Los bonistas de Popular ganan más que los accionistas de Santander siete años después de la intervención de la entidad
El rendimiento anualizado de la acción, dividendos incluidos, desde entonces es del 0,81%, mientras que los tenedores de la deuda han recibido un cupón anual del 1%. El banco podrá amortizar en diciembre esta deuda perpetua, y de no hacerlo, deberá pagar un cupón anual superior al 8,8%
Los afectados por la resolución de Banco Popular que recibieron el bono fidelización de Santander a finales de 2017 y que lo han mantenido hasta la fecha están de suerte: no solo no pierden dinero sino que ganan más que los accionistas de la entidad presidida por Ana Botín desde entonces. Siete años después de la intervención de la entidad -este viernes se celebra el aciago aniversario- y su posterior venta a Banco Santander por un euro, los tenedores de estos bonos han recibido desde entonces un cupón del 1% anual pagadero cada trimestre. Frente a ellos, los accionistas de Santander han logrado en este mismo tiempo un retorno anualizado del 0,81%, dividendos netos incluidos.
Mucho mayor es la ganancia potencial de aquellos inversores más intrépidos que optaran por comprar en el mercado secundario los bonos fidelización de Santander en los momentos más duros de la pandemia, cuando estos llegaron a cotizar al 70,525% del nominal (frente al 78% con el que arrancaron su cotización, es decir, cuando empezaron a cotizar el mercado solo estaba dispuesto a pagar 78 euros por cada 100). Estos se habrían embolsado ese 1% de interés anual más un 38,6%, dado que en la actualidad los bonos fidelización cotizan al 97,733% de su nominal, situándose en máximos.
Desde que la intervención de Popular la acción de Santander acumula un retroceso del 13,3% -desplome que llegó a mucho mayor en lo peor de la pandemia-. Ahora bien, incluidos los dividendos netos desembolsados por la entidad en este periodo, el retorno se eleva al 5,8%, lo que implica un 0,81% anualizado.
La resolución del banco provocó que los 300.000 accionistas de Popular perdieran todo su dinero. Santander optó por compensar a algunos de ellos con estos bonos fidelización. Fueron entregados de forma gratuita a aquellos inversores que habían acudido a la última ampliación de capital de Popular por 2.500 millones de euros -entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016- y a aquellos que compraron obligaciones subordinadas en las emisiones de 29 de julio y 14 de octubre de 2011: unos 115.000, de los que solo aceptaron unos 100.000. Aquellos que optaron recibir estos bonos se comprometieron a desistir de cualquier intento de reclamación posterior. Santander trató con ello de compensar a los pequeños inversores, ofreciendo hasta el 100% de su inversión a los que habían invertido menos de 100.000 euros.
Entre los mayores tenedores de esta emisión de deuda se encuentran, según datos de Bloomberg, vehículos de renta fija gestionados por Renta 4 y por Tikehau, seguidos por otros de Rathbone Brothers, Julius Baer o Bestinver.
Los bonos fidelización son valores perpetuos, si bien Santander puede amortizarlos totalmente a partir del séptimo año, esto es, este mes de diciembre. Según el folleto de emisión, si la entidad opta en diciembre por amortizarlos, el cliente recibirá el 100% del nominal más los cupones recibidos anualmente. Ahora bien, si opta por no hacerlo, deberá pagar durante los primeros cinco años una rentabilidad equivalente al
midswap a cinco años –tipo de interés libre de riesgo a ese plazo, que se sitúa actualmente en el 2,898%– más 594,7 puntos básicos (5,947%). Esto es, un 8,845%,
por encima del cupón del 6,875% que ha pagado esta misma semana BBVA por colocar 750 millones en cocos. Lo cierto es que esta deuda es igual que los denominados cocos: bonos contingentemente convertibles que se transforman en acciones si la ratio de capital de máxima de calidad (CET1) del Santander baja del 5,125%. Se trata de producto que se vende exclusivamente entre inversores institucionales, pese a que estos bonos fueron repartidos entre particulares, lo que provocó que se incluyeran advertencias sobre la complejidad y el riesgo del producto.
La entidad indicó en su momento que su intención era amortizarlos al 100% del nominal a más tardar en diciembre de 2024, criterio que, de mantenerse, implicaría que la entidad solicitara previamente la autorización al Banco Central Europeo (BCE). Fuentes del mercado consideran que lo lógico sería que Santander amortizara estos bonos a la par, si bien, también apuntan que a nivel comercial, y de cara especialmente a los pequeños tenedores, podría tener interés para la entidad mantenerlos en un momento en el que las rentabilidades de los fondos de rendimiento objetivo y de los depósitos tienden a ir a la baja.
No todos los inversores que acudieron a esa última ampliación de Popular ni aquellos que adquirieron deuda subordinada pudieron solicitar los bonos fidelización. Aquellos que invirtieron entre 100 y 100.000 euros recibieron una compensación del 100%; hasta un 75% fue la de los que invirtieron hasta 500.000 euros, porcentaje que bajó al 50% para los de hasta un millón de euros y a partir del millón no recibieron compensación de ningún tipo. Eso sí, el reparto fue realizado por tramos: aquellos que invirtieran 250.000 euros, recibieron el 100% de los primeros 100.000 euros y el 75% de los 150.000 restantes. En total, fueron compensados con 212.500 euros.
Los accionistas minoritarios del Banco Popular perjudicados por la caída de la entidad empiezan agotar las vías para conseguir una indemnización. La última sentencia de la justicia europea avalando el proceso de resolución, ha provocado el desánimo en gran parte de estos inversores, que han renunciado a seguir batallando en los tribunales. En noviembre de 2023, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) afirmó que el proceso llevado a cabo por la Junta Única de Resolución (JUR) no tuvo consecuencias extraordinarias para los accionistas, ya que recibieron el mismo trato que si la liquidación se hubiese hecho por un proceso normal y ordinario. Este fallo es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien la defensa de los minoritarios decidieron no emplear más esfuerzos ante la máxima instancia judicial europea.
Así, la mirada se centra en la Audiencia Nacional, donde centenares de inversores que participaron en la ampliación de capital de mayo de 2006 han reclamado una compensación por las pérdidas ocasionadas en esta inversión realizada justo un año antes de la desaparición del Banco Popular. El conocido caso Popular se encuentra ahora mismo en una fase intermedia en la que se resuelven los recursos planteados por los directivos de la cúpula dirigida por Ángel Ron que han sido procesados por estafa, al tiempo que las acusaciones (entre ellas la Fiscalía Anticorrupción) deben plantear sus peticiones provisionales de condena.
El juez instructor José Luis Calama propuso juzgar, el pasado mes de marzo, al expresidente del Popular Ángel Ron y a una decena de exdirectivos al entender que los accionistas participaron en dicha ampliación de capital “engañados” porque los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. En este sentido, el magistrado propuso juzgar también a PwC, ya que auditó las cuentas de la entidad y no indicó ninguna salvedad.
El Banco Santander se puede ver salpicada en esta causa judicial como posible responsable civil subsidiario del Banco Santander, como sucesora del negocio del Popular. Aunque, en mayo de 2022, el TJUE cerró la puerta a los inversores a hacer algún tipo de reclamación al Santander por las pérdidas ocasionadas en dicha ampliación de capital, el juez Calama ha aplazado la decisión sobre el estatus procesal de la entidad que dirige Ana Botín hasta el dictado del auto de apertura de juicio oral.
