Una de las medidas y sus justificaciones más curiosas ha sido la introducción del copago hospitalario o lo que es lo mismo, introducir el copago también en los medicamentos recetados y administrados en los hospitales. Supongo que por costumbre, se ha tratado de decir en estos momentos que obedecía a criterios disuasorios. El problema es que si estamos hablando de razones disuasorias para introducir cualquier pago, tendríamos que estar hablando de productos de consumo banal, no efectivo o incluso de evitar el abastecimiento o de que pensionistas cojan las medicinas para familiares activos. Incluso estando de acuerdo en que los problemas anteriores sean tan relevantes como para asumir unas medidas que tendrán unos efectos secundarios graves, tendremos que tener en cuenta que en el caso de los medicamentos de dispensación y administración hospitalaria directamente no existen.
Se podría entender que las personas abusasen de aspirinas o de cualquier medida, pero no soy capaz de entender que una persona abuse de la quimioterapia. Aplicar una medida disuasoria a un tratamiento contra el cáncer, administrado con control médico y en un hospital es como poco absurdo. Si se consiguiese el objetivo, un determinado número de personas no accedería a estos tratamientos, y esto implicaría la muerte. Como no tiene sentido, deberemos entender que en el mejor de los casos, ni una sola medicina contra el cáncer será evitada, de tal forma que únicamente estaremos asistiendo a un impuesto, que pagarán las personas que contraigan esta enfermedad.
Con ser lo anterior grave, está claro que no compite con otros casos de fármacos dispensados en hospitales y sujetos ahora a pago y que afectan a enfermedades que son susceptibles de contagio y en colectivos con determinadas dificultades. Si difícil es que una persona deje de consumir un producto contra el cáncer derivado del pago, (sobre todo teniendo en cuenta el resto de efectos negativos de estos tratamientos), mucho más sencillo será encontrar casos de personas con hepatitis tipo C que abandonen la medicación, lo cual puede acabar provocando un problema claro de salud pública.
Igual al resto de copagos, nos encontramos con una situación en la que finalmente el coste se puede incrementar, ya que en no pocos casos, la medicación en momentos iniciales o incluso la prevención puede ahorrar las complicaciones con un coste incrementado. Lo paradójico del caso es que no es muy difícil entender por tanto, que la relativamente escasa recaudación que se conseguirá de esta medida provocará unos costes muy superiores, de tal forma que ni tan siquiera se puede defender que esto ayude a la viabilidad del sistema.