La perdida de la fe y los trucos bancarios contra los consumidores.
Estamos asistiendo a uno de los espectáculos más bochornosos de la época democrática española, no es que quiera sobredimensionar el asunto, sino que debido a un conjunto de circunstancias la cuestión se plantea en términos de credibilidad de los consumidores ante el entramado institucional diseñado para protegerles de las prácticas abusivas de los comerciantes: bancos en este caso.
El capitalismo social, si es que existe pues después del derrumbe de la Unión Soviética comenzó a desintegrarse, las personas son ciudadanos y consumidores. Como ciudadanos tienen una serie de derechos y obligaciones, y un sistema de protección jurídica para hacerlos valer incluso ante el Estado. Es cierto que si tienes dinero puedes hacer valer con mejor eficacia esos derechos, incluso en el ámbito penal, desde pagar una fianza alta hasta costearte un buen abogado.
Como consumidores pasa lo mismo. Ahora bien, el sistema de protección es siempre más débil para el consumidor bancario, pues el litigio o discrepancia normalmente se entabla entre un consumidor de clase media y un gran banco, incluso multinacional, y con inmensa influencia. Es muy difícil vencer a estos, y aunque después de años de litigio excepcionalmente alguien gane una indemnización millonaria ésta será pagada con el dinero obtenido de otros consumidores que no reclamaron, o del dinero público en conceptos de ayudas.
Este fenómeno es lo que hace posible la impunidad de los trucos bancarios. El resultado es difícil de cuantificar en términos de pérdida de cohesión económica y social, del deseo y el orgullo de pertenecer a una nación. También estos son valores que aportan fuerza y poderío a un país.
Sin embargo, la respuesta a estos trucos, llámense cláusula suelo, swaps, comisiones abusivas, etc., ha sido la complicidad del órgano regulador (Banco de España) y del Gobierno (ministra Salgado) Con ello no ayudan a España, más bien contribuyen a deteriorarla.
¿Por qué los Bancos reciben ese trato de favor? El ciudadano común no puede explicárselo, pero hay pistas, no concluyentes pero sí interesantes.
El magistrado de la Audiencia Nacional, que tanto prestigio de dio a España en los últimos años en el campo de los derechos humanos, recibió 300 mil euros para un proyecto profesional personal según algunos periódicos. El dinero se lo dio el Presidente del Santander, quien se vio liberado de un proceso pues se declaró inadmisible por ese mismo magistrado.
Esta pista pone de manifiesto hasta donde ha calado la influencia del dinero en otros ámbitos, y nos ayuda a comprender al menos como hipótesis por que la ministra Salgado defendió a los Bancos que aplican la cláusula suelo, por que Zapatero se sentó con los Presidentes de los Bancos y estos recibieron ayudas públicas millonarias que necesitan los desahuciados y otros sectores sociales y económicos.
Todo lo anterior expresado muy rápidamente es parte de la explicación a la crisis ideológica, política y económica que hoy vive España. Esta nación no debe tomar el camino italiano, pero si las autoridades e instituciones que deben proteger a los españoles de a pie como ciudadanos y como consumidores se corrompen, el radicalismo aumenta, pues aumenta la frustración social, aumenta la sensación de injusticia, disminuye el orgullo nacional deteriorándose aún más la cohesión territorial, y entonces puede que sucedan cosas desagradables como el aumento de la población carcelaria, o el incremento de “locos” queriendo abofetear a políticos y representantes simbólicos del poder establecido.