Condenas definitivas para los exdirectivos de Afinsa.

Perdón Angelibus me he confundido

No pasa nada, desgraciadamente todos nos confundimos, sino este mundo sería asquerosamente maravilloso.

24.11.2017 – 05:00 H.

La sentencia del caso  Afinsa que  el jueves notificó el  Tribunal Supremo ha dejado una sacudida colateral en la  Abogacía del Estado. Uno de los condenados,  Joaquín José Abajo Quintana, es abogado del Estado en activo y actualmente está destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia lo condena a seis años de cárcel como cooperador necesario en la estafa continuada. Este era de los abogados del Estado que  tenían concedida la compatibilidad, y trabajaba a la vez defendiendo al Estado y como secretario del consejo de Afinsa.

El juicio de Afinsa dejó un testimonio revelador sobre altos funcionarios con la compatibilidad concedida. Interrogado por el fiscal  Alejandro Luzón, hoy fiscal jefe Anticorrupción, Abajo Quintana reconoció cómo podía trabajar a la vez defendiendo al Estado y en Afinsa. "La relación entre Afinsa y yo siempre fue una relación verbal.  Jamás se puso por escrito. Jamás fue laboral. Entre otras razones porque eso hubiera sido incompatible con mi función de abogado del Estado en activo". En la vista, llegó a admitir que a veces usaba papel con membrete de la abogacía para hacer papeles de Afinsa. 

La sentencia del Supremo le otorga un papel relevante en la estructura: "El señor Abajo Quintana,  abogado del Estado en ejercicio, ocupó desde 1997 el cargo de secretario general y director general corporativo, presidiendo durante 2001 y 2002 el comité corporativo, órgano de coordinación. Durante ese tiempo fue secretario no consejero del órgano de administración, además de secretario del comité ejecutivo y de la comisión delegada. Tuvo  directa intervención en las decisionesrelativas al negocio y a sus aspectos formales jurídico-contables. Dirigió el departamento jurídico, integrado en el comité corporativo, desde el que se organizó la forma de la relación con los clientes, siendo el encargado de la redacción de los contratos y de su modificación para adaptarlos a los requerimientos del mercado y de la legislación, siempre con la intención de ocultar la realidad del negocio".

Y añade: "Los directivos de Afinsa habían diseñado una forma jurídica singular y eficaz para documentar la actividad y tratar de encubrir la verdadera realidad del negocio, tarea dirigida por el señor Abajo Quintana. La complejidad de la forma jurídica llegó hasta el punto de dotar a esta operativa de una apariencia de relaciones mercantiles masivas que tenían por objeto la compra y venta, la comisión, la inversión y el depósito de sellos, con  casi 200.000 clientes y un patrimonio de 150 millones de bienes filatélicos".

El trabajo estaba bien retribuido. "Joaquín José Abajo recibió por servicios profesionales 703.937 euros entre 1999 y 2006 (de Afinsa) y 11.409 euros en 2003 y 2004 (de Auctentia), además de  230.455 euros de manera oculta. En 2005 y 2006 facturó 1.140.564 euros en igual concepto a través de su sociedad patrimonial Jomir Dos SL, de la que era socio y administrador junto a su cónyuge". Por todo, lo condena como "cooperador necesario de un delito continuado de estafa agravada a las penas de seis años y tres meses de prisión" más multa, y es de los que deben devolver junto con el resto de directivos los 2.500 millones que estafaron a 190.022 inversores. No dice nada de su plaza de funcionario.

Claro y meridiano como la vida misma. Tengo gran interés en leer la Sentencia cuando llegue a mis manos.

Me resulta curioso lo de la compatibilidad del delincuente ya declarado por Sentencia Don Joaquin José Abajo Quintana, porque yo como funcionario también tenía concedida la compatibilidad, que inicialmente me hacian renovar anualmente hasta que sacaron una disposición por lo que se hacía permanente mientras no cambiaran las circunstancias de mi actividad profesional, en dicha comunicación de concesión de la compatibilidad dejaban siempre muy claro lo que no podía llevar a cabo, como era de tratar situaciones que por mi puesto en función pública pudiera tener información privilegiada o poder para tomar decisiones interesadas, incluyendo igualmente hasta horarios incompatibles y también la no existencia nunca de conflictos de intereses. Dicha compatibilidad la ostente tanto cuando pertenecia a la Administración Central, como cuando aparecieron las autonomias y nos obligaron a incorporarnos a las mismas.