Las comunidades autónomas utilizan como pretexto aspectos, como las bolsas de basura de un solo uso o las tierras infrautilizadas para crear impuestos propios. En total, Andalucía tiene ocho de estos gravámenes, que suponen numerosos costes de implantación y recaudación.
Según un informe divulgado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España, la recaudación que aportan los impuestos propios de las comunidades autónomas representan solo un 1,8% de los ingresos tributarios. El documento concluye que los costes de gestión de algunos de estos tributos superan la recaudación que se obtiene de ello. Sin embargo, las comunidades no dejan de crear nuevos impuestos y de modificar los ya establecidos.
"Como bastantes de los impuestos propios que implantan las Autonomías se parecen y tratan de gravar el mismo hecho imponible, pero se articulan de manera muy diferente, se produce un cierto caos normativo en este campo". En consecuencia, el REAF destaca que "una solución podría ser que el Estado estableciese determinados impuestos medioambientales y los cediese a las Autonomías, teniendo éstas capacidad normativa sobre determinados elementos de los mismos".
Por otro lado, las asesorías jurídicas y fiscales de las empresas que actúan a nivel nacional dedican buena parte de su tiempo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que supone un coste importante y dificulta la planificación de las empresas.
Las comunidades tienen que costear importantes competencias como la sanidad y la educación, contando con ingresos tributarios que les permitan hacer efectiva su autonomía financiera. Los mayores ingresos se consiguen de su participación en el IRPF, el IVA e Impuestos Especiales. Otros tributos estatales totalmente cedidos, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e ITP y AJD, suponen algo más del 15% de sus ingresos tributarios, sobre los cuales presentan gran capacidad normativa.
Además, han surgido numerosos pleitos para evitar la doble imposición que se ha producido en algunas comunidades autónomas, como es el caso de las tasas judiciales catalanas, o para anular los casos en que exceden sus competencias, por ejemplo, la tasas a los depósitos bancarios de Extremadura, Andalucía y Canarias.
Por otro lado, el escalón entre la presión fiscal que ejercen las comunidades autónomas se agranda en 2013. Cataluña, Andalucía y Asturias lideran el ranking de las autonomías con unos tipos más altos, tanto en IRPF, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, ITP y AJD, tendencia creciente en 2012 y 2013. Mientras que Madrid y La Rioja mantienen en plena crisis su política de baja tributación.
Según Sanmartín, presidente del REAF, lo "lógico" es clarificar la soberanía tributaria, tal y como ha hecho el Gobierno con el tributo a los depósitos bancarios, fijando un impuesto estatal de tipo cero para homogeneizar la situación en las diferentes comunidades. Por tanto, una solución podría ser que el Estado estableciese determinados impuestos medioambientales y los cediese a las autonomías, teniendo éstas capacidad normativa sobre determinados elementos de los mismos.
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_col.jpg?1392060249 "Reforma fiscal en 2015: qué propone el Gobierno y qué proponen los expertos")
