S&P recorta el «rating» a Cataluña por la tensión política
S&P recorta el «rating» a Cataluña por la tensión política
Mazazo de Standard & Poor's a la imagen de Cataluña ante la comunidad inversora. La agencia de calificación crediticia ha rebajado este viernes el «rating» de la deuda pública de la comunidad autónoma de «BB» a «BB-», lo que supone calificar esos títulos de «bono basura» o inversión arriesgada. El motivo esgrimido por la entidad es el clima de incertidumbre política generado tras las elecciones del 27-S. «Aunque no esperamos una declaración unilateral de independencia, advertimos un incremento de la tensión política entre Cataluña y el Gobierno central», explica la agencia en un comunicado.
Lo que Standard & Poor's teme es que esa confrontación acabe afectando a la solvencia de Cataluña. La agencia da por hecho que el Gobierno central seguirá soportando la deuda pública catalana y proporcionándole liquidez, pero considera que una mayor tensión política puede estropear la coordinación actual en esa materia. Cabe recordar que Cataluña es una de las autonomías que se ha acogido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), siendo de hecho la región más beneficiada por este instrumento.
«Este escenario podría llevar a Cataluña a decidir no firmar con el Gobierno central los acuerdos necesarios para asegurase la financiación que cubra el servicio de la deuda de la región en 2016», advierte la entidad. Es más, Standard & Poor's refleja con su calificación las dificultades presupuestarias de Cataluña, como su elevado nivel de deuda.
La decisión de la agencia respecto a Cataluña es muy sintomática de la situación que atraviesa la región, ya que en un escenario normal esta revisión del «rating» debería ser al alza. Standard & Poor's revisó la semana pasada al alza la nota de España, y lo habitual es que, en cascada, el resto de niveles administrativos del país y las empresas privadas corran una suerte similar. Así, por ejemplo, en los últimos días ha mejorado la calificación crediticia de empresas como los bancos Santander y BBVA y de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid.