Por:
José Casulleras Nualart
La censura de la obra Presos políticos , del artista Santiago Sierra en la feria Arco de Madrid terminó teniendo el efecto contrario: una difusión de la obra y del caso en todo el mundo, con noticias publicadas en los diarios más prestigiosos . Por ejemplo, el
New York Times , que comienza de este modo tan contundente: 'Mediante la ley o la intimidación, España se ha convertido en un país donde el riesgo para la libertad de expresión ha ido creciendo estos últimos años.' Además, galeristas internacionales que exponen en Arco año han criticado la censura con dureza.
'Es Jurásico y medieval, solo lo hemos visto en países árabes en los que lo ordenaba un jeque', dijo el galerista colombiano establecido en Nueva York León Tovar, pocos minutos después de haber recibido la visita de los reyes españoles en su stand. 'Si el artista no puede hacer su trabajo, que es la creatividad (reflexiones y cuestionamientos) ... mal asunto', dijo el galerista francés Lyle Ashton Harris.
La galerista chilena Isabel Aninat, con un stand repleto de obras que precisamente hablan de la censura, dijo que era una ingenuidad 'la decisión de la dirección de Ifema. 'Una obra de arte censurada inmediatamente adquiere valor', añadió.
Impacto en la prensa internacional
El diario New York Times ha sido de los primeros en hablar del caso de censura en Arco y cuestionó la libertad de expresión en España. Menciona el caso de los titiriteros encarcelados por enaltecimiento del terrorismo; el de una joven procesada bajo la acusación de haber publicado amenazas a políticos en Twitter, 'al igual que músicos y poetas'. Destaca que 'la decisión llega cuando hay artistas que han tenido dificultades legales para obras que insultan el establishment político y monárquico, o que se ha considerado que exaltaban el terrorismo o más formas de violencia'. Y habla de la condena a tres años y medio de prisión del cantante Valtònyc, de quien dice que recurrirá al Tribunal de Estrasburgo y que es un preso político, un concepto -dice el diario- que no es fácilmente desestimable en un país con una historia que incluye una dictadura fascista '.
También dice que durante el gobierno de Mariano Rajoy 'se ha aprobado una ley muy criticada sobre la seguridad pública que pretendía controlar la proliferación de protestas durante la crisis financiera'.
El diario británico
The Guardian destaca que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha ido a la inauguración de Arco 'por la polémica sobre la libertad de expresión y la libertad artística en España'. Dice el diario que el motivo, la censura de la obra de Sierra, incluye las fotografías de Junqueras y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y añade: 'La polémica llega tras la sentencia a tres años y medio de prisión de un cantante de rap' y de 'la orden de un juez de secuestrar las copias del libro Fariña , sobre el tráfico de drogas en Galicia , a raíz de una acción legal presentada por un ex alcalde contra el autor. '
Además, se hace eco de la denuncia de Amnistía Internacional en el reporte anual que han presentado hoy en todo el mundo, en el que se critica 'que España utilice la ley para minar la libertad de expresión'. Y también habla 'de la incriminación de gente que ha expresado opiniones que no constituyen una incitación al terrorismo y que entran dentro de las formas permitidas por la legislación internacional en materia de derechos humanos'. Más concretamente, los casos de los titiriteros encarcelados y el de Cassandra Vera, la joven que fue procesada por haber bromeado del asesinato de Carrero Blanco. Dice también, citando el reporte de Amnistía Internacional: 'Los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica de los independentistas catalanes fueron reprimidos desproporcionadamente y la policía española empleó una fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos que querían participar en el referéndum unilateral de octubre.' Y aún: Amnistía pidió recientemente la liberación de Sánchez. '
La cadena británica
BBC empieza diciendo: 'Una feria de arte en España ha retirado una obra de arte que incluye fotografías de políticos catalanes encarcelados.' Y recoge las declaraciones de Sierra diciendo: 'La retirada daña la reputación internacional de la feria de arte y de España.'
La prensa francesa también se ha hecho eco. El diario
Libération explica los hechos y los detalles de la exposición, y destaca que ha intentado hablar con el director de Arco pero que no lo ha conseguido. También ha hablado el diario
Le Figaro , que recuerda: 'En España ha habido recientemente debates sobre la libertad de expresión.'
La condena de eurodiputados
La condena a Valtònyc y la censura de Arco han hecho reaccionar una treintena de eurodiputados. En una pregunta parlamentaria con el título 'la libertad de expresión, bajo amenaza en España', los diputados han informado por escrito del Ejecutivo comunitario de esta situación y algunas otras, como el secuestro del libro Fariña. En la pregunta también se han referido a Pablo Hasel, que espera la sentencia que lo podría enviar a la cárcel tras ser juzgado por calumnias contra el rey español. Los eurodiputados han expresado dudas sobre el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos por parte del estado español. Los impulsores de la iniciativa han sido Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé (ERC), que han contado con el apoyo de Ernest Urtasun (ICV), Ramon Tremosa (PDECat) y treinta eurodiputados de los Verdes y de la Izquierda Unitaria.
La Comisión Europea considera que la ley española de seguridad ciudadana [la llamada 'ley mordaza'] y el código penal español se corresponden plenamente con los artículos 11 y 12 consagrados a la carta? ', Han pedido a la institución. El artículo 11 establece que 'toda persona tiene derecho a la libertad de expresión' y el 12 recoge el 'derecho a la libertad de reunión pacífica ya la libertad de asociación en todos los niveles'.
En el escrito también han recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado contra el artículo 490 del código penal español, que ofrece protección a ciertas instituciones contra el delito público y prevé penas por calumnias o injurias al rey español. Los diputados han denunciado que este artículo había sido 'la base legal para resoluciones recientes' y que, a pesar de la opinión de Estrasburgo, 'no ha tenido ningún cambio'.