La cosa, amigo Sakia, es que nadie había anunciado hasta ahora que fueran chiringuitos, sino que pasaban por sociedades perfectamente respetables, cuyo máximo órgano de supervisión era el Ministerio de Sanidad y Consumo sus organos auxiliares el Instituto Nacional del Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Por eso, aunque hayan ciudadanos que no quieran que se concretara la ayuda pública para un caso particular aunque generalizado, el Estado sabe que tiene responsabilidad como vigilante al que han sorprendido al no prevenir ni impedir el caso antes, por lo que se abre una fase de evaluación entre el posible perjuicio total, las responsabilidades que le quedaran al Estado y el patrimonio que se recupere a las sociedades e implicados en las presuntas defraudaciones.
Hacienda por otro lado también ha dicho que es perjudicada de posible defraudación fiscal, luego la cosa no es tan sencilla. Por eso lo único que pueden hacer los afectados es tener unidad de criterio y no desperdigar iniciativas que dividen las razones.
Como hay un ministerio estatal que es el máximo responsable de la tutela del mercado de bienes tangibles, hay gente que piensa que lo mejor es dirigir a él todas las reclamaciones para que actúe. Tiene lógica.