Cualquier encuesta que se precie, a la pregunta sobre qué nos preocupa a los españoles, saldrá una amplia mayoría que responda con su incertidumbre sobre la viabilidad futura del Sistema Público de Pensiones tal y como lo conocemos hoy en día, proponiendo, eso sí, a su medida, que se acometan cambios sin que nos afecte mucho con el fin de adaptar el sistema a la transformación demográfica y social que se está llevando a cabo en nuestro país.
Los cálculos que hacen los expertos no generan mucho optimismo que digamos. Dicen que para el 2050 se esperan 15 millones de pensionistas. Usando el sistema actual de reparto, se necesitarían más de 28 millones de cotizantes a la Seguridad Social para asumir, sin demasiadas dificultades, el pago de las pensiones tal y como las conocemos hoy. A tenor de las citadas cifras, nuestro Sistema de Pensiones está abocado, sin remedio, a una merma sustancial en la cuantía de reparto a cada pensionista para descartar su quiebra técnica. Con el fin de evitar ese futuro tan drástico y no imposible que nos espera, constantemente se están planteando nuevas medidas para, según se pueda, irlas implantando con el consiguiente consenso entre los diferentes actores que intervienen en el proceso. Todas esas medidas pasan por el aumento del ahorro complementario, bien sea público o privado, de cara a la futura jubilación. Tal es el caso, que ya nos hemos familiarizado con los tecnicismos que trae causa esta tribuna.
Con el fin de garantizar nuestro Sistema de Pensiones, algunos expertos proponen modificar la forma en la que se calcule el importe de las cuantías para que sean más verosímiles a las aportaciones realizadas, y aquí es cuando citan las Cuentas Nocionales poniendo el ejemplo de países como Italia, Suecia o Polonia, donde ya se están aplicando. El modelo consiste en que cada trabajador disponga de una cuenta virtual donde se van anotando todas las aportaciones que se van realizando, para, llegado el momento de la jubilación, calcular el monto total, siendo la pensión vitalicia el resultado de la división del saldo acumulado en cuenta durante toda la vida laboral, entre la esperanza de vida que se estime en el momento de la jubilación. En función de los datos obtenidos, se calcula qué pensión pública correspondería hasta la finalización del saldo acumulado, como si de un Plan de Pensiones privado se tratase. Con este sistema, lo que se consigue es no cambiar el concepto que tenemos de pensión donde los que están en activo sufragan a los pensionistas, pero sí el modelo de cálculo.
Las ventajas de este sistema son varias: el Sistema de Pensiones sería más contributivo y transparente ya que cada trabajador acumularía las cotizaciones de toda su vida laboral en su propia cuenta. Cada jubilado cobraría en base a lo aportado haciendo el sistema más sostenible. El contribuyente decidiría cuánto aportar, cuándo jubilarse y cuánto cobrar. Por último, supondría un incentivo para alargar la vida laboral debido a que está ligado lo que se ha cotizado con lo que se cobrará. A pesar de estos beneficios, su implantación no sería sencilla al requerir una reforma de gran profundidad para el sistema actual teniendo que ser aceptado por un consenso muy abultado.
Como desventajas habría que tener presente que los que ya tienen una vida laboral avanzada, tendrían poco tiempo para acumular unos importes que satisficiesen económicamente su pensión de jubilación. Penalizaría a los que no han tenido una vida laboral muy activa, con lo que habría que imponer unas pensiones mínimas sufragadas por el Estado con el fin de no perder la solidaridad del sistema. Finalmente, el cálculo de la base de cotización se alargaría a toda la vida laboral provocando una disminución de la cuantía a percibir.
Para el 2050 se esperan 15 millones de pensionistas. Usando el sistema actual de reparto, se necesitarían más de 28 millones de cotizantes
Por otro lado, tendríamos lo que vulgarmente se conoce como ‘Mochila Austriaca’. Este modelo, del que tanto se ha hablado recientemente, se copia de Austria ya que su Gobierno, allá por el 2003, creó un fondo de capitalización individual en el que los empresarios ingresarían en él una parte del salario bruto de cada empleado, suponiendo, en su momento, una revolución en el sistema de indemnizaciones. Ese fondo creado a nombre del trabajador es invertido y gestionado por una entidad financiera con el fin de sacarle una rentabilidad adicional, siendo el Estado el garante de una rentabilidad mínima para que la inflación no merme su cuantía, así como para evitar una desacertada inversión o fraude en un determinado momento, pues se garantiza el 100% del capital aportado. El trabajador, si lo desea, puede saber en todo momento cuánta es la cantidad que tiene acumulada, y siempre será de él, aunque sea despedido, se vaya a otra empresa o decida emprender su propio negocio. Esos ahorros acumulados pueden ser utilizados en caso de despido sin afectar al subsidio de desempleo, o se pueden usar como un complemento a la pensión de jubilación.
Los que defienden este sistema argumentan que beneficia tanto al empleador como al empleado: al empleador porque así permite adaptar su plantilla a las condiciones de la empresa sin pensar en los posibles finiquitos de despido, y al trabajador le aporta la ventaja de no tener que esperar a que lo despidan para que lo indemnicen. Beneficia la contratación indefinida eliminando de un plumazo la mayoría de los contratos temporales. Garantiza también la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento.
Por el lado de las desventajas está que tanto la patronal como los sindicatos rechazan el sistema: los primeros porque ven incrementados los gastos empresariales al encarecer las aportaciones, y los segundos porque favorece el despido sin una causa aparente y critican que se está camuflando un Plan de Pensiones. Por otro lado, su facilidad para implantarlo en Austria fue debido a su baja tasa de paro, sin embargo, en España, con el porcentaje tan elevado de desempleo que existe, se podría incurrir en un efecto no deseado.
El caso es que la introducción de un sistema u otro supone, como decía, una reforma de gran calado en la totalidad de todo nuestro Sistema de Pensiones, y eso requiere un consenso sin precedentes que, hoy en día, no ha sido posible, a pesar de la necesidad imperiosa que existe de afrontar la realidad sin que los que estamos ya encaminados hacia ese futuro nos veamos perjudicados.
