos trabajadores, cuando se jubilen, tendrán derecho a mayores pensiones, contribuyendo a incrementar los gastos del sistema. Por este motivo, indefectiblemente, en el futuro serán necesarios ajustes que reduzcan la tasa de sustitución para equilibrar las finanzas del sistema, ya sea incrementando los tipos de cotización, elevando los topes mínimos o eliminando el tope máximo de cotización. Todas ellas soluciones indeseables, ya que incrementan los costes laborales pudiendo repercutir sobre el crecimiento económico.
Por tanto y para concluir, aunque el resultado depende de las estimaciones consideradas y los datos están sujetos a posibles variaciones en las tasas de inmigración, fertilidad y esperanza de vida, la solución procedente de un cambio de modelo económico parece teóricamente factible para por lo menos suavizar el problema. Otra cuestión es que nuestros políticos tengan la intención de hacerlo o tengan el suficiente valor y capacidad para llevarla a cabo.
