El 'caso Filesa' vuelve contra el PSOE 30 años despuésEl PP pide prisión contra empresarios vinculados a una de las tramas de financiacion ilegal del PSOE'Caso Filesa' La trama ilegal que usó el PSOE para financiarseJusticia El Supremo ordena investigar el último fleco del 'caso Filesa' 30 años despuésOcupado en sacudirse el desgaste de la condena en firme por el caso de los ERE, al PSOE le ha venido ahora a visitar el fantasma de otro gran escándalo de corrupción que había vivido, el del caso Filesa. El juzgado de Instrucción número 26 de Madrid acaba de recibir un escrito de acusación en el que el PP pide prisión contra siete empresarios implicados en una de las ramas de la investigación en torno a la financiación ilegal del PSOE.El núcleo del caso Filesa fue juzgado en el Tribunal Supremo hace ahora 25 años. La condena más dura fue para el diputado socialista Carlos Navarro, a quien el Supremo ordenó ingresar en prisión sin esperar a la posible suspensión de la pena por el Constitucional ni a la petición de indulto presentada.PUBLICIDADFuera del juicio del Supremo quedaron dos ramas de la investigación sin aforados que fueron a parar a juzgados ordinarios. Una, la de las comisiones por la adjudicación de obras del AVE, acabó también en condenas. La otra, la relativa a Viajes Ceres, es la que ahora va camino de juicio.Viajes Ceres era propiedad de Filesa y se montó para hacerse con los fondos destinados a viajes del ImsersoSe trata de la rama centrada en la sociedad montada dentro de la trama de financiación ilegal para hacerse con los fondos que el Gobierno entregaba para los viajes de mayores, sufragados parcialmente por el Imserso. Las accionistas de Ceres eran las sociedades Filesa, Malesa y Time Export, cuyos nombres se asociaron durante años a la corrupción socialista como luego Gürtel lo haría a la del PP.«Las actuaciones han confirmado que Viajes Ceres era una más de las sociedades controladas por un grupo financiero íntimamente ligado a personas o sociedades vinculadas a la financiación del PSOE que, de forma encubierta, fue utilizada para la distracción de elevadas cantidades de dinero, de la que aparecía como una legítima actividad mercantil», afirma el escrito presentado en el juzgado por el abogado del Partido Popular Juan Ramón Montero.El Supremo dictó 10 condenas en 1997 por la trama para financiar las campañas socialistasEl dinero público llegaba a Ceres, pero Ceres no siempre lo destinaba a quienes proporcionaban los servicios, como la empresa pública de transporte en autobús Enatcar. El escrito calcula en casi 898 millones de pesetas (5,4 millones de euros) el dinero público desviado.PUBLICIDADQue la causa se abriera hace tres décadas y aún no se haya juzgado tiene múltiples implicaciones. La primera, que algunos investigados ya han fallecido. El escrito de acusación, por ejemplo, vincula al fallecido diputado Navarro con la decisión de vaciar las cuentas de Ceres para eludir a los acreedores.En febrero, el Alto Tribunal revocó el archivo de la rama de Viajes Ceres acordada por prescripciónLos finalmente acusados son Antonio Mata Ramallo, Carlos Rodríguez Bono -sobrino del ex presidente de Castilla-La Mancha-, Eligio Salgueiro Ayala, Juan Bautista Calatayud Montiel, Miguel Guijarro Gómez y Joaquín Lluch Rovira. Se les atribuyen delitos de cohecho, estafa, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, fraude fiscal, falsedad documental, alzamiento de bienes, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita. En cuanto a las penas, oscilan entre un mínimo de 22 años y medio y un máximo de 71 y medio, además de multas millonarias por los delitos fiscales.El PP acusa a siete empresarios de una decena de delitos distintos y pide para ellos entre 28 y 71 años de prisiónEl retraso en la causa también implica que en caso de condena las penas se reduzcan de forma drástica. Y que está abierta la posibilidad de que los hechos se consideren prescritos. Así lo estimó en su día la Audiencia de Madrid, que llegó a cerrar la causa. El abogado del PP recurrió y el pasado febrero el Supremo le dio la razón considerando la decisión prematura. Un nuevo archivo por prescripción todavía es posible, pero ya no evitará que el PSOE haya visto cómo convergen en los juzgados sus dos principales casos de corrupción.Condena a la jefa de FinanzasFilesa fue el más sonado caso de corrupción de los muchos que sacudieron al PSOE en los 90. El Supremo condenó a la responsable de finanzas del partido, Aída Álvarez, además de a un senador y a un diputado. Pero no fue más allá. La querella contra el vicepresidente Alfonso Guerra fue desechada. Sí tuvo que comparecer como testigo (en la imagen superior), como el propio presidente del Gobierno, Felipe González.Tampoco hubo condena formal por financiación ilegal, dada la muy laxa regulación de ese delito en aquellas fechas. Pese a todo, el TS dijo en su sentencia que los condenados «buscaban, como fin claro y último, ayudar al partido político en todo cuanto pudiera suponer su financiación».Guerra en Ucrania
