El PSOE y el precio de la vivienda
EXPANSIÓN, 31.03.2004, pg.2, EDITORIAL.
EL PSOE Y EL PRECIO DE LA VIVIENDA.
El Partido Socialista tiene previsto retomar el trabajo inacabado del anterior Gobierno popular para destinar solares en desuso de Renfe y de Defensa a la edificación de viviendas protegidas. La coordinación de esta iniciativa será con toda probabilidad una de las responsabilidades del futuro Ministerio de la Vivienda, cuya creación responde a la preocupación que Zapatero ha demostrado por la burbuja inmobiliaria. Este ministerio, con inevitables reminiscencias de planificación franquista, será el encargado de ejecutar la política urbanística del PSOE, que ha propugnado un intervencionismo público basado en las expropiaciones forzosas y en la extensión de la vivienda protegida.
Fórmulas de dudosa eficacia. Las competencias urbanísticas están transferidas a autonomías y ayuntamientos, contra los que un puñado de funcionarios estatales poco podrán hacer, salvo entorpecer aún más un mercado sometido en exceso a la arbitrariedad de los consejeros regionales y concejales de turno. La disminución del precio de la vivienda, como los de cualquier otro bien, depende de que exista suficiente oferta para satisfacer la demanda. En España, la compra de vivienda ha crecido exponencialmente por la mejora de la renta `per cápita´, el fuerte crecimiento del empleo, la inmigración y la decisión de muchos ahorradores de invertir en ladrillo, factores que se han visto espoleados por unos tipos de interés insólitamente bajos.
Mientras tanto, la oferta se ha mantenido extremadamente rígida. Padecemos además una absurda ley de arrendamientos urbanos desincentivadora del alquiler y una justicia que deja desprotegido al propietario frente al inquilino, por lo que en España las viviendas alquiladas apenas representan el 12% frente al 40% de media en Europa; muchos edificios en el centro de las ciudades se desmoronan porque la legislación urbanística ha convertido la rehabilitación en una carrera de obstáculos, y la insaciable intervención administrativa genera graves restricciones de suelo urbanizable. Queda patente, pues, que existe un grave déficit de liberalización legislativa que estrangula la oferta y tensiona los precios. Como desgraciadamente el Constitucional privó al Gobierno de cualquier acción política de calado sobre el urbanismo al atribuir la competencia a autonomías y ayuntamientos, cualquier solución realista sólo puede llegar a través del consenso entre PSOE y PP.