Los gestores públicos que oculten facturas o despilfarren podrán ser inhabilitados hasta 10 años
El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha pasado hoy el primer trámite en el Consejo de Ministros. Esta norma obligará a los gestores públicos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
La ley impondrá sanciones a los altos cargos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable, así como aquellos que despilfarren el dinero público.
Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se destituirá al infractor y se le castigará con una pena que podría alcanzar entre los 5 a 10 años de inhabilitación a los cargos que incurran en infracciones muy graves o falseen la información y para estos últimos casos también está prevista una multa. Si las multas no se cumplen podría incurrir en prisión.
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