Dicen que hay "expectativas razonables" para los afectados
Acusan al Ministerio de Sanidad y Consumo de "responsable patromonial y jurídico de la crisis"
EFE - Eibar
El adjunto a la Presidencia de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Angel Garay, cree que existen "expectativas razonables" de que los afectados por la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico recuperen su dinero.
Esta asociación ofrecerá hoy una charla informativa dirigida a las personas afectadas por la presunta estafa de las compañías Afinsa y Fórum Filatélico. Garay ha explicado esta mañana que este asunto es un "tema complejo" y ha insistido en que el desarrollo de los acontecimientos "permite mantener la expectativa de recuperar lo aportado a estas sociedades por las personas afectadas".
"No debemos dar a entender un optimismo desmesurado, pero lo que sí es cierto es que se puede hablar de expectativas razonables de una recuperación de las cantidades aportadas", ha señalado Garay, quien ha acusado al Ministerio de Sanidad y Consumo como "responsable patrimonial y jurídico de esta crisis".
"La disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003 señala claramente que la autoridad de consumo es la que debía haber desarrollado el marco legal que hubiera impedido haber llegado a esta situación de crisis insostenible", ha afirmado el dirigente de Ausbanc, quien ha denunciado "dejadez" por parte de la Administración en los últimos 3 años en este asunto.
"Desde 2003 se llevaron adelante investigaciones por parte de la agencia tributaria sobre estas sociedades y es inaceptable que desde el Ministerio no se haya tomado medida cautelar alguna, que hubiera protegido a los consumidores durante este tiempo", ha indicado Garay, quien ha explicado que la toma de medidas "hubiera sido un factor muy importante de cara a rebajar el impacto económico que está teniendo esta crisis".
Según del adjunto a la Presidencia de Ausbanc, el caso Afinsa-Fórum Filatélico es "un ejemplo que muestra que el consumo no está bien atendido todavía en nuestro país, y que es necesario que la Administración General y las comunidades autónomas deben tomarse la defensa de los derechos de los consumidores como algo real y no sólo como un mensaje políticamente correcto, retórico y vacío de contenido".