Los precios públicos se desvinculan del IPC
La ley de desindexación que entró en vigor hace una semana desvincula los precios fijados para los servicios públicos del IPC. Esto significa que estos precios se modificarán de acuerdo, exclusivamente, con los costes del servicio, si éstos aumentan, el precio de los servicios públicos se incrementará y al revés si disminuyen.
En la exposición de motivos de la ley de desindexación se dice que “carece de sentido que le precio regulado de una prestación sujeta a obligación de servicio público o el de un contrato público se indexe a la evolución de precios y servicios sin incidencia directa en el coste de dicha prestación o suministro”. El motivo es contribuir a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad de la economía.
Esta normativa afecta a los precios de los transportes, las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones y a los precios de los contratos públicos.
También incluye un nuevo índice aplicable a los contratos del sector público y privado. Se llama Índice de Garantía de Competitividad y tendrá en cuenta la diferencia entre la inflación en España y la de la zona euro. Éste índice estaría entre el 0% y el 2%. Aunque en principio se aplicará a los contratos del sector público se pretende que se use también en el sector privado. En este último, si el pacto entre las partes no se especifica el índice de referencia se utilizará el Índice de Garantía de Competitividad.
Entre las cuentas del Gobierno, se calcula que los gastos de los hogares en bienes y servicios regulados suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias sería de unos 700 millones de euros.
¿Qué opináis de esta nueva ley?