La CNMV advierte de las dificultades para dar la razón a los clientes que invirtieron en preferentes
Con esta afirmación la institución supervisora reconoce las escasas posibilidades que tienen los clientes minoristas que contrataron participaciones preferentes en los últimos 14 años para recuperar su inversión tras presentar una reclamación. En la actualidad quedan aún por canjear en un producto más líquido 5.500 millones de euros en este producto híbrido. Se llegaron a vender 29.500 millones desde 1999 hasta 2009, años más activos en la emisión de este híbrido.
Casi todos estos fondos pertenecen a clientes de las entidades financieras nacionalizadas: Bankia, con 3.200 millones; Novagalicia, con 900 millones; Catalunya Caixa, con 500 millones, y Banco de Valencia, con 70 millones.
Ese es uno de los principales mensajes que ayer transmitió el director general de entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), José María Marcos Bermejo, a los grupos parlamentarios durante su participación en la subcomisión de transparencia de productos financieros e hipotecarios del Congreso de los Diputados. Bermejo defendió la actuación de la CNMV en el proceso de comercialización de preferentes. Aseguró que tanto la normativa vigente española como la europea establece "el principio de libertad de emisión y no permitía, ni permite, que la CNMV prohíba la comercialización de productos financieros. Ni siquiera la colocación de productos complejos entre inversores minoristas".
El directivo afirmó que, pese a la limitación de la CNMV, este organismo inició una serie de revisiones sobre las colocaciones y canjes que habían realizadado las entidades financieras.
Como conclusión, Bermejo destaca que en determinadas entidades "el número de clientes que contrató el producto después de ser advertido de que la operación era no conveniente fue muy elevado". También llama la atención sobre el efecto contrario. Afirma que el "porcentaje de clientes a los que las entidades reconocen haber recomendado la adquisición del producto es absolutamente marginal".
Sobre el cumplimiento de la obligación de informar al cliente sobre los riesgos de las participaciones preferentes, el director general de la CNMV concluye que la comercialización "de las emisiones más recientes se realizó, con carácter general, ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente, al menos desde la perspectiva de la documentación contractual que soporta la operación".
Marcos reconoce, pese a todo, que existen numerosas reclamaciones de inversores que manifiestan haber recibido una información verbal contradictoria con la documentación firmada. El director general de entidades, no obstante, defiende la actuación de la CNMV en estos casos al argumentar que esta institución "carece de elementos probatorios que permitan comprobar lo realmente ocurrido".
La Comisión ha iniciado ya seis expedientes sancionadores, con un nominal afectado de 3.985 millones. Y anunció que con la información disponible sobre los trabajos de supervisión en curso, es previsible que se inicien otros 11 expedientes por un importe nominal de 1.966 millones. En total, los 17 expedientes sancionadores abiertos y previsibles afectarían a 5.990 millones. El número de entidades afectadas alcanzaría a 15, pertenecientes a nueve grupos tras las fusiones de las cajas de ahorros.