FERNANDO ESTEVE MORA
("Disclaimer") No es la primera vez que en este blog, proclamo orgullosamente mi republicanismo. Soy visceral, emocionalmente republicano, casi diría que "genéticamente". Pero los recientes "hechos" que han afectado a la monarquía española, me han hecho preguntarme si al margen de mi adhesión afectiva por la forma republicana de estado hay razones defenderla como la más eficiente o adecuada.
Y digo "razones" económicas, no economicistas. Es decir, razones que van más allá del superficial debate periodístico acerca de qué forma de estado es más o menos costosa. Dejaré por tanto aquí de lado la cuestión de si es más caro (o barato) mantener una "casa real" que la presidencia de una república, pues es obvio que esa es una cuestión meramente contable, una cuestión baladí comparada con la cuestión de cuál forma de jefatura de estado, si una monarquía o una república, cumple más eficazmente con sus obligaciones.
Es este uno de los temas que un grupo numeroso de economistas, entre los que se incluyen autores de la talla de Gordon Tullock o Mancur Olson entre muchos otros, han tratado dentro de los que se conoce como Economía Política Constitucional que aborda, desde la perspectiva del análisis económico, las cuestiones referentes al más adecuado o eficiente diseño de los estados y de sus constituciones.
Pues bien, en lo que respecta a este concreto tema, los economistas han analizado teóricamente qué forma de estado sería más eficiente, si una monarquía hereditaria absoluta, una monarquía hereditaria constitucional o una república. Y la conclusión ha sido, en primer lugar, que una monarquía absoluta es la forma menos eficiente, sobre todo si sus ciudadanos tienen dificultades para emigrar. En este caso, una monarquía absoluta se asemeja a una empresa monopsonística, es decir, a una empresa cuyo dueño o propietario (el monarca) es el único empleador de sus ciudadanos en el peculiar "mercado" de trabajo que es la nación, de modo que si sus trabajadores/ciudadanos no tienen alternativas "laborales" (si no pueden emigrar a otras empresas/países) -y como demuestra la teoría económica- el resultado de esta forma de "empresa" que es un estado monárquico absolutista es que en ella los trabajadores/ciudadanos son explotados por la empresa/estado monárquico absolutista, a la vez que el nivel de producción y bienestar son bajos. Los ejemplos históricos de las monarquías absolutistas europeas en los siglos XVI-XVIII y de los emperadores chinos muestran esa ineficiencia desde el punto de vista general o colectivo de las formas monárquico-absolutistas de estado, que con el tiempo y una vez que sus pueblos gracias a la educación superaron el peso de la propaganda de la diferentes "iglesias" a favor de los monarcas , lograron desembarazarse de esas opresivas formas de estado en costosas revoluciones.
Pero, ¿qué pasa si comparamos una monarquía constitucional con una república? Para verlo, primero hay que explicitar lo que se entiende por una monarquía constitucional en Economía Constitucional. Una monarquía constitucional tiene las siguientes tres características:
1ª.- El monarca es el jefe del estado, no del gobierno. Reina, no gobierna, luego no forma parte o representa ninguna opción política concreta.
2º.- La jefatura del estado es hereditaria.
3º.- Un cuerpo legislativo elabora la legislación que el poder ejecutivo (gobierno) luego ejecutará, pero sólo tras su refrendo o aprobación por parte del monarca que convierte así esa legislación en leyes. La libertad del monarca para no refrendar la legislación que se somete a su aprobación está severamente restringida o es inexistente.
Pues bien, la Economía Constitucional ha señalado que una monarquía constitucional de este tipo es más eficiente que una república por una serie de argumentaciones que podemos agrupar en dos grandes apartados:
a) En primer lugar, un monarca constitucional, en la medida que está constitucionalmente al margen de los partidos y las luchas políticas, es en principio más eficaz que el presidente de una república (que -no olvidemos- siempre procede de algún partido político) para afrontar el problema conocido como la "tiranía de la mayoría" que aqueja a todos los regímenes democráticos y que se traduce en que las decisiones democráticas no están obligadas a recoger ninguna de las posiciones de quienes se encuentran en minoría, lo que puede conducir a su explotación.
En efecto, en la medida que un monarca no está adscrito a ningún partido o posición política, su no-partidismo, su neutralidad política, le permite (no le obliga) canalizar y hacer que se oigan a través de la suya las voces de las minorías que, de otro modo, y de modo democrático, no serían escuchadas por los gobiernos que siempre son y tienen que ser partidistas en un sistema democrático.
En este mismo sentido, se puede decir que la neutralidad de un monarca le otorga también cierta ventaja comparativa respecto al presidente de una república a la hora de señalar y acentuar los puntos, posiciones o intereses colectivos o comunes (el "interés público") que tienen los ciudadanos como tales ciudadanos al margen de sus divergentes intereses políticos, cosa necesaria para el adecuado funcionamiento de una sociedad en la medida que la vida política suele acentuar la polarización, la división y la oposición entre ellos.
b) En segundo lugar, el carácter hereditario de una monarquía permite sortear y dejar al margen del debate político la cuestión de la sucesión a la jefatura del estado. Por otro lado, ese carácter hereditario de la monarquía, frente a la temporalidad de las presidencias de las repúblicas, hace que los monarcas tengan -frente a los presidentes republicanos- una perspectiva de más largo plazo, lo cual puede servir también como un recordatorio a los gobiernos que modere en algún sentido al cortoplacismo típico de los procesos democráticos dado que los políticos, interesados como lo están en perpetuarse en el poder, sólo tienen a tener en cuenta los efectos a corto plazo (como mucho a cuatro años, vista hasta el momento de las siguientes elecciones) de sus decisiones.
En suma, que atendiendo a estas razones, las que se siguen del no-partidismo del monarca y las que se derivan de su perspectiva temporal más duradera, la conclusión de los economistas constitucionales es que las monarquías parlamentarias son por lo general relativamente más eficientes que las repúblicas.
Pues bien, discrepo de esta conclusión general. Aún reconociendo la fuerza de los argumentos expuestos, a favor de las monarquías constitucionales en ambos puntos, me da la impresión de que no dan el peso que requiere a un efecto no deseado y no mencionado de la heredabilidad de la jefatura del estado. Cual es que las consecuencias del mal comportamiento de un monarca o de su ineficacia no reciben en el largo plazo castigo o penalización alguna. Lo cual, junto con la habitual inviolabilidad jurídica que protege a todos los jefes de estado mientras están en el cargo, significa que los comportamientos que serían punibles para cualquiera incluidos los presidentes de una república no lo son para un monarca constitucional cuyo puesto es vitalicio (o mientras él quiera ocuparlo).
Por contra, el presidente de una república tiene unas restricciones que dificultan/desincentivan su mal comportamiento. En primer lugar, su puesto no es hereditario, por lo que su mal comportamiento puede afectar negativamente a la posición/situación de sus hijos en sus carreras profesionales y políticas. En segundo lugar, tampoco puede "eternizarse" en su puesto. Es decir, que no puede concurrir al cargo de presidente de la república más de dos o a lo sumo, tres veces. En tercer lugar, para repetir en el cargo ha de pasar por la aprobación de sus electores que pueden así penalizar su mal comportamiento. El diseño de incentivos en una presidencia de república favorece por tanto a que quien la ocupe se comporte de modo adecuado a su cargo, independientemente de su moralidad particular.
No sucede así en una monarquía constitucional en donde no hay ninguno de esos incentivos penalizadores del mal comportamiento de los monarcas. Quizás aquí una analogía describa las diferencias mejor que un argumento. Imaginémonos que el CEO de una corporación se caracterizara por tener un "mal comportamiento", es decir, por ser un corrupto o un ladrón. Lo más normal será que los accionistas lo despidan y le lleven a los tribunales. Imaginemos, por contra, que en esta corporación, ese CEO corrupto y ladrón, mientras lo fuera fuese intocable judicialmente y que, hiciera lo que hiciese, uno de sus hijos fuera quien le sustituyese en el cargo (como pudiera ocurrir si fuese el accionista mayoritario). Pues bien, en esta extraña corporación, nada podrían hacer los demás accionistas para evitar que su CEO les esquilme, salvo esperar que llegue su sucesor y que este no sea como su padre o bien malvender sus acciones e invertir en otra empresa.
Y esto es lo que pasa en una monarquía parlamentaria: que sus monarcas no tienen "incentivos" externos para comportarse adecuadamente. Dado que su estirpe, su "línea de sucesión", no sufre las consecuencias de sus actos si son deshonestos, un monarca no tiene "desincentivos" para no comportase inapropiadamente. Cierto es que si su comportamiento es lo suficientemente "malo" o se extiende en el tiempo, es decir, si también lo hacen sus sucesores, el "pueblo" puede llegar a hartarse y destronar a esta "casa real" mediante una revolución o mediante un cambio constitucional, pero ambas actuaciones son costosas, por lo que no pueden ser usadas como "incentivos negativos" para disuadir de modo cotidiano el malcomportamiento de un monarca.
En suma, que el buen comportamiento de un monarca constitucional está al albur de la decisión personal que éste quiera tomar,o sea de su particular y subjetiva moralidad. Si, por ejemplo, en vez de ser neutral, decide alinearse y defender los intereses de la minoría de los más ricos y poderosos, cosa muy habitual por cierto, o decide realizar actividades delictivas o rozando lo delictivo, nada le pasa ni a él ni a sus descendientes y sucesores.
A nadie se le puede ocultar que un ejemplo perfecto de lo recién expuesto lo da monarquía del muy constitucional rey Juan Carlos I. No sólo hemos ido conociendo sus nada recomendables por no decir delictivos comportamientos personales y "financieros" sino que hemos sabido que fuimos engañados una vez y otra (¿quién no recuerda el cinismo de sus moralizadores discursos navideños mientras hacía todo lo contrario?). Y no. Nadie, ni desde el poder político ni desde la sociedad civil (el papel de TODA la prensa española en todos los muchos reprobables comportamientos del rey emérito ha sido más que servicial hacia él decididamente servil) fue capaz de disuadirle en todos estos años de que se comportara como le enseñó su mentor político: el dictador Franco, un auténtico maestro en todo lo que fuera corromper y robar). El diseño de una monarquía constitucional: la combinación de la inviolabilidad jurídica y la heredabilidad son para un monarca constitucional un escudo protector suficiente para no hacerle temer ninguna consecuencia relevante para sus reprobables actos ni aún en el caso de que -como ha ocurrido con el rey emérito- lleguen a ser conocidos.
En suma, el ejemplo del rey Juan Carlos es un ejemplo que pone en solfa el argumento teórico de los economistas constitucionales en pro de las monarquías parlamentarias. No, estas monarquías no son de modo general más eficientes que las repúblicas en la medida que sus buenos resultados dependen, no de añlgo objetivo: el diseño de su sistema de incentivos, sino de algo subjetivo y evanescente: la buena voluntad y/o moralidad de los monarcas. En consecuencia, y en lo que a mí me atañe, creo que mi republicanismo tiene una base racional además de la sentimental.
Y para acabar, he oído por ahí otra explicación del comportamiento reprobable del rey Juan Carlos que no me resisto a no trascribir. Es una explicación -digamos que- borgiana ( pues recuerda en algo el cuento de Jorge Luis Borges "El tema del traidor y del heroe"). Según esa explicación, Juan Carlos I sería republicano en su fuero interno, y que tras mucho pensar llegó a la conclusión de que la única forma posible de conseguir que se instaurara una república en España era conseguir que los ciudadanos de este país le echaran, como habían hecho con su abuelo el rey Alfonso XIII. Renunciar él de motu propio a la jefatura del estado no era una opción viable, pues le dejaría a él y a su familia en una cierta penuria económica. Pues bien, para resolver este dilema, los llamemos "comportamientos extraños" (cobros de comisiones, y demás) son la opción mejor para lograr esos dos objetivos: que el pueblo se harte y se haga republicano y que su familia sea rica.
Es una curiosa explicación que, por supuesto, no resiste el más mínimo análisis, pues olvida que el "alma política" de la mayoría de los españoles ( a diferencia del "alma política" de los franceses) es la de ser súbditos, no ciudadanos. No sé dónde he leído que cuando en 1823 volvió a España el más despreciable por corrupto y traidor de todos los Borbones, Fernando VII, encontró que los habitantes de los pueblos por donde pasaba tenían a gala desenganchar los bueyes que tiraban de carrozas para uncirse ellos a los yugos y tirar de las mismas como bestias de carga mientras gritaban "Muera la libertad y vivan las caenas". De esos polvos vienen estos lodos.
¿Quién puede esperar que los tatataranietos y bisnietos de esas gentes, de las mismas gentes que sistemáticamente han ido aniquilando o expulsando de este desventurado país en los últimos dos siglos a todos aquellos a los que repugnaba su servil comportamiento, estén dispuestos a poner freno a los desmanes de unos monarcas por más constitucionales que estos sean? Nadie. Que no se preocupe por tanto el actual rey, Felipe VI. Haga lo que haga, no tendrá problema pues el pueblo español de hoy no sólo es mayoritariamente monárquico, sino servil. Y si esto es así, sólo podemos desear que tengamos suerte y su moralidad sea más estricta y que no se comporte de modo igual o similar a como vamos sabiendo cada día se ha comportado su padre.
