Yo trato de aplicar la lógica a lo que está ocurriendo, pues ante todo debemos mirar con ojo crítico lo que va surgiendo cada día.
Las asociaciones de consumidores viven de las cuotas de sus socios y de las subvenciones del Estado. Por tanto, si reciben dinero del Estado no van a ir contra él. Y nosotros necesitamos ir contra la Administración pública para exigir que no nos cueste ni un duro el recuperar nuestro dinero, pues si hemos sido estafados ha sido por su negligencia y sus ocultos intereses que han hecho dejar que estas empresas continuaran su actividad sabiendo que cometían irregularidades. Pero es que es más, incluso podríamos pedir responsabilidades a las asociaciones de consumidores, pues ellos con ese dinero del Estado (= de todos nosotros) sólo han informado de esas irregularidades a sus socios en su revista "Dinero quince", ¿y el resto de los ciudadanos qué?
Lo prioritario ahora es formar una asociación sólo nuestra de los afectados (excluidos incluso los asesores comerciales también afectados, pues ellos son trabajadores de Forum y Afinsa y sus intereses son distintos, ya que en la lista de acreedores ellos figuran por ley antes que nosotros). Pero lo que añado ahora es lo IMPORTANTE: es esta asociación de afectados la que ha de ser a la vez ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES AFECTADOS para exigir al Estado que nos dé a nosotros directamente dinero de la subvención de 2 millones de euros que aprobó el viernes para las 10 asociaciones de consumidores del Consejo. Si somos muchos en nuestra propia asociación, el Estado no se podrá negar a darnos el dinero aunque no estemos en el Consejo de Consumo. Y entonces está claro que ese dinero irá directamente a costear la defensa jurídica y a sufragar los gastos que genere la asociación (papeleo, local, etc.).
Yo ya he tanteado a varias asociaciones por teléfono o en sus charlas, y el discurso de todas es el mismo: cobrar cuotas de socio (30 o 40 € al año y luego veríamos las costas del proceso judicial, ¡esto dicho por Adicae el mismo viernes!), no movilizarnos de momento y ver muy difícil el pedir responsabilidades a la Administración. Está claro que están haciendo el juego al Estado: la gente quietecita. Por eso al Estado le interesa canalizarlo a través de las asociaciones de consumidores y no con nosotros directamente. PERO SI NOSOTROS NOS CONVERTIMOS EN OTRA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES, ya no le queda coartada al Gobierno para negarnos subvenciones.
Y entonces con ese dinero podremos estudiar lo del bufete de abogados. Pero además debemos INTENTAR PRIMERO DAR CON ABOGADOS Y PROCURADORES TAMBIÉN AFECTADOS para que ofrezcan sus conocimientos, estemos más seguros de sus consejos y nos salga más barato. Lo más indignante para mí es que tengamos que soltar dinero para defendernos de una situación creada por la Administración (del Estado y Comunidades Autónomas, con conocimiento añadido de instancias oficiales como Aduanas, Policía y Guardia Civil por el blanqueo de dinero), que no quiso actuar en su momento y que ahora vete a saber por qué interviene de esta manera.
También considero FUNDAMENTAL ANIMAR Y NO FRENAR A LA GENTE QUE QUIERE SALIR A LA CALLE. El tema se está olvidando en los medios de comunicación y entre tanta desinformación hay mucha gente que ya está optando por las asociaciones de consumidores. Hay que evitar esto, pues supone la división y el que luego no se enganche gente a nuestra asociación de afectados. Al mismo tiempo, muchas personas me dicen que hay que hacer ruido en la calle; aunque no saben aún por dónde tirar, son conscientes de que la protesta en la calle es la única manera de presionar a la Administración. Y esto no debe ser posterior a la formalización de la asociación sino que hay que aprovechar esas energías y esa presencia aún importante de la gente en la calle. Cuando acaben las supuestas charlas informativas de las asoc. de consumidores, ¿dónde iremos a buscar a la gente afectada para que se una a nosotros? Debemos aprovechar ahora
