27 beneficiarios de la RGI amenazan a funcionarios que les buscaban empleo
Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, llevará a juicio a dos perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por amenazas de muerte e intento de agresión contra los trabajadores de sendas oficinas de Bizkaia. En ambos casos, los graves altercados, que obligaron a solicitar la presencia de la Ertzaintza, se produjeron cuando los funcionarios trataban de orientar a los beneficiarios de las ayudas sociales para encontrar un empleo, algo que, al parecer, no entraba dentro de sus planes inmediatos. Desde comienzos de año, Lanbide ha abierto expediente a 27 personas (22 en Bizkaia, 3 en Gipuzkoa y 2 en Araba) por amedrentar e insultar a los empleados que intentaban insertarles en el mercado laboral a través de planes de formación. A todos ellos se les ha retirado el subsidio durante un mes, una sanción que si reinciden se transformará en un año de suspensión.
El primero de los juicios se celebrará esta semana en Bilbao. El acusado es un joven de unos 30 años que lleva una década cobrando la RGI, prestación que garantiza unos ingresos mensuales de entre 612,41 a 869,9 euros -en función de los miembros de la familia- y que a veces se complementa con la prestación complementaria de vivienda (250 euros). El acusado fue convocado a las oficinas de Lanbide para emprender un proceso de orientación con el objetivo último de encontrar un empleo, dentro del plan concebido para evitar que los perceptores de las ayudas se cronifiquen en el desempleo y abandonen toda expectativa de trabajar.
Casi 6.000 sancionados
Ante la posibilidad de perder las ayudas si se negaba a participar, el joven montó en cólera. «¡Os conozco, voy a volver con una pistola y os voy a matar a todos!», son algunas de las amenazas que vertió -también por teléfono- contra el personal de la oficina, al que además hizo amago de agredir. El personal de seguridad de la oficina intervino para tratar de calmarle pero al final se requirió la presencia de la Ertzaintza, ante la que los responsables de Lanbide interpusieron una denuncia.
El segundo caso ocurrió en un pueblo de Bizkaia y la protagonista de los hechos, que también fueron denunciados ante la Ertzain-tza, fue una mujer de etnia gitana. Los dos acusados serán sometidos a un juicio de faltas, que se resolverán probablemente con una leve sanción económica. Por parte de Lanbide, el 'castigo' para ambos se reduce a una mes de suspensión cautelar de la prestación o un año si persisten en su actitud. Desde enero, el Servicio Vasco de Empleo ha retirado la RGI a cerca de 5.700 perceptores que o bien estaban ilocalizables o se negaron a acudir a las oficinas o directamente se negaron a trabajar.