Últimamente nos encontramos con unos cambios normativos y en el esquema de funcionamiento que siguen un patrón muy definido. Por un lado se nos impone una medida difícilmente justificable desde un sistema que no sea un fascismo puro y duro; por supuesto, esta medida se impone con la coartada de algún problema mediante particular de un colectivo especial y para una casuística particular, y se nos jura y se nos perjura que no va a ser para tanto.
El último caso ha sido la posibilidad de que se decomisen los vehículos de los infractores de las normas de tráfico. Por supuesto, se nos pone el caso de cuatro descerebrados, y se justifica mediante esto la posibilidad abierta a que todo el que cometa una infracción grave pierda su coche.
Nos dicen que tranquilos que esto sólo se va a aplicar en contadas ocasiones, pero esta aclaración solo nos la cuentan en las ruedas de prensa y de hecho no he visto ni un solo indicio o texto legal donde se clarifiquen exactamente cuáles son las casuísticas exactas en las que se va a solicitar esta medida. Lo único es que en los próximos meses se esperan incautar 2.000 coches por parte de la dgt, lo cual no deja de ser curioso. Pensemos un poco; se nos cuenta que se va a mirar caso a caso; se nos cuenta que no existe una casuística definida que va a llevar a esta situación; pero por otro lado, se nos dice que se espera que 2.000 casos que cumplan unas condiciones no conocidas. El problema es que estos 2.000, pueden ser una previsión, (harto improbable porque no conocemos las causas) o un objetivo.
En caso de que sea un objetivo, lo que tendremos es la existencia de circulares internas, ajenas a las normativas, donde se marcarán las condiciones en cada momento para que los fiscales soliciten tal medida. El problema es que si se busca cumplir este objetivo, el problema es que nadie puede saber si una infracción va a suponer tal drástica medida, ya que dependerá de lo que hagan, (o de lo que se pille) al resto de los ciudadanos. Es decir, la gravedad de la infracción no dependerá del riesgo que se corra, sino de la gravedad de las infracciones que cometan los demás en el más puro estilo de “en el reino de los ciegos el tuerto es el rey”.
Otro de los mensajes que se nos ha transmitido es la valoración de los casos, y para eso nos han dicho que el coche es un indicativo y que los vehículos de gama alta van a ser los más afectados. Más allá del mensaje de que los ricos son los que van a sufrir esta situación, (todo un clásico de este gobierno, aunque no refleje demasiado la realidad), la gran duda es donde está la lista de los coches de alta gama. Un Panda es un coche de gama baja; un Ferrari es un coche de gama alta. Pero en medio hay una gran cantidad de grises.
¿Se puede entender una norma en un país serio en el que te pueden, (o no), quitar el coche por unas infracciones que en unas ocasiones supondrán tal castigo y en otras no, y en el que además se miren las condiciones de los conductores y coches, (sin que se sepa ni tan siquiera que es lo que se va a valorar)?. Es difícil entender que esto sea una norma legal de un país medianamente serio.
Por supuesto, las declaraciones de los miembros del gobierno diciendo que esto se va a aplicar con sentido común son un auténtico despropósito, porque las leyes y las normas no pueden quedar al arbitrio del sentido común de los políticos, (y mucho menos con los que tenemos actualmente).
Para acabar de rizar el rizo, nos encontramos con que los coches van a ir destinados a las víctimas de tráfico, por descontado, sin saber cómo, ni porqué, ni en base a qué criterios. ¿Habrá un sorteo?.
En fin, pero vamos a tratar de analizar quien puede ganar con esta medida; como siempre, existe un beneficiado en estas medidas. Y para esto, es fácil entender que lo único que está claro es que a partir de ahora se crea una gran incertidumbre al respecto de la aplicación de la normativa, de forma que los conductores en estos momentos no sabremos cuando es posible que nos retiren el coche.
Por supuesto, cuanto mayor sea el nivel económico y desde luego cuanto mayor sea el valor del coche, el riesgo es superior, por lo que es fácil entender que existe un colectivo perjudicado; que son las personas con posibles y con coches de alta gama.
¿Cómo podemos protegernos de la incertidumbre de esta norma?. Pues sencillo, mediante dos fórmulas básicas; la primera es con un seguro, que probablemente pase pronto a estar en la cartera de las agencias de seguros, con el consiguiente negocio para las aseguradoras.
Y por supuesto, la forma más sencilla de eliminar esta incertidumbre estará en la fórmula del renting. Dicho de otra forma, si compramos el coche, nos encontramos con que es posible que nos sea incautado, pero por otro lado, si decidimos formalizar un renting con una entidad financiera, jamás nos incautarán el vehículo; y tampoco a la entidad financiera, porque solo se podrá incautar el bien de un tercero si este manifiesta negligencia.
O sea que estamos como siempre en una medida que va a generar un volumen de negocio a las entidades financieras que podrán apoyar con una medida novedosa su cartera de vehículos de gama alta en renting.
Y será casualidad, pero ya escama que siempre que encontremos un cambio normativo, así sea tonto, nos encontramos siempre con un sector beneficiado; ¡y el hecho de que siempre sea el mismo, algún día nos llevará a cuestionarnos si es el azar!.
