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El Gobierno quiere pagar la ronda de Fórum y Afinsa, y la oposición está dispuesta a aplaudirle
@Jesús Cacho
Jueves, 25 de mayo de 2006
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Dicen las agencias que el Congreso de los Diputados debatirá hoy la creación de un fondo “para ayudar a recuperar sus ahorros” a los afectados por la presunta estafa filatélica cometida por Fórum Filatélico y Afinsa, y la primera contradicción aparece palmaria en la mera formulación del aserto, porque “ayudar a recuperar” los ahorros de alguien es una cosa, y crear un fondo para un caso de estafa como el que nos ocupa es otra, y conduce directamente, al menos en teoría, a rembolsar a los afectados el dinero perdido en el envite.
Curiosamente, o no tanto, son PP y CiU quienes apadrinan sendas mociones al respecto. Ambas formaciones propondrán al Gobierno medidas dirigidas a que los afectados recuperen su dinero a través de un fondo de garantía (iniciativa del PP) o un fondo asistencial (matiz CiU, que considera que los sellos no son productos financieros).
Era evidente desde el primer día que la dimensión del escándalo, con 350.000 afectados, y el paralelo estupor causado por la ausencia de cualquier clase de vigilancia de las Administraciones sobre tal comercio, terminaría traduciéndose en algún tipo de intervención de papá-Estado dispuesto a pagar la ronda.
Parece claro que en una aplicación estricta de los principios del Derecho Administrativo, los afectados sólo podrían exigir responsabilidades jurídicas y patrimoniales a la Administración si se demostrara ante los tribunales que ésta ha faltado a sus obligaciones “in vigilando” y/o que disponiendo de indicios suficientes para haber impedido el atropello, se comportó negligentemente mirando hacia otro lado y dejando hacer. Podría ser el caso de los 40.000 afectados últimos que se apuntaron al invento después de que la Agencia Tributaria hubiera suministrado al Ejecutivo algún indicio de lo que se estaba cociendo.
En otro caso resulta muy difícil, desde la perspectiva de una economía de mercado donde se supone que cada ciudadano es responsable de sus actos, justificar una intervención salvavidas del Estado no existiendo, como no existe en ningún país de la UE, un esquema similar al del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) bancarios, al no ser el sello un negocio financiero.
Desde este punto de vista, no dejaría de resultar anómalo que unos señores que han apostado por unas inversiones de riesgo vieran cubiertas sus pérdidas con dinero del contribuyente. En una economía abierta, la rentabilidad y el riesgo están estrechamente asociados. Los inversores de Fórum y Afinsa apostaron por unos activos que no eran seguros, en un mercado que no era líquido ni transparente, y han perdido. Y de la misma manera que el Estado no nacionalizó sus ganancias cuando obtuvieron rendimientos superiores a la media del mercado, ahora tienen que correr con las pérdidas. Los ciudadanos no deberían sufragar con sus impuestos ningún tipo de apuesta inversora.
Así es como funcionan las cosas en una economía de mercado. Y en un Estado de Derecho si los afectados logran demostrar, como parece obvio, que los gestores de esos fondos han actuado de forma dolosa, los tribunales de justicia les aplicarán la legislación penal que sea del caso, al tiempo que se procederá a la liquidación mercantil de las sociedades para cubrir con sus activos las obligaciones contraídas por el orden que establece la ley, y aquí paz y después gloria.
Lo contrario, además de crear un precedente peligroso para todo tipo de escenarios futuros, equivaldría a crear situaciones llamadas “de riesgo moral” susceptibles de estimular comportamientos imprudentes sobre el supuesto de que el paraguas del Estado está detrás de cualquier iniciativa individual.
Ocurre, sin embargo, que ese precedente ya existe: la cooperativa de viviendas PSV de la UGT, que en todo caso conduce a
