Pongamos, por ejemplo, una clásica manifestación okupa. El incidente se suele saldar con insultos a los agentes por parte de los manifestantes -de costumbre, una amalgama de organizaciones antisistema, anarquistas y anticapitalistas- y, a veces, con violencia incluida. Nada raro entre dos bandos irreconciliables. En Cataluña, sin embargo, el clásico duelo ha adquirido nuevas dimensiones en los últimos años, sobre todo desde 2015. En parte, por el asalto al poder de algunos de estos antisistema y su coincidencia con el llamado «procés independentista».
A nivel más local, 2015 fue el año en que la CUP entró por primera vez en el Ayuntamiento de Barcelona, con ediles como Josep Garganté, «enemigo» de la Guardia Urbana por rifirrafes, entre otros, con los top manta y la policía que han llegado a juicio. La CUP, además, condiciona al gobierno en minoría de la capital catalana, liderado por otra formación recién llegada en 2015 a la política institucional, la BComú de la alcaldesa Ada Colau, la otrora activista antidesahucios con afinidades okupas. Uno de sus tenientes de alcalde, Jaume Asens, ha sido abogado de este colectivo.
Proyecto independentista
En paralelo, los antisistema también han hecho mella en el Parlament y la Generalitat. La CUP pasó en las elecciones autonómicas de 2015 de tres a diez diputados y se ha convertido en la inevitable -y, como todas, molesta- muleta del proyecto independentista del gobierno de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) que lidera Puigdemont.
Y ahora, en el último año, a la tensión de este frágil e inédito statu quo se le ha añadido un protagonista involuntario: las fuerzas policiales. Básicamente los Mossos d’Esquadra.
Los desafíos a la ley del independentismo -la consulta del 9-N, los gestos como romper o quemar fotos del Rey, etc.- han orillado en los tribunales. Y eso ha obligado a actuar a los Mossos para detener por orden judicial, el pasado diciembre, a los cinco miembros de la CUP que quemaron fotos del Rey en la pasada Diada y se negaron a comparecer ante la Audiencia Nacional. O para arrestar a la alcaldesa de Berga (Barcelona) de la CUP, Montse Venturós, por negarse a comparecer ante un juez por delito electoral... O para detener al edil de la CUP en Vic Joan Coma, que desoyó la citación de la Audiencia Nacional que le acusa de incitación a la sedición.
Por todo esto, los agentes se han visto en el blanco de las críticas de los adalides de la desobediencia, sobre todo la CUP, que les reprochó que actuaran de oficio en el caso de los jóvenes que quemaron fotos del Su Majestad el Rey y pidió la dimisión del consejero de Interior, Joan Jané. Y han estallado.
El pasado martes, el malestar policial se escenificó en una insólita manifestación de policías en Barcelona. Una plataforma de sindicatos y asociaciones de Mossos, Policía Nacional, local, Ertzaintza, Guardia Civil y Policía aduanera organizó la protesta. Según su manifiesto, reclamaban respeto a los políticos, a los que exigían no utilizarlos como arma «electoral».
En teoría, la protesta -convocada por los sindicatos minoritarios en los citados cuerpos, a excepción de la SAPOL, de Guardia Urbana, y censurada por otros sindicatos policiales- era contra toda la clase política, sin distinciones, no solo la CUP. Reivindicaban más allá de ideologías, como reclamar protección jurídica para los agentes en su labor ordinaria. Sin embargo, en la mente de todos estaba la CUP, que ya ha denunciado la protesta ante la Justicia. Se evitaron gritar consignas contra ellos, pero en uno de los carteles para anunciar la protesta se «delataron». Salían fotos de Garganté, o de los ataques a un cuartel de la Guardia Civil tras la detención de miembros de la CUP por quemar fotos del Rey.
La manifestación policial ya es historia, pero el problema amenaza con repetirse. Desde los tribunales -la Audiencia Nacional y el TSJ catalán-, se ha vuelto a reclamar a los Mossos informes sobre la quema y rotura de fotos del Rey que protagonizaron varios cargos electos de la CUP a raíz de la detención de los de la Diada.
Entre ellos, los seis diputados de la CUP que rompieron fotos del Monarca en el Parlament. Estas pesquisas policiales podrían traducirse en más desacatos a citaciones judiciales, lo que propiciarán más detenciones. Los Mossos seguirán, pues, en el punto de mira.
