El caso filatelico desde la prepectiva de abogados
Hoy, 9 de mayo de 2011, nos reunimos de nuevo aquí, en el Monumento a la Constitución para recordar que hace 5 años, los derechos constitucionales de más de 500.000 personas fueron gravemente conculcados.
El 6 de diciembre de 1978, los ciudadanos de España aprobaron con entusiasmo una nueva Constitución que terminaba con décadas de autocracia. La libertad, la democracia, la separación de poderes, los derechos políticos de participación y elección, la seguridad jurídica, la protección de las propiedades personales, la libertad de empresa y la interdicción de toda arbitrariedad jurídica.
Esta apuesta inequívoca por la protección de los derechos de los ciudadanos, las personas físicas y jurídicas, y las empresas que supone la Constitución de 1978 no ha sido respetada por los poderes públicos en el caso de los afectados de las sociedades mercantiles Forum Filatélico y Afinsa.
Hasta el 9 de mayo de 2006, los 450.000 clientes de estas dos empresas vivían confiados en que el Estado de Derecho les protegía frente a cualquier acción antijurídica. Llevaban años manteniendo una relación económica, importante para sus patrimonios, con unas entidades que llevaban 30 años instaladas y trabajando con normalidad en este país.
Estas empresas, Forum y Afinsa, iban creando delegaciones a lo largo y ancho de toda España. Contrataban miles de empleados y agentes comerciales. Una de ellas patrocinaba un potente equipo de baloncesto de la División de Honor española y el yate de regatas del Rey de España. La otra había conseguido una proeza para cualquier empresa española: adquirir una importante sociedad estadounidense (Escala Group) y que cotizara en el Nasdaq de la Bolsa de New York.
En esos treinta años, habían declarado impuestos de sociedad, de IVA, las cotizaciones de la Seguridad Social. En varias ocasiones, sus altos ejecutivos habían sido premiados en los más importantes foros empresariales. Elena Salgado y Josep Borrell habían firmado en sus Libros de honor con elogiosas frases para la actividad filatélica.
En Noviembre de 2003, las Cortes Generales, aprueban la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que contiene la Disposición Adicional 4ª. En ella, después de muchos años de vacío legislativo, se define el marco legal de la actividad filatélica y en general de la compraventa de bienes tangibles. Se define como una actividad de naturaleza mercantil bajo la competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En 2005, el propio Ministerio publica un folleto divulgativo dónde anima a los consumidores a adquirir bienes tangibles y sellos en particular para diversificar su actividad de inversión, dada la seguridad y seriedad de este mercado en España.
Por tanto, cualquier ciudadano honesto en la España anterior al 9 de mayo de 2006 tenía la firme convicción de que adquirir sellos con Forum Filatélico y Afinsa era una alternativa no sólo legal sino propiciada por las más altas autoridades del Estado: desde la Corona al Gobierno de la nación.
Pero lo que no sabían estos ciudadanos honestos que comerciaban cada día con ambas entidades es que, en el seno de la Agencia Tributaria, una funcionaria que lo ignoraba todo del mercado filatélico lleva a cabo la labor más contraria a Derecho que cualquiera puede llevar a cabo: contravenir de manera ilegítima el marco legal existente y partir del supuesto de que la actividad de dichas empresas no era mercantil sino financiero. Sí es cierto: la acción contra los clientes de Forum y Afinsa comienza con un acto contrario a Derecho. Por supuesto, el Director de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria en Junio de 2005 se opone a las conclusiones de la funcionaria Yábar. Pero ésta sigue con su cruzada contra ambas entidades y envía su estudio a la Fiscalía Anticorrupción y allí se pone en marcha de manera sigilosa la acción destinada a dinamitar dos de las principales empresas del país, saltándose todas las normas de intervención que dictan la lógica, el sentido común y la protección de los derechos de los clientes.
Si los fiscales y los jueces de la Audiencia Nacional sospechaban de la existencia de delitos cometidos por los directivos de ambas sociedades, ¿por qué no se les desposeyó de sus cargos preventivamente y se nombraron administradores judiciales que trataran de seguir adelante con la vida de las empresas para saber de primera mano el manejo del negocio y que éste no se perjudicara por el cierre de la misma? ¿Acaso se cerró Banesto cuando se destituyó a Mario Conde y el resto de los consejeros? ¿Y Caja Castilla La Mancha? ¿Y Mutualidad General?
No lo hicieron porque no se trataba de proteger a los clientes de Forum y Afinsa sino borrarlas de la faz de la vida económica del país, alegando que era un negocio financiero simulado y una estafa piramidal.
Han pasado 5 años desde entonces y las acciones penales siguen en fase de instrucción. No se ha pasado al escrito de acusación contra ninguna persona. Es decir, a fecha de hoy, NO HAY NINGUN ACUSADO de unos hechos que han destruido el patrimonio de 450.000 familias. Lo que sí ha pasado es que han quedado totalmente desmontadas las mayorías de las afirmaciones que los fiscales y sus acólitos en el mundo jurídico y mediático realizaron el 9 de mayo de 2006 y fechas posteriores:
• Frente a la afirmación de que los sellos no existían, aparecieron perfectamente archivados varios cientos millones de sellos.
• Frente a la afirmación de que la mayoría eran falsos, ha quedado perfectamente acreditado que los sellos falsos eran una minoría estadísticamente irrelevante, como los billetes falsos en un cajero electrónico.
• La SEC (Security Exchange Comission), que controla a las empresas cotizadas en el Nasdaq en EE.UU, alarmada por la intervención judicial de Afinsa, la matriz de Escala Group, inició un serio expediente para analizar la verdad de las acusaciones hechas en España. Las conclusiones fueron nítidas: Escala Group no realizaba ninguna actividad ilegal o de naturaleza fraudulenta.
• Y lo más importante: la afirmación de la funcionaria Yábar, los fiscales anticorrupción, los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, y los jueces de lo mercantil que llevan el concurso de acreedores no sólo ha sido desmentida por la legalidad y el sentido común sino por lo que más contundencia tiene en el Estado de Derecho: las sentencias de la sección contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.
Entretanto, la siniestra labor de destruir a estas dos empresas y sobre todo a sus clientes se ha llevado a cabo sin escrúpulos y sin pausa:
Las empresas fueron totalmente clausuradas y forzadas a entrar en concurso de acreedores por los administradores judiciales que , a partir del 9 de mayo de 2006, dejaron de pagar a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social
El Gobierno de la Nación, las asociaciones de consumidores encabezadas por Adicae y algunos medios de comunicación se dedicaron a acusar a los clientes de Forum y Afinsa de ser defraudadores fiscales (que no declaran su actividad filatélica a la Hacienda) y personajes oscuros que de manera vergonzosa buscaban conseguir duros a peseta a sabiendas que hacían algo malo.
Los cliente fueron impelidos desde el Gobierno a renunciar a sus derechos llevándoles a los brazos de bufetes de abogados que se limitaban a seguir la teoría de los fiscales sin dar alternativas a sus clientes o a las Asociaciones de Consumidores del CCU que llegaron a recibir subvenciones ilegales a tal fin, en sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Se han dictado sentencias incomprensibles en los que se exoneraba de responsabilidad patrimonial al Estado, en tanto se echaba por tierra la tesis de base de la actuación contra ambas sociedades (naturaleza fiscal simulada de su actividad). Al tiempo compañeros de sala de los firmantes de la sentencia, firmaban artículos donde se afirmaba que la responsabilidad de una decisión errónea como el cierre de Forum y Afinsa correspondía a los jueces de instrucción de la sala de lo penal de Audiencia Nacional.
Pero toda esta espuria actividad no ha logrado sus fines. Los procesos penales están totalmente empantanados y todavía queda pendiente la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los Servicios Jurídicos de Ausbanc.
Y, por supuesto, quedan pendientes otro tipo de acciones que se pueden realizar tanto en la exigencia de responsabilidades patrimoniales contra el Estado y la exigencia de responsabilidades penales contra los autores de este atropello. En la actualidad, el propio Tribunal Supremo está estudiando la admisión a trámite de alguna de estas querellas en el ámbito penal.
Fijaos si el Gobierno, y los fiscales que le obedecen ven difícil su objetivo de ganar esta guerra contra los 450.000 familias que lo que no pueden ganar en los Tribunales y ante la opinión pública lo quieren ganar con novelas mal inventadas y mal escritas. Ha vuelto a salir recientemente a escena un personaje de muy oscura trayectoria en el caso Forum Afinsa: Cristina Caballero. Esta periodista empezó su labor en esta crisis partiendo de una postura equilibrada y objetiva. Cualquier que lea sus artículos publicados en El Economista durante los primeros meses desde el 9 de mayo de 2006 podrá apreciar su visión crítica con ciertos aspectos de la intervención.
Se produce un cambio en la dirección del medio impreso en el que escribía e inopinadamente, esta periodista se vuelve en el ariete de las tesis de la fiscalía. Y es el arma utilizada por ésta para arremeter contra actores independientes como Ausbanc, comenzando una guerra sucia contra ésta con el apoyo de un bufete desaparecido en combate (bufete Ossorio) y una desprestigiada asociación como ADICAE, que iba cambiando constantemente de opinión y se aliaba con unos y contra otras según la fecha, interponiendo acciones judiciales en órganos equivocados. Por supuesto, Adicae acusaba el golpe de tener que devolver 600.000 euros que el gobierno le había pagado ilegalmente para defender sus tesis en la crisis.
Para tratar de sacar un nuevo y espurio beneficio de la clausura de Forum y Afinsa, Cristina Caballero apoyada por las personas más desacreditadas en este tema (la funcionara Yabar, los fiscales anticorrupción, el bufete Ossorio y ADICAE) ha tratado de justificar en un papel todo lo que la Fiscalía, el bufete Ossorio y Adicae han sido incapaces de acreditar hasta la fecha ante los Tribunales. Por cierto, también hay que mencionar en este siniestro equipo de liquidadores a Manuel Conthe que ha buscado obtener su parte de beneficios en esta oscura labor de fontanería de las cloacas del Estado, apoyando a su compañera de Editorial en la presentación de este libro.
Pero Cristina Caballero no ha medido bien sus fuerzas ni sus apoyos. Ha escrito en su libro y ha declarado en las entrevistas de su promoción afirmaciones que pronto llegarán a los Tribunales de Justicia para que se confirme judicialmente su naturaleza calumniadora e injuriosa. Y no solo servirá para poner a este personaje en su sitio sino para que quede claro quien miente y quien dice la verdad en esta historia.
La realidad es dura, amigos. Lo ha sido desde el 9 de mayo de 2006 y nunca lo hemos ocultado. Pero siempre os hemos dicho lo mismo y lo seguimos manteniendo el 9 de mayo de 2011: con las armas del Derecho en la mano, vamos a pelear hasta el último aliento por defender vuestros derechos, porque vuestra lucha es la de todos los ciudadanos. Queremos evitar el precedente de que un Gobierno se sienta confiado en destruir el patrimonio y las ilusiones legítimas de los ciudadanos honestos de este país.
Pero, para conseguirlo solo hay camino: no abandonar, no rendirse, no claudicar. Y por eso quiero volver a la frase que encontré en esta larga lucha y que considero que es la que más me anima cada día para volver a trabajar con vosotros:
Si luchas, puedes perder. Si no luchas, ya