En el desfile de expertos desbarrando en los medios de comunicación encontramos un rankiano publicando un artículo en “El Economista”. Soy perfectamente consciente de la que me va a caer, pero no puedo resistirme.
Estamos hablando de Victor Alvargonzález, que además de Rankiano, es colaborador de “El economista” y Director de inversiones de Tressis S.V. Según la página de Tressis, es Director de Estrategias de Tressis Gestión (la sociedad denominada realmente Tressis S.V., S.A., pero que se publicita como Tressis Gestión de patrimonios). En todo caso, puede que no tengan demasiado actualizadas las páginas del grupo porque Daniel Lacalle firma como Director de Tressis Gestión y aparece como Director de inversiones de Tressis Gestión SGIIG (otra sociedad).
El caso es que publica un artículo que nos pone en una disyuntiva curiosa: “¿Por qué rescatar bancos si se pueden cerrar diputaciones?”. El artículo no tiene desperdicio y sirve para unir varios argumentos candentes con un hilo común. ¿Cómo lo hace? Pues con el manual en la mano. Sólo así se puede llegar a sugerir que estamos ante una disyuntiva entre cerrar diputaciones o rescatar bancos. Cuando hablamos de economía todo está relacionado de alguna forma; en todo caso, las diputaciones parecen representar un papel un tanto marginal para explicar la necesidad de un fenómeno mundial.
El manual nos debe indicar que lo primero que hay que hacer es hablar de Goebbels (aclarando al que no sepa que era ministro de propaganda nazi). ¿Qué relación tiene con los rescates a los bancos o las diputaciones? Pues en principio, ninguna; pero siempre es bueno poner delante al propagandista nazi. Quieras que no: ¡blinda!. Supongo que en los comentarios me encontraré con referencias a Venezuela y Grecia (ahora que Irán es colega y va dando contratos por ahí ya empieza a perder protagonismo).
Esto lo suelta para aclarar lo que define como media verdad: Según él, Bruselas exige sólo que cuadremos las cuentas (no el cómo) y ha sido el esquema nazi de propaganda (acompañado de la inexistencia de un politburó desde Bruselas; ¿qué tal la referencia al comunismo?) el que nos lleva a todos a considerar que eso implica en obligar a recaudar más. Como los políticos no han hecho nada, el BCE se ha visto obligado a introducir unas medidas desastrosas y finalmente tendremos que rescatar a los bancos. ¿Qué tiene que ver esto con las diputaciones? Pues ya tenemos la razón por la que se rescatan los bancos.
Siempre he defendido que los gobiernos han tomado medidas, que en general han sido impuestas por los bancos centrales, y que todo ello nos ha llevado a un desastre tras otro; de tal forma, que cada patada para adelante obligaba a unas medidas peores en el futuro.
En fin, supongo que habré sido influido por Goebbels, o que no habré presentado el suficiente interés a lo que ocurre en otros países (comunistas, pseudocomunistas o lo que sea; siempre y cuando sean convenientemente malvados); pero creo que la explicación de la situación es, cómo poco, discutible (por lo menos mientras se pueda discutir en España).
El artículo entra a analizar el papel de las diputaciones, con los siguientes argumentos:
Consideremos -y es sólo una pequeña muestra- lo que podría ahorrar el Estado dejando de pagar un ente como son las Diputaciones Provinciales, con actividad claramente solapada y duplicada con la de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ese dinero podría ir a reducir impuestos, fomentando así el consumo, reduciendo la presión sobre el BCE y evitando que tome medidas desesperadas.
Estamos hablando de 5.900 millones de euros (20.000 millones si se suman los de las tres diputaciones forales vascas). Si a eso sumáramos lo que cuestan organismos clientelares como el Senado o los ingresos que se podrían obtener vendiendo los inmuebles que tiene la administración en las mejores zonas de las ciudades -es falso de toda falsedad que se malvenderían, porque en esas zonas casi no han caído los precios-, no sólo ayudaríamos al BCE a sacar a Europa del estancamiento deflacionista, sino que, además, evitaríamos tener que pagar por reestructurar un sector bancario demasiado grande para un crecimiento económico tan bajo, y demasiado anticuado para sobrevivir en atmósfera cero (de tipos de interés).
Asumamos que son 5.900, 20.000 o 25.0000 millones de euros al año. ¿De verdad servirían para reducir impuestos? Lo digo porque recientemente hemos tenido ahorros mayores que no han servido para reducir impuestos, incrementar el consumo y todo este razonamiento que nos han colocado por activa y pasiva. Pero vale: asumamos que esto es literatura y que los 5.900 millones servirían para reducir el déficit actual y la deuda pública. Lo malo es que esto no serviría para mejorar el consumo….
Pero vamos a comenzar hablando del coste; según este artículo hablamos de 5.900 millones de entrada y no tengo claro si hablamos de 25.900 millones o 20.000 millones si metemos a las diputaciones forales vascas. ¿De dónde salen estos números? Parece increíble pero aquí todo el mundo da una cifra: El PSOE proponía eliminar las diputaciones para ahorrar 1.000 millones de euros en 2011; Libremercado afirmaba que la eliminación de las diputaciones ahorraría 16.000 millones (eso sí; en base a un estudio de UPyD que incluye el ahorro de fusionar ayuntamientos); el blog salmón se va a los 20.000 millones (también con la fusión de ayuntamientos), y al final Vox se apuntaba a los datos de UpyD (eso sí inflando un poco los gastos) y llegaba a la conclusión de que eliminando las CC.AA y traspasando sus competencias a estado y diputaciones se ahorrarían 60.000 millones anuales.
Y todos, con lo mismo; con la cantinela de las duplicidades, el gasto y lo que les gustaría. Digo yo que si queremos un debate serio sobre las diputaciones deberemos pedir un poco de seriedad; pero va a ser que esto no se estila. Este en particular nos dice 5.900 millones, 20.000 millones o 25.900 millones (y lo triste es que ya ni tan siquiera me importa demasiado que haya dicho 20.000 o 25.900 millones).
Vamos a ver si nos enteramos un poco; sustituyendo las diputaciones por consejos de alcalde el ahorro no puede ser superior a lo que gastan las diputaciones (por razones obvias). Y tampoco puede ser el total de las diputaciones, porque resultará que una obra que haga la diputación no es una obra que haga otra entidad. Por una vez el Partido Popular tiene toda la razón del mundo: Las diputaciones son la administración pública en el rural. Si cogemos el presupuesto de las diputaciones y los eliminamos lo que conseguimos es que las inversiones en el rural sean cero. Si lo que proponemos es que pasen a los ayuntamientos; lo que haremos será traspasar la gestión a entes minúsculos (en el rural) descentralizando y disparando el coste. ¿Se puede hacer un estudio mínimamente serio sin tener en cuenta lo que se pretende? Pues eso: El resto números; y que cada cual use el muy científico método de poner el que le viene mejor a sus dogmas o intereses.
Supongo que se argumentará que podrían centralizarse los servicios que prestan las diputaciones y también estoy seguro que al final saldrá el tema de la corrupción. No costará ver que existen relaciones clientelares en las diputaciones y que la corrupción en estos casos es imperdonable. Debemos comprender que la función teórica de las diputaciones es la de prestar servicios básicos a los municipios más pequeños. Son funciones muy dispersas, con unos costes mayores derivados de la dispersión (no es lo mismo un contrato para el abastecimiento de agua en una gran capital que un contrato para suministrar agua en uno o varios municipios alejados de capitales de provincia). Es sencillo entender que la penetración de la gran empresa y la monetización del negocio ha sido la menor de las posibles; y ahora hace falta negocio. ¿De verdad estamos hablando de ahorrar y eliminar la corrupción?
Pero, ¿por qué no hablamos de otras cosas? O mejor, ¿por qué no hablamos en serio? Lo digo desde una posición en la que debería presentarme siempre a este ruedo con la frase: “los que vamos a pagar os saludan”. Ya sé que se me va a acusar de griego podemita, amigo de los comunistas bolivarianos del séptimo advenimiento del terrorismo islámico, pero ¿por qué no nos dejamos de tonterías? ¿Hablamos de los contratos públicos de constructoras? ¿Hablamos de los sobre-costes estimados de todas las irregularidades y colusiones en concesiones públicas que suman 48.000 millones anuales según la cnmc? ¿Hablamos de los sobrecostes y prácticas antimercado que han supuesto una sanción contra el grupo OHL, la constructora PAS y 45 más? ¿Hablamos de las prácticas que han supuesto que la Guardia Civil entre a registrar diversos despachos de Javier López Madrid?; ¿hablamos de los compadreos por despachos?; ¿de las normativas ad hoc para beneficiar al sector eléctrico?
Por ponerlo claro: yo crecí en el marco de una familia sin ningún tipo de poder en ningún ámbito en la provincia de Ourense. Como tantas otras familias, podemos impartir cátedra sobre las maldades de dicha diputación. Y por tanto, soy de los primeros interesados en cambiar muchas cosas.
Dicho esto, no comprenderé jamás (aunque ello sea causa de acusación de nacismo) que se plantee dejar de prestar servicio a los entornos rurales de toda España. Y si lo que se pretende es que la gestión de las obras y servicios se contrate de forma centralizada entiendo que habría que solucionar los problemas que tenemos con estas cosas en el ámbito nacional. Quizás estamos ante un caso en que se busque únicamente un ahorro derivado para las grandes concesionarias públicas que podrían negociar (y según las noticias, con ciertas tácticas no demasiado confesables) de forma más sencilla y en menos despachos las obras públicas.
Si queremos hablar de ahorros, creo que se impondría un análisis más serio y sobre más temas. En todo caso debo señalar que me ha picado la curiosidad. Tanto Victor Alvargonzález como Daniel Lacalle se presentan en los medios de comunicación como directivos de Tressis. Y me he llevado una sorpresa cuando descubro que las participaciones relevantes de Tressis Sociedad de Valores son Javier López Madrid, Financiera Siacapital, S.L., Panarea Capital, S.L. , y Siacapital Management, S.A. (siendo administradora de las tres Silvia Villar-Mir), Net Generation, S.A. (Empresa de Ladislao De Arriba Azcona, que fue el que sacó a bolsa Laín y controla la principal agencia de comunicación española, en la que incluso trabaja el padre de la reina) y Borja Prado.
Pero reconozco que me cuesta hablar en serio de estas cosas (y soy lo suficientemente sincero como para decirlo) con personas que trabajan en unas entidades que están controladas por Javier López Madrid y Silvia Villar-Mir, un exCEO de Endesa y una agencia de comunicación. Si ya nos vamos a la filial (Tressis gestión S.I.I.C. S.A.) añadimos a la constructora antes mencionada en la sanción por prácticas anticompetitivas. Y todo ello sazonado con unas cuantas investigaciones judiciales y el ideólogo del programa para el ayuntamiento de Madrid del partido popular (metido en unos cuantos líos con estas) dirigiendo las inversiones.
¿Cuáles son estas inversiones? No hace falta más que comprobar que a 31 de diciembre la inmensa mayoría de las inversiones se concretan en el sector financiero, concesionario y energía. Es decir, sectores hiperregulados, con un amplio respaldo público (de hecho en el propio título del artículo ya se habla de la “obligatoriedad” del rescate financiero) y en los que la situación económica y cualquier principio liberal apenas tienen importancia.
Por descontado, los puntos de vista no son los mismos que los míos, la situación tampoco y quizás los intereses tampoco. A lo mejor tampoco son las personas más indicadas para impartir lecciones sobre cómo organizar los recursos públicos, cómo buscar el bien común o simplemente acabar con la corrupción.
