PARDOS de ADICAE quería un sillón en el Consejo
“El presidente de Adicae quería un sillón en Fórum”
“En 2002 el señor Pardos comenzó a acusar a Fórum de irregularidades, pero nuestra actitud fue la de acercarnos a él. Tuvimos muchas conversaciones con el señor Pardos y el señor Herrero. Incluso les mostramos nuestros contratos, nuestros sellos, las cámaras de seguridad... pero no hubo receptividad hasta que Pardos nos habló de darles apoyo económico para ciertas actividades y publicaciones. En el año 2003 hicimos con ellos unos folletos explicativos sobre la inversión en sellos para Consumo. Luego el asunto se derivó a ASECI (Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión), y firmamos un convenio de formación con Adicae por valor de unos 100.000 euros.
El señor Pardos nos propuso formar parte de los consejos de administración de nuestras sociedades, pero consideramos que difícilmente podía mantener una posición crítica con el sector siendo presidente de una asociación de consumidores y estando en los consejos de nuestras empresas; además tampoco era experto en la materia. Nos pareció que su labor sería más efectiva en otro lugar”.
Así resume Francisco Briones sus contactos con el presidente y vicepresidente de Adicae, denunciada también ante el Instituto Nacional de Consumo por incluir publicidad en sus revistas, algo prohibido por ley a las asociaciones de consumidores.
El ‘cambio de postura’ de Adicae
Adicae criticó duramente a Afinsa y Fórum Filatélico hasta la firma del convenio de colaboración con ASECI -consistente en la publicación de publirreportajes sobre las bondades de la inversión en tangibles-, cuyo importe no llegó a ser cobrado por la intervención de la empresa, según declaró Briones a MD. Adicae es también la asociación que más dinero ha recibido del Ministerio de Sanidad y Consumo para defender a los afectados por el caso Fórum-Afinsa.
Se da la circunstancia de que las únicas asociaciones que han recibido subvención del Ministerio de Salgado para la defensa de los afectados son las que pertenecen al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), un organismo dependiente del Instituto Nacional de Consumo, que depende, su vez, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dichas asociaciones no contemplan, obviamente, la posibilidad de demandar al Estado como responsable patrimonial por dejación de funciones a la hora de regular su actividad. De hecho, Manuel Pardos ha celebrado que el Congreso rechazase “la barbaridad” de devolver a los afectados todos sus ahorros con coste cero para el Estado, que recuperaría las indemnizaciones cuando se liquiden los bienes de las empresas.
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