FERNANDO ESTEVE MORA
LLamaba Ferlosio (don Rafael Sánchez Ferlosio) "fariseísmo moral" al uso de "argumentos" morales, o sea, de índole ética o moral, como instrumentos para tener razón, y -yo añadiría- o para ponerse por encima de los demás, o para beneficiarse privadamente. En muchas entradas en este blog (por ejemplo, https://www.rankia.com/blog/oikonomia/4329487-open-arms-buenismo-moral-milagro-panes-peces) se ha utilizado la Economía como mecanismo para develar o poner en evidencia a los fariseos morales, para hacer evidente su falsía, el que su pretendida superioridad moral oculta o responde al más vulgar interés económico privado o personal, a la búsqueda avariciosa de ganancias disfrazada de bondad.
Fariseos morales lo hay de todos los tipos y en todos los ambientes y profesiones. Pero me parece que abundan hoy mucho entre los miembros de un grupo social concreto, la denominada "casta médica". Me explico. Como es más que sabido, los médicos "disfrutan" de una exención que les permite acudir a sus particulares criterios y opiniones morales (la "objeción de conciencia") para no hacer lo que es legal que hagan en las condiciones médicas prescritas por la ley en casos de aborto y eutanasia. Ni qué decir tiene que salen así ganando y mucho: no les cuesta nada el negarse a practicar abortos legales y eutanasias legales y, encima, "van de buenos" por la vida pues no se manchan sus manos administrando esos, sin duda que desagradables y dolorosos y hasta -para muchos de ellos- inmorales, "actos" médicos, por muy legal que sea el hacerlo.
Ahora bien, por supuesto que nada impide a los médicos que trabajan en el sector privado el negarse a participar en semejantes "actos", en abortos y eutanasias. Pero, en mi opinión, el recurrir a esa "objeción de conciencia" debería de estar vedado para los médicos que trabajan voluntariamente en el sistema público de salud.
El caso es que, obviamente, los médicos del sistema público de salud tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con las regulaciones legales del derecho al aborto o a la eutanasia. Pueden parecerles absurdas y mal diseñadas. Puede, incluso, que estén en absoluto desacuerdo con esas prácticas por razones morales. Es lo mismo, porque lo que no deberían estar autorizados es a acudir a su "conciencia" para negarse a realizar esos actos médicos (el aborto y la eutanasia) que están contemplados como derechos de los ciudadanos pues así lo ha decidido la soberanía popular en el Congreso de los Diputados y están regulados en sendas leyes con sus correspondientes reglamentos, de modo que están con plena legalidad en el catálogo de prestaciones del sistema.
Pero no ocurre así. Y la implicación de ese "derecho" a la objeción de conciencia de los médicos de la "seguridad social" es de sobra conocida en el caso del aborto: la externalización o privatización de ese servicio público. Así, en todas las comunidades autónomas, en mayor o menor grado (en la mayoría, completamente), sucede que las interrupciones legales del embarazo se hacen en clínicas privadas (el 85% del total, ¡nada menos!), no en los hospitales públicos, dirigidas por profesionales, por médicos, que, a veces, también trabajan en esos mismos hospitales públicos que se niegan a realizarlas.
Y, a lo que parece, lo mismo va a ocurrir con la eutanasia. Es previsible que la prestación de ese derecho de la ciudadanía, incluso más que el del aborto, acabe también siendo privatizado con los costes adicionales que ello supondrá para el sector público, pues -no se olvide- los costes de esa privatización por la "objeción de conciencia " de los médicos se pagarán con dinero que saldrá de los bolsillos del contribuyente.
Pero, ¿cómo es que los médicos tienen derecho a esa "objeción de conciencia"? ¿Cómo es que son ellos exclusivamente quienes tienen ese "derecho" a comportarse cuando trabajan para el sector público según sus personales criterios de lo que es correcto o lo que es bueno? Quizás haya quien piense que sí, que los médicos tienen ese derecho pues el "asunto" tanto en el caso del aborto como de la eutanasia va asociado a algo tan terrible como la "administración" de la muerte. Pero, para quien así opine, les pediría que reflexionasen un poco en las palabras "objeción de conciencia" y en su uso.
Los más viejos recordamos perfectamente que había jóvenes que se negaban a hacer la "mili" de antes por pacifismo. Esgrimían por ello su "objeción de conciencia" y arrostraban los costes de así hacerlo, es decir, los costes de incumplir la ley del servicio militar obligatorio en forma de años de cárcel. En mi opinión, tenían todo el derecho a hacerlo, y los castigos que padecían eran una ignominia por la sencilla razón de que la "mili" era obligatoria.
Pero, tras la desaparición de la "mili", el formar parte del ejército, el ser soldado, ya no es obligatorio sino voluntario: es una profesión, un empleo, que nadie está obligado a hacer. Y, entonces, ¿tienen acaso derecho a la "objeción de conciencia" los soldados profesionales del ejército de modo que puedan negarse a participar en actos de guerra si así se lo exigiese un gobierno legal? Dudo que nadie aceptase que los soldados que voluntariamente aceptan contractualmente las obligaciones que comporta el formar parte de un ejército, que incluyen obviamente el matar a otros seres humanos: los enemigos, puedan recurrir a la justificación de que no están dispuestos a participar en una guerra porque ellos, en su fuero interno, la consideren injusta o inmoral. El que yo considere injusta el actual sistema fiscal no me autoriza a que no pague los impuestos que legalmente me tocan acudiendo a la "objeción de conciencia".
Pues lo mismo debería pasar con los médicos del sistema público. Nadie les obliga a formar parte de él. Y si aceptan el serlo, ello debería significar que aceptan el participar en función de sus capacidades en la provisión del catálogo de prestaciones médicas legales y reguladas en el sistema público de salud. Es decir, que -al igual que pasa con los militares, los policías, los bomberos o -si se me apura- los verdugos (en los países donde es legal la pena de muerte)- los médicos del sector público no deberían tener derecho a la objeción de conciencia en los casos de aborto y eutanasia legales.
Pero lo tienen. Tiene ese derecho reconocido en las leyes. No queda más que aceptarlo. Pero el hacerlo no impide considerar ese privilegio como una anomalía, por muy legal que sea. El que se reconozca a los médicos el privilegio exorbitante a recurrir a su "conciencia" para decidir si actúan o no en casos de aborto legal o de eutanasia legal en que las leyes exigen que participen profesionales médicos, no revela sino la íntima conexión que todavía liga hoy la medicina con la religión.
No descubro nada nuevo si señalo que los médicos ocupan parte del espacio que antes ocupaban en exclusividad los sacerdotes. Al igual que ellos disfrutan de una curiosa reversión de la lógica económica. Y es que se les paga por sus servicios "ex ante", o sea, de antemano, independientemente de su efectividad. En efecto, la más elemental lógica económica exigiría que a los médicos se les pagase "ex post", es decir, en la medida que el paciente experimentase una mejoría o curación de su enfermedad o padecimiento, y en función de la eficacia de sus servicios. Al igual que pagamos a un fontanero DESPUÉS de que nos arregle una tubería o desatasque el water o la pila de la cocina, como criterio general, deberíamos pagar al médico después de que nos desatasque las arterias o el colon y en función de su eficacia como "fontaneros" de las tuberías de nuestro cuerpo. El poder de la "casta médica" como nueva "casta sacerdotal" se observa también en su capacidad para controlar qué productos podemos comprar en las farmacias, o en su capacidad para que el Estado prohíba o persiga a los "profesionales" de otras religiones o medicinas alternativas a la oficial.
Por supuesto, no dudo que todo eso lo hacen en nuestro interés. Sin duda. También el comportamiento de los sacerdotes de cualquier religión lo es en interés de sus feligreses. Pero, como economistas, el aceptar eso no me impide señalar que la defensa de los médicos (y los sacerdotes) de "nuestro" interés va acompañada siempre por la defensa de su propio interés. Es normal. El fontanero que contrato persigue a la vez mi interés y el suyo propio.
Pero, ¿qué decir de los profesionales de la medicina que entraron a formar parte del sistema público antes de la eutanasia? Dado que en sus condiciones de acceso no estaba la práctica de eutanasias legales, ¿no deberían -ellos sí- tener derecho a la objeción de conciencia en atención a que la introducción de la eutanasia como práctica médica puede interpretarse como una extensión de las obligaciones contractuales sólo por parte de una de las partes? Cierto. Pero también aquí la Economía tendría algo que decir.
Para la Economía no hay valores absolutos. El valor de cualquier cosa, incluso de la "conciencia" es relativo. Y, además, podría en principio calcularse monetariamente. Los economistas hablan del valor de uso de algo para alguien como aquella cantidad de dinero que ese alguien exigiría a cambio de desprenderse de ese algo, o también como la cantidad de dinero que ese alguien estaría dispuesto a pagar por adquirir ese algo. Por supuesto, los muy fariseos morales suelen decir que su conciencia "no tiene precio", pero los economistas sabemos que no es cierto, que hay muy pocas cosas que "no tengan precio" (una de ellas: la vida de nuestros seres queridos por la que estamos dispuestos a pagar el precio más alto: la propia vida). En suma, que estoy convencido que una adecuada compensación monetaria disiparía la mayoría si no todas esas "objeciones de conciencia".
LLamaba Ferlosio (don Rafael Sánchez Ferlosio) "fariseísmo moral" al uso de "argumentos" morales, o sea, de índole ética o moral, como instrumentos para tener razón, y -yo añadiría- o para ponerse por encima de los demás, o para beneficiarse privadamente. En muchas entradas en este blog (por ejemplo, https://www.rankia.com/blog/oikonomia/4329487-open-arms-buenismo-moral-milagro-panes-peces) se ha utilizado la Economía como mecanismo para develar o poner en evidencia a los fariseos morales, para hacer evidente su falsía, el que su pretendida superioridad moral oculta o responde al más vulgar interés económico privado o personal, a la búsqueda avariciosa de ganancias disfrazada de bondad.
Fariseos morales lo hay de todos los tipos y en todos los ambientes y profesiones. Pero me parece que abundan hoy mucho entre los miembros de un grupo social concreto, la denominada "casta médica". Me explico. Como es más que sabido, los médicos "disfrutan" de una exención que les permite acudir a sus particulares criterios y opiniones morales (la "objeción de conciencia") para no hacer lo que es legal que hagan en las condiciones médicas prescritas por la ley en casos de aborto y eutanasia. Ni qué decir tiene que salen así ganando y mucho: no les cuesta nada el negarse a practicar abortos legales y eutanasias legales y, encima, "van de buenos" por la vida pues no se manchan sus manos administrando esos, sin duda que desagradables y dolorosos y hasta -para muchos de ellos- inmorales, "actos" médicos, por muy legal que sea el hacerlo.
Ahora bien, por supuesto que nada impide a los médicos que trabajan en el sector privado el negarse a participar en semejantes "actos", en abortos y eutanasias. Pero, en mi opinión, el recurrir a esa "objeción de conciencia" debería de estar vedado para los médicos que trabajan voluntariamente en el sistema público de salud.
El caso es que, obviamente, los médicos del sistema público de salud tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con las regulaciones legales del derecho al aborto o a la eutanasia. Pueden parecerles absurdas y mal diseñadas. Puede, incluso, que estén en absoluto desacuerdo con esas prácticas por razones morales. Es lo mismo, porque lo que no deberían estar autorizados es a acudir a su "conciencia" para negarse a realizar esos actos médicos (el aborto y la eutanasia) que están contemplados como derechos de los ciudadanos pues así lo ha decidido la soberanía popular en el Congreso de los Diputados y están regulados en sendas leyes con sus correspondientes reglamentos, de modo que están con plena legalidad en el catálogo de prestaciones del sistema.
Pero no ocurre así. Y la implicación de ese "derecho" a la objeción de conciencia de los médicos de la "seguridad social" es de sobra conocida en el caso del aborto: la externalización o privatización de ese servicio público. Así, en todas las comunidades autónomas, en mayor o menor grado (en la mayoría, completamente), sucede que las interrupciones legales del embarazo se hacen en clínicas privadas (el 85% del total, ¡nada menos!), no en los hospitales públicos, dirigidas por profesionales, por médicos, que, a veces, también trabajan en esos mismos hospitales públicos que se niegan a realizarlas.
Y, a lo que parece, lo mismo va a ocurrir con la eutanasia. Es previsible que la prestación de ese derecho de la ciudadanía, incluso más que el del aborto, acabe también siendo privatizado con los costes adicionales que ello supondrá para el sector público, pues -no se olvide- los costes de esa privatización por la "objeción de conciencia " de los médicos se pagarán con dinero que saldrá de los bolsillos del contribuyente.
Pero, ¿cómo es que los médicos tienen derecho a esa "objeción de conciencia"? ¿Cómo es que son ellos exclusivamente quienes tienen ese "derecho" a comportarse cuando trabajan para el sector público según sus personales criterios de lo que es correcto o lo que es bueno? Quizás haya quien piense que sí, que los médicos tienen ese derecho pues el "asunto" tanto en el caso del aborto como de la eutanasia va asociado a algo tan terrible como la "administración" de la muerte. Pero, para quien así opine, les pediría que reflexionasen un poco en las palabras "objeción de conciencia" y en su uso.
Los más viejos recordamos perfectamente que había jóvenes que se negaban a hacer la "mili" de antes por pacifismo. Esgrimían por ello su "objeción de conciencia" y arrostraban los costes de así hacerlo, es decir, los costes de incumplir la ley del servicio militar obligatorio en forma de años de cárcel. En mi opinión, tenían todo el derecho a hacerlo, y los castigos que padecían eran una ignominia por la sencilla razón de que la "mili" era obligatoria.
Pero, tras la desaparición de la "mili", el formar parte del ejército, el ser soldado, ya no es obligatorio sino voluntario: es una profesión, un empleo, que nadie está obligado a hacer. Y, entonces, ¿tienen acaso derecho a la "objeción de conciencia" los soldados profesionales del ejército de modo que puedan negarse a participar en actos de guerra si así se lo exigiese un gobierno legal? Dudo que nadie aceptase que los soldados que voluntariamente aceptan contractualmente las obligaciones que comporta el formar parte de un ejército, que incluyen obviamente el matar a otros seres humanos: los enemigos, puedan recurrir a la justificación de que no están dispuestos a participar en una guerra porque ellos, en su fuero interno, la consideren injusta o inmoral. El que yo considere injusta el actual sistema fiscal no me autoriza a que no pague los impuestos que legalmente me tocan acudiendo a la "objeción de conciencia".
Pues lo mismo debería pasar con los médicos del sistema público. Nadie les obliga a formar parte de él. Y si aceptan el serlo, ello debería significar que aceptan el participar en función de sus capacidades en la provisión del catálogo de prestaciones médicas legales y reguladas en el sistema público de salud. Es decir, que -al igual que pasa con los militares, los policías, los bomberos o -si se me apura- los verdugos (en los países donde es legal la pena de muerte)- los médicos del sector público no deberían tener derecho a la objeción de conciencia en los casos de aborto y eutanasia legales.
Pero lo tienen. Tiene ese derecho reconocido en las leyes. No queda más que aceptarlo. Pero el hacerlo no impide considerar ese privilegio como una anomalía, por muy legal que sea. El que se reconozca a los médicos el privilegio exorbitante a recurrir a su "conciencia" para decidir si actúan o no en casos de aborto legal o de eutanasia legal en que las leyes exigen que participen profesionales médicos, no revela sino la íntima conexión que todavía liga hoy la medicina con la religión.
No descubro nada nuevo si señalo que los médicos ocupan parte del espacio que antes ocupaban en exclusividad los sacerdotes. Al igual que ellos disfrutan de una curiosa reversión de la lógica económica. Y es que se les paga por sus servicios "ex ante", o sea, de antemano, independientemente de su efectividad. En efecto, la más elemental lógica económica exigiría que a los médicos se les pagase "ex post", es decir, en la medida que el paciente experimentase una mejoría o curación de su enfermedad o padecimiento, y en función de la eficacia de sus servicios. Al igual que pagamos a un fontanero DESPUÉS de que nos arregle una tubería o desatasque el water o la pila de la cocina, como criterio general, deberíamos pagar al médico después de que nos desatasque las arterias o el colon y en función de su eficacia como "fontaneros" de las tuberías de nuestro cuerpo. El poder de la "casta médica" como nueva "casta sacerdotal" se observa también en su capacidad para controlar qué productos podemos comprar en las farmacias, o en su capacidad para que el Estado prohíba o persiga a los "profesionales" de otras religiones o medicinas alternativas a la oficial.
Por supuesto, no dudo que todo eso lo hacen en nuestro interés. Sin duda. También el comportamiento de los sacerdotes de cualquier religión lo es en interés de sus feligreses. Pero, como economistas, el aceptar eso no me impide señalar que la defensa de los médicos (y los sacerdotes) de "nuestro" interés va acompañada siempre por la defensa de su propio interés. Es normal. El fontanero que contrato persigue a la vez mi interés y el suyo propio.
Pero, ¿qué decir de los profesionales de la medicina que entraron a formar parte del sistema público antes de la eutanasia? Dado que en sus condiciones de acceso no estaba la práctica de eutanasias legales, ¿no deberían -ellos sí- tener derecho a la objeción de conciencia en atención a que la introducción de la eutanasia como práctica médica puede interpretarse como una extensión de las obligaciones contractuales sólo por parte de una de las partes? Cierto. Pero también aquí la Economía tendría algo que decir.
Para la Economía no hay valores absolutos. El valor de cualquier cosa, incluso de la "conciencia" es relativo. Y, además, podría en principio calcularse monetariamente. Los economistas hablan del valor de uso de algo para alguien como aquella cantidad de dinero que ese alguien exigiría a cambio de desprenderse de ese algo, o también como la cantidad de dinero que ese alguien estaría dispuesto a pagar por adquirir ese algo. Por supuesto, los muy fariseos morales suelen decir que su conciencia "no tiene precio", pero los economistas sabemos que no es cierto, que hay muy pocas cosas que "no tengan precio" (una de ellas: la vida de nuestros seres queridos por la que estamos dispuestos a pagar el precio más alto: la propia vida). En suma, que estoy convencido que una adecuada compensación monetaria disiparía la mayoría si no todas esas "objeciones de conciencia".
