ACOSO Y DERRIBO AL CIRCULO DE GASPAR ZARRIAS...

De El Pais...

Un escándalo con alma de bomba

El 'caso Mercasevilla' trasciende a la empresa municipal y atañe a la Consejería de Empleo - La policía denuncia ayudas de 647 millones sin control desde la Junta

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 06/02/2011

Cash Lepe, Hitemasa, Nexprom, Río Grande, Maginae Solutions... El listado de empresas que figura en la última investigación que dirige la juez Mercedes Alaya denota la nueva dimensión que ha tomado el caso Mercasevilla. Desde ahora la magistrada examina con lupa cada subvención que la Junta concedió a empresas durante nada menos que nueve años.

* La potestad de Guerrero para dar ayudas no está en el BOJA
* La gestión de tres consejeros

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Hay indicios de que la lista de prejubilaciones ficticias aumentará

El PP llevará la bronca política al Congreso de los Diputados

Sociedades radicadas en Málaga, Granada, Huelva, Sevilla y cobros desde Jaén apuntan a que el hilo de esta línea de investigación puede superar los cuatro detenidos de los dos últimos meses. Pero sobre todo trasciende las corruptelas de una empresa pública sevillana para dar un salto cualitativo: atañe a un fondo público de 647 millones cuestionado por la policía, decenas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), miles de prejubilaciones y un alto cargo del Ejecutivo implicado. La comparecencia judicial de varios ex consejeros de Empleo es previsible. Su imputación está por ver.

Esta nueva magnitud de un sumario imprevisible da aún más munición a la arena política. Mientras que el PP espera sacar grandes réditos del escándalo de corrupción, el PSOE confía en que la red desarticulada no tenga tentáculos aún más grandes de los conocidos. Lo cierto es que hay indicios de que la lista de intrusos en empresas ajenas para prejubilaciones ficticias seguirá aumentando. La cantidad ingente de información, generada desde que en 2001 Empleo cambió su sistema de ayudas a empresas, indica que la investigación se demorará meses.

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados preguntará sobre el escándalo en la próxima sesión de control al Gobierno. Ayer el secretario general andaluz del PP, Antonio Sanz, tildó el caso de "tsunami". Para el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, no debe implicar un desgaste político: "Estamos ante una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas que aprovecharon su posición al frente de algunas empresas ajenas a la Administración autonómica". Y aunque el PP puede pronto acabar los superlativos para denominar la investigación, implicados como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero no ayudan al PSOE con expresiones tan gráficas como "fondo de reptiles" (comisiones ilegales desde un Gobierno para influir en empresas y círculos de poder) para definir el fondo de 647 millones que gestionó la Consejería de Empleo para financiar estos ERE.

"En el momento en que pueda, la coloco en algún ERE". El conseguidor Juan Lanzas resumía así al comercial Francisco González su destreza para ubicar personas en diferentes ERE de manera ficticia y generar jugosos dividendos. La policía estima que la red desarticulada obtuvo a través de tres ERE al menos 470.000 euros gracias a informes fantasmas de asesoría y la utilización de "hombres de paja".

Al margen de las comisiones ilegales y enredos de esta trama, la batalla política reside en que la policía cree que la Junta mantuvo el sistema de ayudas sin los controles estipulados y de manera arbitraria. "Guerrero dispuso de fondos públicos sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", según refleja el informe policial. "Con la firma del convenio (...) se evita los controles y la fiscalización", añade la policía judicial, que estima que las ayudas a empresas debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en el BOJA al superar los tres millones.

Al día siguiente, la respuesta del consejero de Empleo, Manuel Recio, fue contundente: "No hay nada que temer. Ha habido absoluta transparencia y legalidad". Recio sostiene que los controles fueron suficientes porque las ayudas se concedieron a las personas y no a las empresas. Sin embargo, de momento la ausencia de documentos que avalen la tesis de la Junta hace que las dudas sobre la legalidad se disparen.

La policía recuerda cómo en 1998 el Consejo de Gobierno debió autorizar 1.000 millones de pesetas en ayudas a Puleva, antes de que el sistema cambiara. La batalla jurídica acaba de comenzar y en paralelo la investigación policial apunta a que los detenidos aumentarán de manera notable.
La potestad de Guerrero para dar ayudas no está en el BOJA

El acuerdo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) facultó al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, para conceder las polémicas ayudas a empresas en crisis. Guerrero podía suscribir los convenios "en representación y por delegación del consejero". Sin embargo, esta delegación no fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como establece la Ley de Régimen de Administraciones Públicas.

Los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (entonces al frente del IFA) dieron potestad a Guerrero como firmantes del acuerdo pergeñado para evitar los controles de fiscalización habituales hasta entonces, según la policía judicial. Además, el acuerdo caducó en 2003 y no fue renovado, según fuentes del caso. Un portavoz de Empleo rechazó pronunciarse al respecto.

El convenio marco no especifica que las ayudas deban ser invidualizadas, tal y como defiende el consejero de Empleo, Manuel Recio, sino que es ambiguo: "Pagos a las empresas u otros entes públicos o privados".
La gestión de tres consejeros

JOSÉ ANTONIO VIERA

2000-2004

El actual secretario general del PSOE en Sevilla era consejero de Empleo cuando en 2001 firmó el convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para modificar el sistema de ayudas a empresas en crisis.

ANTONIO FERNÁNDEZ

2004-2010

El actual consejero asumió el cargo la pasada primavera y derogó el acuerdo firmado por sus antecesores y ahora la consejería dispone de esas ayudas. Cree que ha habido "absoluta legalidad".

MANUEL RECIO

2010

El presidente del IFA firmó el polémico acuerdo de las subvenciones y tres años después accedió al cargo de consejero, que mantuvo durante seis años. Ahora preside el consejo regulador del vino de Jerez.

de abc de Sevilla
Mercasevilla desvela el fraude general en la gestión de Empleo de la Junta

La Policía confirma el cobro de comisiones y favores mediante regulaciones de empleo irregulares a través de intermediarios
juan j. borrero / sevilla
Día 05/02/2011 - 14.02h

La gestión de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía bajo sospecha

Mercasevilla ha sido la llave para que la Policía descubra, en palabras de la juez del caso, una «trama» para la utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo sufragados por la Junta de Andalucía en los que se incluían personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. Un atestado policial elevado a la juez de instrucción número seis de Sevilla concluye que el modelo impuesto por la Consejería de Empleo a partir de 2000 era el marco de actuación de esa trama de cargos públicos, mediadores y «brokers» —cuatro de los implicados han sido interrogados en calidad de detenidos— que desviaba dinero público destinado a ayudar a empresas en crisis mediante la inclusión en los expedientes de regulación de empleo de trabajadores, «hombres de paja» señala el informe policial, cuyas primas cobraban supuestamente estos intermediarios.

Ese modelo de concesión de ayudas, según desveló ante la Policía el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, se gestionaba mediante un «fondo de reptiles» para la concesión de ayudas especiales a empresas en crisis a través de expedientes de regulación de empleo (ERE). La Consejería de Empleo traspasaba fondos a un organismo dependiente de la propia Consejería, el Instituto de Fomento de Andalucía —luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía—, para «evitar los controles y la fiscalización» propia de los actos administrativos, entre otros la no publicación de las concesiones a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El informe policial, al que ha tenido acceso ABC, calcula que mediante este peculiar modelo de «ayuda extraordinaria» se habrían gestionado desde el año 2000 un total de 647 millones de euros.

La investigación policial pone de manifiesto que la concesión de estas ayudas se tramitaba a través de mediadores y empresas consultoras privadas que propiciaban acuerdos entre la empresas y los comité de empresa y de estos con la Administración para la aprobación de expedientes de regulación de empleo. Posteriormente se ofrecía a la empresa que fuese la propia Junta de Andalucía la que contribuyera a la financiación de los gastos de las prejubilaciones mediante el pago de las primas de las pólizas de seguros de rentas que habían de suscribirse. De hecho, los investigadores constatan que no consta ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias, pues lo habitual era la firma de un protocolo entre la Dirección General de Trabajo y la empresa, o simplemente la aparición de un documento de la Dirección General de la Junta asumiendo el compromiso de pago de las primas de los seguros. Primas que eran contratadas a aseguradoras a través de los propios intermediarios, un extremo que igualmente ha sorprendido a los investigadores.

El modelo ha permitido la gestión de expedientes de regulación de empleo en Andalucía durante una década a pesar de que según la normativa vigente, recuerda el informe policial,era preceptivo el consentimiento del consejero de Empleo para ayudas inferiores a los tres millones de euros o del Consejo de Gobierno cuando el importe superaba esa cifra.

Durante la tramitación del ERE, tras su validación por la autoridad laboral, es cuando se introducen personas ajenas a la empresa, presuntamente sin su conocimiento, que aparecen como trabajadores de derecho al cobro de las rentas, dinero que se abonaba en cuentas corrientes y que los intermediarios, según se deduce del informe policial, sacaban mediante tarjetas de crédito.

El informe asegura que los intermediarios «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía que permitiera la inclusión de personas en unos ERE de empresas para la que nunca trabajaron».

La investigación, que sigue abierta, tiene su origen en el caso Mercasevilla. La empresa pública propuso dos expedientes de regulación de empleo en 2003 y 2007, avalado por informes de consultoras privadas que justificaban necesidad de redimensión de la plantilla. Mercasevilla, sin embargo, contrató a 190 trabajadores en 2006.

La investigación policial ha desvelado pagos no justificados a intermediarios, como la empresa Hermes Consulting, que cobró 63.800 euros por un informe no recibido en Mercasevilla sobre el ERE y que la Policía supone fue una comisión entregada por el ex director del Merca, Fernando Mellet, por la simple intermediación con la Junta de Andalucía y el comité de empresa. Uno de sus administradores de Hermes, Francisco Limón, figura entre los detenidos por la Policía. Posteriormente, Mercasevilla pagó por un trabajo similar 123.000 euros a Maginae Solutions empresa vinculada a Juan Lanzas, un hombre clave en la investigación.

Pero es en la inclusión de «hombres de paja» donde está la clave. La inclusión de dos personas ajenas a la empresa en los ERE de Mercasevilla fue el origen de esta vía de investigación en curso. Entre los beneficiarios del ERE de 2003 aparecía —posteriormente fue excluida— Carmen Fontela, una viuda sin vínculo con Mercasevilla, que aparece en 2005 como beneficiaria de otro ERE, el del restaurante Río Grande, empresa donde tampoco había trabajado. En el ERE de 2007 de Mercasevilla se incluye a Antonio Garrido Santoyo, miembro de la ejecutiva del PSOE de Baeza, ya dimitido, sin vínculo anterior con Mercasevilla y prejubilado de Coosur.

En las negociaciones del ambos ERE con la Junta participó Juan Lanzas, otro sindicalista jiennense que ya aparecía en la investigación del caso Merca. Lanzas, que conocía a Santoyo, es considerado un «conseguidor» con la Junta de Andalucía. Vinculado en Jaén al círculo de Gaspar Zarrias, aparece en varias negociaciones de ERE con la Junta en toda Andalucía desde que intervino en el año 2000 en el de cárnicas Molina. La investigación policial revela ahora que Lanzas también ha sido incluido en un ERE de la empresa malagueña Hitemasa en la que nunca trabajó y por el que habría cobrado una prejubilación de 47.320 euros, extremo que Lanzas niega.

600 euros al día

Lanzas fue detenido y posteriormente puesto en libertad al igual que Francisco José González García, comercial de la compañia Vitalia Vida y socio de Hermes Consulting, dos empresas mediadoras en la gestión de ERE con la Junta. González conseguía «clientes» para los expediente de Vitalia que luego se materializaban en pólizas con grandes aseguradoras. González guardaba relación con Rafael Domínguez, presidente del comité de Mercasevilla y con Lanzas, al que señala como el artífice de que la viuda Carmen Fontela apareciera en el ERE de Río Grande de 2005.

La declaración de González y de la propia Carmen Fontela son fundamentales para definir el «modus operandi» de la trama. González declara que fue Lanzas el que, cuando hablan de la cantidad de millones que se mueven con las prejubilaciones, le propone meter en algún ERE «a una persona de confianza y así tú te llevas una parte de esta prima». González negoció con el marido de Fontela, hoy fallecido, la apertura de una cuenta a nombre de la viuda para él cobrar unas cantidades «que le debían». Las primas de la falsa prejubilación, pagadas mediante póliza de la aseguradora Fortia, eran abonadas a una cuenta de la que se contrataría una tarjeta de crédito con la que González dispondría libremente del dinero ingresado, algo más de 130.000 euros y que según declara a la Policía fueron retirados de una sucursal de Cajasol en Triana a razón de 600 euros diarios hasta agotar el dinero. González se quedaba con unos 500 euros mensuales y el resto se lo entregaba a Lanzas personalmente y en mano. Fontela no habría obtenido beneficio alguno. La Policía cree que en el caso de Santoyo, los preceptores pudieran ser Lanzas y González, aunque sospecha que Mellet y Guerrero «debieron percibir cantidades», aunque no se ha demostrado.

Otra vía

Tras el atestado policial, la juez Mercedes Alaya ha acordado deducir dos testimonios diferentes del mismo e incoar nuevas diligencias. De una parte se investigarán los expedientes irregulares de Río Grande e Hitemasa «y de cualquier otra que resulte de las investigaciones», y por otra parte los dos expedientes irregulares de Mercasevilla. La decisión judicial y las conclusiones a las que ha llegado por ahora la Policía, auguran la fiscalización por el juzgado de toda la actividad de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en la última década, ante la posible aparición de más «hombres de paja» en los ERE y otras irrergularidades, como las sospechosas prejubilaciones millonarias a trabajadores contratados sólo meses antes de la firma de los ERE. Se abre además un seguimiento a la intermediación de empresas como Vitalia Vida, Uniter, Hermes Consulting, Maginae Solutions... que según la Policía eran asiduas en la negociación con Empleo. Queda saber el destino y cuantía del dinero que habría sido defraudado.

A nivel político el escándalo es mayúsculo e implica al PSOE a nivel regional. Anoche, el partido abrió expediente de expulsión a Guerrero, el ex director general que reconoce ahora la existencia del «fondo de reptiles».

de La razon...

* Sevilla

La investigación sugiere la «anuencia» de algún alto cargo autonómico aparte de que el ex director de Trabajo también pudiera cobrar comisiones
La Junta de Andalucía, en el punto de mira por los ERE ilegales

El atestado policial incide en que las empresas beneficiarias no solicitaban la financiación pública, sino que se les ofrecía.

La Junta de Andalucía y el partido que rige sus designios desde hace décadas, el PSOE, ya no pueden escudarse durante más tiempo en la crispación política para eludir responsabilidades en el «caso Mercasevilla». Las múltiples ramificaciones de este escándalo han desvelado la existencia de una presunta «trama para la utilización fraudulenta» de expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos, y en esta red ilegal, según reza el completo informe de la Policía Judicial para la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, tuvo que participar «algún alto cargo» autonómico.
Para la autoridad judicial, está claro que la Junta lleva años aprobando y financiando ERE en empresas privadas y una pública –el mercado central, como recordaba su ex gerente Fernando Mellet en aquella grabación de los hosteleros de La Raza– en los que se «incluiría» a personas ajenas a ellas. En la regulación laboral iniciada en Mercasevilla en 2003 se identificó como «intrusa» a Carmen Fontela, y en la de 2007 se «coló» al exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo.

El atestado policial deja claro que se trataba de meros «hombres de paja» introducidos en la negociación laboral y la tramitación administrativa por «intermediarios», el exsindicalista Juan Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco González, con el objetivo de «percibir ellos mismos las cantidades» previstas para los prejubilados. Todo indica que González se repartía las ayudas de Carmen Fontela –vecina de sus padres de toda la vida– con Lanzas, y los investigadores buscan pruebas de que ambos fueron los «verdaderos perceptores» de las retribuciones adjudicadas a Garrido Santoyo. Pero, además, advierten de que «quedan otros dos actores que debieron percibir cantidades por llevar a cabo los expedientes». Uno es Mellet. El otro, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien autorizaba los ERE firmando «directamente un protocolo» con las empresas y la Seguridad Social. «No consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda» por parte de las firmas beneficiarias y simplemente se les ofrecía por «intermediarios o algún responsable de la Consejería de Empleo», según el atestado.

El informe insiste en que los implicados «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía que permitiera la inclusión de personas en unos ERE de empresas para las que nunca trabajaron». La indagación en el Gobierno autonómico superará la mera gestión de esos ERE.

Los tres responsables
1.- José Antonio Viera. Exconsejero de Empleo 2000-2004
- Hoy secretario general del PSOE de Sevilla, bajo su mando comenzó la gestión de ERE a través de «convenios» con el IFA.
2.- Antonio Fernández. Exconsejero de Empleo 2004-2010
- Mantuvo el sistema de ayudas cuestionado ahora por la Justicia y a su «ejecutor», Francisco Javier Guerrero, en el cargo.
3.- Manuel Recio. Exconsejero de Empleo 2000-2004
- Eliminó poco después de llegar al cargo las ayudas laborales a través de IDEA (antiguo IFA), con el «caso Mercasevilla» en alza.

La «trama» y sus actores
- F. Javier Guerrero
De «repartidor» de millones a cadáver político
Fue claro al testificar, el pasado 21 de diciembre, ante la Policía: la gestión de los ERE consistía en un «fondo de reptiles para crisis». Así lideró la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo manejando más de 640 millones de euros desde 1999 hasta abril de 2008, cuando fue cesado por «irregularidades» nunca especificadas. Desaparecido del panorama político y repudiado por el PSOE, admite que trabajó con el «conseguidor» Juan Lanzas en «muchos expedientes de crisis de empresas de alimentación» de Andalucía y que conoció a Mellet en 2002, en la negociación del primer ERE de Mercasevilla.

- Antonio Rivas
La «autoridad laboral competente»
El atestado policial ordenado por la juez Mercedes Alaya dedica unas palabras al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, ya imputado por las presuntas comisiones ilegales reclamadas a los empresarios de La Raza y a quien identifica como la «autoridad laboral competente» en la resolución de los procedimientos de regulación de empleo, incluidos los dos de Mercasevilla en los que se han detectado irregularidades y los que puedan aparecer, toda vez que la magistrada decretó una investigación más amplia sobre todos los expedientes aprobados desde el año 2002.

- Juan Tanzas
El «conseguidor» que no sabía nada, ni siquiera de dónde cobra su sueldo
El Partido Popular lleva tiempo señalando a Juan Lanzas como el «conseguidor» de financiación pública para los ERE. Tras su arresto por presunto cohecho, sólo admitió que trabaja de comercial para Estudios Jurídicos Villasís y que ha negociado «seis o siete» regulaciones laborales. Negó haber introducido a personas ajenas en procesos de prejubilaciones o que cobre por alguna, pero la Policía cree que ingresa de Hitemasa y de Vitalia por comisiones, informes, cobros de pólizas de seguros,

- Francisco González
Admitiendo promesas cumplidas de su compañero de «mediación»
Fue comercial «libre» de Vitalia. Declaró como detenido por presunto cohecho –como Francisco Limón, su socio en Hermes Consulting– y admitió su «mediación» con la plantilla en los ERE de Mercasevilla. Lanzas se dedicaba a la Junta y le pidió un trozo del pastel, a lo que el exugetista le respondió: «En cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERE y tú te llevas parte de esta prima». Y apareció Fontela.

- Fontela, Santoyo y Rosa
Una «intrusa» inocente y otros quizás no tanto
Para la Policía, el «pecado» de Carmen Fontela es ser amiga íntima de los padres de Francisco González, quien la convenció de que abriera una cuenta bancaria para que él pudiera cobrar ciertas cantidades. Al final, apareció como prejubilada en Mercasevilla y Río Grande. Antonio Garrido Santoyo no quiso declarar tras su arresto por posible estafa debido a problemas de salud. No está claro quién cobró por su prejubilación «falsa» en Mercasevilla. Aparte está María José Rosa Aparicio, contratada en Río Grande a dos meses de cumplir 65 años para aparecer como perceptora de 1,3 millones procedentes de su ERE.

De Zarrías como se pongan a escarbar en su historial sacan mierda para parar 3 aves, se rumorea que era muy amiguito de Roca y por eso lo tienen tan bien cuidado en la carcel, para que esté calladito

y de Jesus Gil, en el mundillo del futbol hay verdaderas amistades peligrosas, del nido presidente del sevilla y abogado de julian muñoz,...Zarrias fue juvenil del atletico de Madrid....Dios los cria y ellos se juntan....