España
Como ya te digo en otro hilo, tu bola de nieve se funde a la luz y al calor de la verdad, pero en todo caso, te vuelvo a sugerir que les des una ayudita a fiscales y jueces, pues parecen necesitarla, la "cosa" ya les quema. Seguro que sabrán ser agradecidos.
La vía penal sólo sirvió para distraer la atención de la opinión públicas con esa cortina de humo, para que la gente descargase su ira contra los dirigentes de las empresas y así, ocultar su responsabilidad en los hechos los dirigentes políticos.
!muy astuto por su parte!.
Pero de la vía penal no vamos a obtener ninguna compensación económica (responsabilidad civil subsidiaria) porque los Fiscales y Jueces dePenales tienen clara que su misión es que se condene penalmente a los directivos dce las empresas pero sin imputar penalmente a ninguna Autoridad ni funcionario del Estado Central.
Merece destacer la enorme CONTRADICCION DE LOS fISCALES Y jUECES pENALES QUIENES, PARTIENDO DE QUE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ERA PROPIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO, no imputan a los responsasbles del Banco de España que - siguiendo esa tesis de la actividad financiera propia de >bANCOS - ERA QUIEN TENÍA QUE HABER INTERVENIDO LAS EMPRESAS (como han hecho con Bankia), pero eso hubiera significado reconocer automaticamente la responsabilidad de los Organismos supervisores en el descalabro y ruina de los cerca de medio millón de afectados.
Pero, YA ESTAMOS CURADOS DE ESPANTO después de ver la cantidad de contradicciones en que vienen incurriendo desde hace 6 años los organos administrativos y Judiciales del Estado. Son PRESUNTAS PREVARICACIONES EN CADENA, y todco para no reconocer que deben resarcirnos de todos los daños y perjuicios que nos han causado. ¿ Qué hemos hecho para que nos traten como ciudadanos de tercera división ?.
Nuestro mayor pecado fue desafiar a la poderosa banca (con Botín a la cabeza), invirtiendo nuestros dineros fuera de su "círculo virtuoso", algo que los amos no podían tolerar.
De acuerdo Mendieta, pero eso es demostrable?si es asi vamos a por ellos.
PIDO PERDON POR EL "TOCHO", PERO NO TIENE DESPERDICIO
¡Camarero, una de impunidad absoluta! Marchando.....
No hemos llegado a este barrizal, a esta ciénaga por casualidad o por el designio de los dioses, ni por la torpeza de la población.
Hemos llegado de la mano de nuestros representantes políticos en pleno compadreo con quienes ostentan el poder económico. Mientras la fiscalidad se iba extendiendo a todas las capas de la sociedad la Agencia Tributaria no dejaba de pasar una a los que dependen de un sueldo o un pequeño negocio. Los potentados, las grandes empresas y sobretodo los bancos se las inventan todas para no pagar un triste euro. Así, año tras año, impunidad tras impunidad se ha ido consolidando un Estado donde los impuestos indirectos y el escaqueo fiscal de los poderosos se institucionalizó. En 1986 los más altos responsables del Banco Santander diseñaron la puesta en marcha y la comercialización de un producto que se conocería como “cesión de la nuda propiedad de créditos”, o abreviadamente “cesión de crédito”, destinado a incrementar los recursos y los beneficios del banco a cambio de facilitar a sus clientes un medio para la elusión tributaria y el blanqueo de capitales.
Se trataba de reconocer una alta retribución al dinero depositado, que hubiera sido utópica en el ejercicio de una actuación bancaria normal u ortodoxa, pero que se obtenía en la práctica por ese “nuevo” procedimiento que garantizaba la “opacidad” y el incumplimiento de las obligaciones tributarias. El “producto» se comercializo durante el periodo 1986 a 1992; el numero de cesiones fue de 42.274, y su valor global ascendió a la exorbitante cantidad, en aquellos años, de 432.965 millones de pesetas. Según el informe pericial solicitado por el Juzgado instructor, 9.566 de estas operaciones, por importe de 145.120 millones, se califican de titular “discrepante”, al haberse empleado titularidades falsas (personas que desconocían la operación o que incluso habían fallecido), para formalizar las cesiones.
De esta suerte, se llego incluso a tomar el nombre del ordinario de Tarragona, por lo que el sorprendido prelado, que, con perdón, no sabia de la misa la media, al ser interrogado por los periodistas sobre un asunto tan “opaco”, no dudo en contestar con encomiable sentido del humor: “Señores, confieso que en mi larga vida pastoral he cometido muchísimas faltas, pero ahora no puedo arrepentirme de las cesiones de crédito, como ustedes llaman a esas cosas, porque ni siquiera sé lo que significan”. Estamos, pues, en presencia de una actuación bancaria del Santander en detrimento de la Hacienda Publica con más de cuarenta mil clientes implicados en la vastísima trama. Los clientes aceptaron la oferta del Santander pensando en la seguridad que les ofrecía algo que había planeado una entidad tan poderosa y respetable. En apariencia, el “producto” ofertado por la entidad bancaria consistía en la venta a la clientela de determinados créditos concedidos por el propio banco a otros clientes suyos. Para ser exactos, se trataba de algo más sofisticado, puesto que no se cedían los créditos propiamente dichos como unidades económicas, sino su nuda propiedad. Por lo que el Santander cobraba una comisión, mientras que la remuneración al cliente consistía en la diferencia entre el valor “actual” del crédito y su valor “al vencimiento”, es decir, el valor de compra incrementado con los intereses devengados por el crédito desde el momento de su cesión hasta que vencía.
Los funcionarios de Hacienda tardaron su tiempo en actuar, cuando lo hicieron el Banco Santander ya estaba encumbrado en la cima y había conseguido su propósito y todavía más. Cuesta entender que un producto financiero destinado a zafarse, descaradamente, de la fiscalidad y difundido a gran escala por una solvente entidad financiera no precisara de la conformidad de las autoridades económicas, misterio que de resolver no daría lugar a que al Estado se le pudiera torear como una vaquilla entre la risotada de los que se mofan a mandíbula batiente. Lo dicho, era tanto como emplear el puño de hierro con los contribuyentes ordinarios y el guante de seda con las entidades financieras con derecho medieval de pernada. Miles de millones, de las antiguas pesetas, le dieron esquinazo al Erario público por las “cesiones de crédito”. Así y todo el banco de los Botín tuvo que bregar lo suyo. Las cesiones ideadas no reunían las exigencias legales; no eran más que una simulación negocial con fines ilícitos, por la que el banco recibía una cantidad en metálico del cliente, lo que, en vez de originar la apertura de una cuenta corriente, de ahorro o a plazo, con una remuneración correcta en forma de intereses, se mantenía como “dinero opaco” en las cajas del banco al amparo de una inexistente cesión.
Al cliente se le entregaba un peculiar “recibo”, según el cual el banco decía haber tomado “para su custodia” el documento de “cesión crediticia” que quedaba en su poder “para su gestión de cobro y ulterior reembolso”. Y a fin de cubrir el principio de especialidad, el recibo detallaba el nombre de un deudor cualquiera del propio banco, una cantidad y un vencimiento, pero la cesión realizada no se le notificaba a ese supuesto deudor, era tan sólo una maquinación. Pero el problema, y gordo, para que la operación fuera opaca al fisco, consistía en suplantar con otro nombre a quien adquiría tan fantástico producto financiero. La solución a este gordo problema la podría dar un niño de seis años. Si no se puede poner un nombre pues que se ponga otro, y así aparecieron en escena miles de fallecidos, entidades imaginarias, testaferros, indigentes y hasta figuraban alias. El esquema completo estaba basado en una pirámide y con tantos intermediarios que hacía su comprobación casi imposible pero servía de tapadera.
Los funcionarios de Hacienda se toparon con la fortaleza inexpugnable de los Servicios Jurídicos del banco, una tropa pretoriana que rivaliza en distinguirse por su ferocidad al darle la vuelta a los hechos más evidentes. El asunto llegó finalmente a manos de la justicia, o de la injusticia si se prefiere debido a como acabó. El procedimiento judicial se demoró lo suyo, más de catorce años, y pasó a los anales de la historia judicial española como el triunfo esplendoroso del poder del dinero tratado con guante de seda. Se pasaron años, entre dimes y diretes, para responder a la petición del juez para que el banco proporcionara el nombre de las personas que habían adquirido el producto financiero. El Departamento de Inspección del Ministerio de Economía y Hacienda fue toreado por el banco una y otra vez, siempre con un argumento sacado de la manga. Acabó facilitando el importe de las operaciones pero retenía la identificación de los titulares, por tratarse, según indicaba, de operaciones vencidas. Esto continuó así hasta que al juez Miguel Moreiras se le hincharon las pelotas e imputó como responsable del fraude, el mayor de la historia española, al presidente del Banco Santander y a todo el consejo de administración.
A partir de ahí, al observar consternados de que el juez se había vuelto loco y que incluso había determinado una cuantiosa cifra de muchos ceros en concepto de fianza, Emilio Botín y la cúpula del banco cambiaron radicalmente de opinión: ellos, ni por asomo, habían fabricado, promovido, o comercializado un producto para zafarse de la fiscalidad, habían sido los clientes que con una imaginación desbordante, y con una fobia hacia la Hacienda Pública se escaqueaban de sus obligaciones fiscales. Ellos se habían resistido hasta lo imposible pero su inocencia estaba por encima de todos, quien tuviera que pagar que pagara y soltaron el listado con los clientes infieles. Parecía que este mal cuento estaba destinado a que provocara una sonora carcajada en el ámbito judicial, echarle la autoria del fraude fiscal a los clientes era, cuanto menos, insultar la inteligencia del juez y compañía. El fiscal del caso y el abogado del Estado confirmaron, vehementemente, que Botín y la cúpula del banco estaban en lo cierto, los clientes eran los defraudadores, por lo tanto no hacía falta que vinieran a declarar al juzgado y perdieran una mañana de su valioso tiempo, el caso se podía dar por cerrado.
El fiscal del caso y el abogado del Estado no se hicieron esperar en mostrar su conformidad en el disparatado argumento del primer banquero del país. El fiscal en su escrito al juzgado se manifestó: “Por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el que terminaba interesando del Juzgado que acuerde el sobreseimiento libre respecto a las personas del Banco Santander que, a lo largo de esta causa, han sido citadas como imputados, y respecto de ….” . El abogado del Estado no se quedaba corto suplicando al Juzgado: “acuerde la no exigibilidad a los administradores del Banco Santander de responsabilidad penal ninguna por cooperación necesaria en comisión de posible delito fiscal en relación a los principales invertidos por los clientes, y con respecto al presunto delito de falsedad, considera que dicha imputación es insostenibles ..” .Era de suponer que el fiscal, encargado de velar por la legalidad, y el abogado del Estado, responsable de cuidar los intereses del Erario público, iban a poner su mejor empeño en colaborar con el Juzgado instructor y apoyar con su decidido impulso la investigación sumarial. Pues no, estos angelitos hicieron exactamente lo contrario. ¿A qué intereses sirven en realidad tan cualificados funcionarios, que cobran del presupuesto del Estado, para defender el interés público? Se trataba, hasta la fecha, del mayor fraude fiscal cometido en España.
Todas las evidencias, pruebas documentales, testimonios no sirvieron para nada. El juez Miguel Moreiras se vio obligado, al aliarse, con descaro, la acusación con la defensa de los imputados, a cerrar el caso con más pena que gloria. El juez, Moreiras duró poco en su cargo y fue desterrado a las quimbambas en un juzgado de una población rural para que impartiera justicia entre agricultores y ganaderos por la disputa de un linde o una vaca. Los asuntos de Estado son palabras mayores y no pueden estar en manos de descerebrados, esta fue la sentencia inapelable que dictó Emilio Botín y se cumplió aminorada ya que el banquero exigía la expulsión del juez de la carrera judicial. No quedaba duda de la autoria intelectual, el producto financiero había sido diseñado e implantado por el banco, existía, a su vez, abundante correspondencia entre la dirección y los centros regionales facilitando instrucciones a los directores de oficina que lo acreditaba, ya que no podía ser de otra manera.
Incluso el banco, ante la avalancha de clientes, tuvo que comisionar a uno de sus empleados para que se recorriera los cementerios de España facilitando nombres de difuntos. Tan seguros estaban de su impunidad que ni tan siquiera tomaron la precaución que los nombres extraídos de las tumbas y nichos, uno al lado del otro, coincidiera con la numeración consecutiva del fabuloso producto financiero. Series enteras de “cesiones de crédito” correspondían con nombres de un mismo cementerio calle por calle. Quienes apechugaron con el marrón fiscal fueron los clientes. No todos llevaron su dinero negro concientes de que el Banco Santander había descubierto la sopa de ajo de retribuir a buen interés por un dinero opaco. Otros explicaban otra versión, como la expuesta por Antonio Pontón Gamela, de Guadalajara en un escrito dirigido al director de la oficina de su población. Se trata de una carta obrante en los legajos del procedimiento judicial. Dice así: (literal)
“El motivo de la presente es para comunicarle por escrito la historia sobre Hacienda, que usted ya conoce, para que la haga llegar a instancias superiores dentro de la organización bancaria de la que forma parte. Desde hace más de diez años soy cliente de ese banco y con usted son ya tres los directores que he ido conociendo en el transcurso de estos años.
Siempre he confiado mi dinero, mucho o poco, blanco o negro a esta entidad y siempre me he dejado asesorar por los distintos directores, como usted bien conoce. Su antecesor en el cargo, Sr. Vallejo, en su día me asesoro, creo que con la mejor intención, sacar el dinero que poseía en esa época en pagarés del tesoro y en cuentas familiares e invertirlo en “Cesiones de Crédito” un producto “negro” que en aquel tiempo ofrecía su banco. Así lo hice y me fueron pagando los intereses hasta que, repentinamente, el Sr. Vallejo fue trasladado y aquí es donde ya entra usted.
Al poco tiempo de su llegada me comunicó que su entidad se veía obligada a comunicar a Hacienda el nombre de los tenedores del producto “Cesiones de Crédito” y que me ofrecía dos alternativas: cambiar el nombre o pagar una complementaria blanqueando la imposición.
Como usted recordará optamos por la primera posibilidad e hicimos venir a mi tía Cándida, la cual firmó los documentos correspondientes y al mismo tiempo rompimos los que existían a mi nombre. Hasta aquí todo correcto, yo quedé con la conformidad de que todo se había realizado según usted había propuesto.
En febrero de este año recibo una citación de la Inspección de Hacienda para revisar los cuatro últimos años. Preparo toda la documentación y envió a mi asesor fiscal con la conciencia de llevar todo correctamente. Mi sorpresa es cuando mi asesor fiscal me hace saber que en la Inspección consta mi nombre como tenedor de 14.000.000 de pesetas en “Cesiones de Crédito” según le ha comunicado el Banco Santander”.
Que necesidad tenía este cliente del banco de meterse en esta añagaza, que acabó de caer con estrépito, sino fuera por la recomendación de su entidad ya que tenía sus ahorros en pagarés del tesoro. ¿No os recuerda este proceder con lo acontecido con las participaciones preferentes? Los líos y las estafas se repiten en un carrusel que detrás de una viene otra. Quien resolvió el monumental dislate a su favor fue el propio Emilio Botín cansado que la asesoría jurídica del banco le anunciara que el asunto iba por buen camino, pero pasaban los años y se seguía en el pantano. La fantasía provenía de su propia cosecha, y lo exponía convencido que eran los clientes los defraudadores fiscales. Cuando los servicios Jurídicos del banco escucharon, de propia voz, la perorata del presidente no se lo podían creer, es más, llegó a afirmar que podían echar pa lante, sin miedo, con este argumento ya que el Gobierno estaba de acuerdo, y que ya se apañarían ellos en soslayar los vericuetos judiciales. Ninguno de los juristas congregados en el despacho presidencial se atrevió a poner en duda las palabras del presidente del banco aunque el argumento era de locos. Todo había tenido lugar unos días antes en ese mismo despacho. Botín convocó al ministro de Hacienda a una reunión urgente.
La siguiente conversación puede variar en su literalidad ya que corrió de boca en boca sin saber de cierto toda su extensión. Hecha esta precisión continúo. Emilio Botín sin disimular, como era de costumbre, su cólera y sin preámbulo alguno le soltó a bocajarro.
-O haces algo o ya te puedes ir despidiendo de mi apoyo. Y ya sabes lo que esto significa para ti y tu familia. ¿Tú sabes que han puesto precio a mi cabeza; lo sabes?
-No exageres presidente, tan sólo el juez Moreiras pretende fijar una fianza.
-Pero que dices, ese tipo pretende llevarme a la cárcel, lo oyes, lo oyes bien, me ha ¡imputado! Me ha ¡imputado a mí! –Botín ya se estaba subiendo a la parra, sus gritos se oían por toda la planta noble y servicios adyacentes.
-Tranquilízate presidente todo está por resolver, hemos hecho todo lo posible en este asunto, e incluso más de lo que procede, saliéndose del elemental decoro y las buenas prácticas en cuanto hace a la administración de justicia, para que el asunto quede en agua de borrajas en beneficio de los principales imputados –dijo como pudo el ministro.
-Todo lo que dices son monsergas, tu sabrás lo que te conviene hacer. Te recuerdo que el banco tiene vencidos tus préstamos, créditos y requetecréditos con que nos has ido sableando tu, tu familia y tus empresas. –dijo el presidente del banco en el tono que más le gustaba expresarse para que no hubiera ninguna duda que profería una amenaza.
-Presidente, no creo que sea el momento más oportuno para echarme en cara este asunto.
-¿Cuándo te parece a ti oportuno, mañana, pasado … cuando? Que sepas que mi dinero no tiene momento oportuno para reclamar lo mío. ¿Te enteras?
-Fíjate, presidente –trataba de razonar el ministro – primero se ha tratado de eliminar una parte grandísima de las operaciones aumentando el límite del delito fiscal a quince millones de pesetas, lo cual ha permitido despejar el camino para dejar sin efecto multitud de infracciones que podían dar motivo a una acusación penal.
-Todo lo que me dices son chorradas, sois un atajo de incompetentes en vez de dejar que me empapelen tendrías que hacerme un monumento por haber acabado con el dinero negro que circulaba por el país –dijo Botín encaminando el asunto a su redil.
-No entiendo, lo siento presidente no lo entiendo.
-No esperaba menos de ti, de tu Gobierno y tu partido, sois un atajo de asnos sino fuera por mi y por las cesiones de crédito todavía tendrías a la mitad de los españolitos anónimos con su dinero en el colchón, ¡Yo, yo os daré sus nombres! Atajo de asnos.
-Pero si esto es lo que pretendemos hace años, presidente. –dijo extrañado el ministro.
-Pero me imputáis a mí y a mi consejo cuando son exclusivamente los clientes los defraudadores al fisco.
-Perdóname, presidente, pero se te imputa a ti y a tu consejo porque sois los responsables de la maquinación de poner en el mercado un producto para defraudar a Hacienda.
-No te quiero oír más –dijo exaltado Botín poniéndose en pie como impulsado por un muelle- ni una palabra más; cambias al fiscal del caso, cambias al abogado del Estado y los que vengan que vengan con la lección bien aprendida: los clientes son los defraudadores y nadie más.
Despejado del mapa el juez Moreiras el asunto pasó a la jueza Teresa Palacios que con el fiscal en contra y el abogado del Estado que nada tenía que reclamar al Consejo de Administración del Banco Santander todo quedó listo hasta que se consume el próximo expolio de las arcas públicas que se fue repitiendo de tal manera hasta que la vaca anoréxica no dio más de si. Y ahora estamos donde estamos. Queda un misterio más que desvelar, el “ministro” e interlocutor de Emilio Botín en esta esperpéntica conversación no es otro que Rodrigo Rato.
Botín tenía cogido a Rato por el bajo vientre, apretando y retorciendo, por el asunto fallido de su empresa familiar Aguas de Fuensanta que finalmente Banesto adquirió para no ejecutar los préstamos y créditos concedidos.
Fuente (http://ataquealpoder.wordpress.com/)
si los jueces y fiscales son tan agradecidos como parecen ser los imputados y sus enlaces con los que "luchan" en los foros por ellos, seguro que valdrá la pena hacer un esfuerzo. viendo el teson y los cabezazos contra la pared de esa piara de "defensores" hay que pensar que son bien pagados y..agradecidos.
Si esto es cierto, los afectados de AFINSA Y FORUM YA PODEMOS IR TIRANDONOS DE UN PUENTE, Y SIN ARNES,por que nonos devolberan ni un culin, que hijos de p... bueno yo lo tengo claro si no recupero mi dinero,repito mi dinero sudado año tras año, algumo se vendra con migo, no se quien pero se vendra,alguno por siacaso que vigile bien su trasero
No voy a entrar a censurar tus lamentables modales literarios, allá cada cual con sus actos.
Sin embargo me permito nuevamente recalcar que seis años parece un período de tiempo más que razonable para terminar de instruir un caso que "estaba cantado". ¿O quizá no?
Yo no sé quién te pagará a ti. A mí me pagan mis clientes y lo tengo que pelear duro, las cosas no están nada fáciles para autónomos y pymes.