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"A" paga impuestos, se levanta a las siete de la mañana y le pagana 900 euros por doblar el espinazo hasta que llega a las 21:00 a casa. "B" no paga impuestos, percibe 1200 euros en ayudas en especie o en dinero y los complementa con "salarios" en negro y toda la tarde libre. "A" es tonto. Pero es que "A" encima le está pagando a "B". Es el doble de tonto.
Adjunto artículo sobre LANBIDE (servicio vasco de empleo)
SERVICIO VASCO DE EMPLEO
Lanbide detecta que el 44% de los perceptores de ayudas rechaza trabajar
Tras llamar a 1.875 beneficiarios del salario social, Lanbide no pudo contactar con 498, otros 279 rechazaron la oferta laboral y 57 ni fueron a la entrevista
Junto con la crisis, una de las mayores amenazas para el sistema de protección social que tantas décadas ha costado alcanzar son los aprovechados que pretenden vivir de las ayudas. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la incidencia del fraude en la percepción de la renta de garantía de ingresos (RGI), el subsidio de entre 650 y 923 euros que perciben en Euskadi las familias sin más rentas. Sin embargo, un estudio encargado por el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) al que ha tenido acceso este periódico arroja resultados preocupantes: un 44,5% de los beneficiarios no tiene intención de trabajar.
El informe fue realizado en un momento crucial, ya que se está preparando en el Parlamento vasco la reforma de la ley que regula la RGI. El objetivo fundamental del cambio normativo es vincular la percepción de la prestación a la búsqueda activa de empleo. Esto significa que sólo cobrará quien busque trabajo y perderá el subsidio quien rechace un empleo. Para que el sistema sea efectivo será Lanbide quien gestione ambos aspectos: la intermediación laboral y el pago de la ayuda. Eso sí, la nueva ley, además, endurecerá los requisitos de acceso a la RGI a partir del 1 de enero, una medida pactada por PSE y PP que ha suscitado durísimas críticas desde la oposición política, sindicatos y organizaciones sociales.
La cuestión es que, con esta atmósfera de fondo, el programa extraordinario a la contratación del Gobierno vasco (+Euskadi 2009) ofertó a los ayuntamientos vascos subvenciones para emplear a más de 5.000 personas, de las que al menos el 30% debían ser perceptoras de la RGI.
En el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales vieron en la experiencia un buen laboratorio para pulsar la realidad de estas ayudas. Tomaron como ámbito de actuación el Ayuntamiento de Bilbao, porque este es el municipio vasco con más perceptores. En concreto, la capital vizcaína ofertó 212 puestos de trabajo (desde limpiadores a informáticos) para beneficiarios de esta ayuda social y el área municipal de Servicios Sociales facilitó a Lanbide los datos de contacto de 1.875 personas.
El resultado fue bastante desolador. 498 perceptores (es decir, el 26,5% del total) estaban ilocalizables, bien porque los teléfonos que habían facilitado eran incorrectos o bien porque no atendían las llamadas, «lo que apunta a una táctica por evitar la comunicación con Lanbide para aceptar una oferta laboral», razona el informe.
Otros 279 (el 15%) sí descolgaron el teléfono, pero «rechazaron la opción de entrar en la convocatoria de empleo». El motivo alegado para hacerlo fue, en 74 casos, que ya estaban trabajando; 68 dijeron estar enfermos; 55 por ser mayores de 55 años. Cambios de residencia, cuidados de menores o que, simplemente, no quieren, fueron otras de las justificaciones esgrimidas.
Al final, se lograron concertar 996 entrevistas. Pero en el momento de la cita, 57 personas ni se presentaron. Es decir, si se suman los beneficiarios que están ilocalizables, los que rechazan el empleo y lo que no acuden a la entrevista, el resultado es que el 44,5% de esos 1.875 perceptores no demuestra ningún interés por integrarse en el mundo laboral.
Ineficiencia administrativa
Tanto o más que la existencia de aprovechados, llama la atención la falta de efectividad de los poderes públicos para detectar semejante nivel de fraude. Según explicaba la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en una entrevista publicada ayer en este periódico, esa alarmante ineficacia se debería a que «en esta situación han venido interviniendo tres administraciones diferentes (ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco) y eso hace la gestión muy compleja, poco eficaz, y deja ‘rendijas’».
Es en este aspecto donde pretende incidir la reforma legal que se está preparando, al establecer que será un único organismo, Lanbide, el que gestione las ayudas y, a la vez, se encargue de activar laboralmente a los perceptores. Aún así, resulta especialmente preocupante la actual incapacidad de las administraciones para detectar casos tan flagrantes como el de un beneficiario que rechazó el empleo porque resultó ser funcionario.
