Hoy Montoro ha anunciado en la comparecencia en la que iba a informar del resultado de la amnistía fiscal y supuestamente del caso de Bárcenas y sus ramificaciones que iba a facilitar un titular: “La declaración no borra o limpia delitos cometidos”. De que miente no ha avisado, quizás porque estima que es tan obvio que no es necesario.
Los datos son 29.065 personas físicas y 615 sociedades, con un patrimonio aflorado de 40.000 millones y una recaudación en torno a los 1.200 millones de euros. En fin, dado que Hacienda sólo puede ir (por la vía administrativa) contra lo no prescrito y dado que se regularizaba un 10% de lo no prescrito, (en realidad podría ser un 8 o un 10 en función de la circunstancia pero uso el 10% por beneficio de la duda para Montoro pues sería el mejor caso), tenemos un mínimo de 12.000 millones de importe de rentas defraudadas a lo largo de los ejercicios no prescritos.
En primer lugar la amnistía fiscal, lo que ha permitido es que miles de personas se hayan librado de un delito contra la hacienda pública tipificado en el artículo 305 del código penal. Esto supondría según la redacción antigua del código penal una pena de uno a cinco años, que además especificaba dos situaciones en las que se obligaba a que la condena estuviese en la mitad superior:
· La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario.
· La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados tributarios.
Esta previsión desapareció de forma que ahora la condena pasaría a estar en el supuesto del 305 bis que establece que en este caso la pena pasará de ser de 2 a 6 años. Curiosamente, aquello de que se endureció la normativa, tampoco era cierto, porque con buenos abogados, atenuantes y demás la pena pasaría de 3 años mínimo antes a 2 ahora.
En fin, pero es que además resulta que la normativa nos cuenta que este delito no se podrá perseguir con la regularización previa, (esto normalmente), pero es que además esta regularización “impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.”.
Por tanto la regularización lo que provoca es que se “olviden” unos cuantos delitos a mayores, ya que directamente no son perseguibles. Pero es que además en enero resulta que también se cambió la normativa respecto a las prescripciones de tal forma que el siguiente párrafo:
“En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley”,
por el siguiente:
“Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.”.
Por supuesto, no aparece en ningún lado que el resto de delitos queden limpios. Es decir, si el dinero viene de un robo, este robo no quedaría incluido en la amnistía fiscal; como no puede ser de otra forma, y que es lo que viene a decir en el titular. Sin embargo, ni tan siquiera esto es del todo cierto.
Por un lado nos encontramos con la queja de los inspectores de que no tienen acceso a los datos, aspecto contradicho por Montoro, que dice que cualquiera de los inspectores tienen acceso a los datos; olvidando que los inspectores, no son la policía ni órganos judiciales. Es decir, como Montoro sabrá resulta que los inspectores revisan aspectos fiscales y sólo cuando en el transcurso de esto aparecen otros delitos tendrán que ponerlo en conocimiento de jueces para que actúen, (independientemente de que luego el juez pida colaboración de la agencia tributaria). Esto implica que los inspectores no investigan corrupción por su cuenta, y al estar los aspectos fiscales finiquitados no tiene sentido que entren ahora, por lo menos por su cuenta y en su trabajo.
Pero es que además está claro que no interesa investigar debido a que cuando se ha preguntado si Barcenas ha regularizado, la realidad es que Montoro no lo sabe. Y no lo sabe porque resulta que ahora las sociedades tienen un año para identificar a las personas que están detrás. ¿Por qué este plazo de un año?. ¿Es que los dueños finales del dinero necesitan tanto tiempo para cubrir un impreso en el que pongan un nombre y un NIF?. ¿Es que las sociedades no saben quiénes son sus dueños y han decidido regularizarse sin su conocimiento; (¡si no lo conocen!). Resulta que tenemos una serie de sociedades, (615) que regularizan un importe sin especificar ni tan siquiera quienes son las personas que están detrás. ¿Cómo es posible que se investigue la procedencia de un dinero que no se sabe ni de quién es?. Pues la realidad es que es imposible. Sólo se puede entender este punto como una “garantía” ofrecida a los evasores. Es decir, la realidad es que los evasores tienen otro año más para decidir si se muestran o no, lo cual será en función de la evolución de los acontecimientos. Sí se investiga la procedencia del dinero, pues resulta que estas personas desconocidas, lo seguirán siendo. Por tanto lo que está claro es que la intención es no investigar.
En definitiva lo que tenemos, al igual que lo que hizo el PSOE cuando detectó la lista de defraudadores, es ofrecer una salida a miles de personas que han defraudado los impuestos a los Españoles, para evitarles todo tipo de procedimientos fiscales. Si esto no es limpiar delitos, ya me explicará que lo es, y de hecho la evolución del tiempo nos deja cosas tan curiosas como el hecho de que Botín quede como un poco pringado. Si recordamos en su caso aparecieron olvidados 2.000 millones, de los que se olvidó declarar tanto patrimonio, como irpf a lo largo de un buen número de años y esto le supuso pagar 200 millones, (o sea el 10%). Ahora mismo hubiese sido el 3%.
No entiende Montoro tampoco que la gente se mosquee porque estos contribuyentes son los que más han pagado en términos absolutos. Pues considero que es sencillo; ya que resulta que lo que importa es el absoluto. Para esto hagamos un ejemplo práctico; que cada uno mire su saldo en ahorros. Imaginemos que una persona tiene 50.000 € ahorrados. ¿Cuántos impuestos ha pagado?. Pues se suman los impuestos pagados a lo largo de estos años, se compara con 1.500 que se pagarían y nos olvidamos de patrimonio, aquello de contribuir al esfuerzo en función de la renta y demás y tendremos una idea de porque la gente está enfadada; por no hablar de que se de premios a los delincuentes mientras se machaca a los que pagan.
Nos dice también que han aflorado 40.000 millones, que generarán impuestos posteriormente. ¿De dónde sacan esto?. Es decir; estos 40.000 millones que han sido declarados, no se han movido de donde estaban, y si estaban en un lugar opaco, seguirán en un lugar opaco. En el mejor de los casos acabarán en una SICAV o similar que suponga un pago infimo, por lo que también es muy engañoso esto de que a partir de ahora pagarán, porque no existe ninguna razón para que paguen si no quieren. En una amnistía para regularizar, (como en todas), lo que hacen los evasores es asumir un coste determinado para asegurar inmunidad por lo previo, pero los rendimientos de 2012 y siguientes pueden seguir escondiéndose de la misma forma.
También nos ha contado que no había otra forma de conseguir dinero, pero justamente hoy nos hemos encontrado con una noticia curiosa que recoge Bloomberg, en la que Montoro ha chantajeado a las empresas extranjeras de juego para que pagasen impuestos españoles cuando estaban radicadas fuera de España a cambio de las licencias de juego, además de ciertas acusaciones de tráfico de influencias. Por supuesto, Hacienda ha negado tal circunstancia y lo que nos ha contado es que las empresas han decidido regularizar por su cuenta unos ingresos en un país en el que no estaban radicadas. Cuesta mucho creer que todas las empresas, sin instrucciones de la agencia tributaria, (como dice el desmentido de hacienda que pongo en el link), decidan regularizar un importe de forma totalmente voluntaria, para luego quejarse en los medios.
También explican en la noticia las vinculaciones de la empresa del hermano de Montoro en la empresa fundada en su día por Montoro, con la tramitación de la ley del juego y las ventajas a la empresa Codere. Hacienda afirma que esto no se sostiene porque la empresa ha presentado un recurso contra el ministerio, (¿acaso no existe la posibilidad de que un beneficiado de alguna actividad irregular recurra?; ¿no será más factible esto que los chantajeados?).
Hacienda también anuncia que va a denunciar a Bloomberg, al periodista y nos recuerda lo que ha dicho Montoro hoy en el parlamento, ¡todo es una campaña que hace daño!. Por cierto, ¿no está Hacienda emitiendo desmentidos y anuncios de demanda que corresponderían en todo caso a una persona particular con cierta alegría?. ¿Es una nueva moda, tras lo ocurrido con la abogacía de la comunidad de Madrid para quitar a Ignacio González de la noticia de Idealista?.
Hacienda dice que las noticias dañan el sistema y la democracia; pues no. Lo que daña la democracia son otras cosas. Por cierto, yo también soy ruin, porque también quiero saber si ha percibido sobres.
