El Gobierno probará a privatizar las teles autonómicas antes de cerrarlas
El Ejecutivo modifica la Ley de Comunicación Audiovisual para venderlas y evitar su cierre. Las abultadas plantillas y la caída de la publicidad y la audiencia resta atractivo entre los inversores.
La crisis económica se ha cobrado una nueva víctima en 2012: el modelo de la televisión pública autonómica. La deuda de 2.000 millones de euros que acumulan las 13 cadenas regionales y los 1.500 millones que se llevan cada año en forma de presupuestos han llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a abrir la puerta a su privatización, en lugar de cerrarlas, para acabar con el despilfarro.
El principal problema al que tienen que hacer frente los gobiernos autonómicos es al poco interés que despiertan estos entes públicos en el mercado. La elevada plantilla de las cadenas, unido a la caída del mercado de la publicidad y de la audiencia (bajó al 10,4 por ciento desde el 11,3 por ciento de 2010) complica mucho la viabilidad de los proyectos sin acometer fuertes ajustes de sus equipos. Por ese motivo, fuentes del sector aseguran que en lugar de acabar con el despilfarro lo más probable es que las autonomías saneen las empresas a costa del erario público para tratar de venderlas mejor.
Este paso, que responde a las demandas de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que lleva más de un año detrás de privatizar la gestión de Telemadrid, permitirá a los gobiernos regionales venderlas con el objetivo de sanear su déficit público (su deuda, empresas públicas incluidas, supera los 155.000 millones de euros).
Así lo avanzó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que evitó utilizar la palabra privatización en todo momento, pero que insistió en el doble objetivo de una reforma que el Gobierno considera estructural: se garantiza, por un lado, la viabilidad de las televisiones autonómicas y se abren, por otro lado, "mecanismos de gestión que ayuden a las cuentas públicas de las autonomías". "La crisis económica y los necesarios recortes del gasto público exigen un esfuerzo para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, así como nuevos instrumentos para lograrlo", insistieron desde el Ministerio de la Presidente, de quien depende la reforma.
Evitar cierres
La medida también busca evitar que las comunidades se vean obligadas a cerrar las televisiones por falta de liquidez dejando en la calle a los más de 10.830 trabajadores que conforman las plantillas de los 13 entes públicos. En los últimos años los canales regionales se han convertido en un despilfarro de dinero que en 2010 dejó un agujero de 500 millones de euros en las cuentas del Estado y que le cuestan a cada hogar unos 105 euros al año.
La crisis de la publicidad (hasta septiembre de 2011 cayó un 24 por ciento en los canales autonómicos) empujó a las comunidades a elevar un 44 por ciento las aportaciones públicas, pasando de los 1.081 millones de euros a los 1.563 millones. Un presupuesto que las comunidades, con un déficit de 3.000 millones de euros, no pueden permitirse el lujo de gastar.
Las primeras medidas que se tomaron a lo largo de 2011 iban encaminadas a reducir los presupuestos y las plantillas de las televisiones. Canal Nou (Valencia), con una deuda de 1.200 millones y una plantilla de unos 1.800 empleados, anunció la semana pasada un ERE de hasta 1.000 personas, mientras el resto de los gobiernos están apostando por reducir el presupuesto entre un 15 y 30 por ciento.
Además de los recortes, comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha apostaron por la privatización de las televisiones y apremiaron al Gobierno de Rajoy para que diera vía libre y modificara la legislación vigente. Este primer escollo estará superado en cuanto se apruebe el anteproyecto de modificación de la Ley de la Comunicación Audiovisual que estudió ayer el Consejo de Ministros -y que ahora será remitido a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de Competencia (CNC)- es una reforma "puntual, pero con carácter urgente".
"Modificar la ley para permitir hasta la privatización de las cadenas autonómicas no significa el final del modelo. Las televisiones, como cualquier otra administración, están inmersas en un proceso de ajuste, no de extinción", aseguró a este diario Enrique Lau- cirica, secretario general de Forta. En este sentido, Sáenz de Santamaría insistió en que, con el cambio, "se abre un abanico de posibilidades a las autonomías", pero defendió, en todo momento, que éstas mantendrá "el margen de libertad" de los Gobiernos regionales para elegir el modelo de gestión que más les beneficie, siempre y cuando, "se lo permitan sus estatutos de autonomía".