Rajoy dejará sin una paga extra a todos los funcionarios.Punto de mira en 690.000 contratados laborales.
Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron ayer a CincoDías que el plan de ajuste que Rajoy presentará mañana en el Congreso incluirá la supresión de una paga extra a los funcionarios, con la que se pretende ahorrar 4.000 millones de euros. Una vez que el presidente del Gobierno lo comunique en la Cámara Baja, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, lo hará público en la reunión convocada con la Mesa de la Función Pública, prevista para las 17:00 horas. En ese encuentro, además de la previsible supresión de la paga extra, se podrían presentar otras medidas de racionalización del gasto, como la ampliación de la jornada laboral o la introducción de nuevos sistemas para controlar la productividad de estos empleados.
Se trata de la segunda rebaja en el sueldo de los empleados públicos en los últimos tres ejercicios. En mayo de 2010, el anterior presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un plan de ajuste de 15.000 millones de euros ante el riesgo de que España pudiera ser intervenida. En ese recorte se aprobó una rebaja media del 5% en el sueldo de los funcionarios, lo que comportaba un ahorro anual de 4.500 millones de euros. Ese dinero se detrajo de las pagas extraordinarias. En 2011 no se prorrogó la medida, pero los empleados públicos que se vieron afectados por la rebaja salarial no recuperaron el poder adquisitivo perdido.
No será el único recorte que se planteará en el ámbito de la función pública. El Ejecutivo está dispuesto a someter a un profundo adelgazamiento a todas las administraciones, que han crecido de forma continuada desde finales de 1999. Entonces, se contabilizaban 2,34 millones de empleados públicos y esa cifra ha crecido hasta alcanzar los 3,13 millones a finales de 2011. En el primer trimestre de este año ha bajado hasta los 3,10 millones, lo que supone una disminución de 32.000 personas.
Se trata del primer descenso en trece años y es una muestra del impacto que están teniendo las medidas de ajuste que ya aplican todas las administraciones por el recrudecimiento de la crisis. Por lo tanto, a la subida del IVA o a la supresión de la deducción por compra de vivienda, le va a acompañar un severo ajuste en el sector público, que emplea en la actualidad a más de 3,1 millones de asalariados, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
De esa cantidad, 2,4 millones son funcionarios de carrera y otros 690.000 son contratados laborales con carácter temporal. Este último es el colectivo sobre el que se va a centrar los ajustes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó el lunes que está estudiando la ampliación de las jornada laboral de este colectivo para incrementar su productividad y que el sector público asimile aspectos del régimen de los trabajadores privados, lo que significa abrir la puerta a adelgazar las plantillas públicas, en especial a aquellos que no son funcionarios de carrera.