Siguiendo a vueltas con la famosa prioridad absoluta de pago que aparecerá si nadie lo evita en la constitución, aún queda un efecto por comentar. En su día traté de exponer un breve relato de la evolución de los acontecimientos en el caso de una suspensión de pagos. El escenario que nos podríamos encontrar en esta situación es completamente imprevisible, cuando menos en el grado, ya que el sentido desde luego es fácil de conocer.
Sin embargo, los efectos de este artículo no se limitan a una situación en la que se activaría la prioridad absoluta de pago. Es decir, existirán efectos muy relevantes mucho antes de que nos encontrásemos en una situación de suspensión de pagos.
Este efecto tiene que ver tanto con el hecho de que la decisión de incluir esta medida en la constitución haya sido una rendición, (y no un intento claro de conseguir generar confianza como se vende), y por supuesto con la situación que provocaría una suspensión de pagos.
Este efecto es la posición negociadora, incluso mejor dicho, la obligación de aceptar cualquier cosa, ya que hace tiempo que aquí no se habla de negociar absolutamente nada. En 2008, cuando los mercados financieros se derrumbaron se perdió una ocasión de oro para introducir unas reglas firmes a los mercados financieros. En aquellos momentos la desesperación estaba en el lado del sector financiero y la solución en el lado de la administración pública.
Sin embargo, los gobiernos decidieron avalar y prestar al sector financiero sin condiciones de ningún tipo, y tan sólo con el objetivo de salvar la situación en la que se encontraba. La conclusión fue que tras este proceso, la situación de la economía real y la posición de los gobiernos se debilitó de forma extrema; pero incluso mayor que este efecto directo, nos encontramos con el pequeño detalle de que las cuentas públicas quedaron condicionadas al sistema financiero.
A partir de la decisión de meter todo estos recursos para salvar al sistema financiero, los distintos estados quedaron en manos del sistema financiero. Es sencillo entender que cuando avalamos con 60.000 millones las emisiones del sistema financiero, la presión de este se incrementa exponencialmente, ya que la caída de este arrastra al estado. Por otra parte a partir de 2010, cuando estos problemas comienzan a ser evidentes, se ha traspasado el umbral introduciendo a los países, que se avalan los unos a los otros.
Sin miramos con un poco de perspectiva en aquellos días surgía un concepto de “riesgo sistémico”, ya que hemos descubierto que las pérdidas y los riesgos en cualquier sitio del sistema financiero se expandían de un sitio a otro sin control debido a un complejo sistema de relaciones establecidos entre ellos. Pues hoy nos hemos encontrado con que no sólo no se ha solucionado absolutamente nada, sino que incluso este esquema llega ya al núcleo de los países.
En estos días comprobamos como todos los países extorsionan a Grecia, que a su vez se ve obligada a aceptar la imposición de toda una serie de medidas que curiosamente está cada vez más claro que no conducen más que al mayor de los desastres. Lejos queda el momento en que Angela Merkel hablaba de limitar la capacidad extorsionadora de los bancos o que Sarkozy abogaba por limitar el poder de los especuladores que habían puesto de rodillas a los emprendedores.
Hoy los distintos países han comprometido tantos recursos en salvar al sector financiero y tienen comprometida tal cantidad de dinero, que simplemente tienen que hacer lo que los mercados dicten. Pues con la reforma de la constitución el reino de España se pone en una situación en la que negarse a cualquier pretensión de cualquier agente será casi imposible.
A lo largo de todos estos años, nos hemos encontrado en no pocas ocasiones con el titular de “el estado no podrá pagar las pensiones, ni las nóminas”. Este argumento, ha servido para aprobar el seguir inyectando fondos y aprobando medidas para salvar al sector financiero a costa de destrozar la economía, bajo la premisa de que las pérdidas de dejar caer al sector financiero serían dramáticas para no perder lo aportado.
Sin embargo, lo que debemos mencionar es que este argumento nunca fue correcto, y lo que es más importante, tanto el mundo económico, como el mundo político de relevancia lo conocía, ya que todo el mundo es consciente de lo que ha ocurrido en otros países. Hasta hace poco estos argumentos se usaban para concienciar a la opinión pública de la necesidad de realizar unas medidas que ni tienen sentido, ni llevan a ningún lugar que no sea la quiebra.
Pero con la reforma de la constitución y la imposición de la prioridad absoluta de pago, a partir de este momento, tanto el mundo político, como el mundo económico, sabrán que esta amenaza es completamente sería, de tal forma que la posición de los gobiernos empeora sustancialmente.
En Agosto el BCE envió una carta a los gobiernos, (aspecto ya reconocido por Italia, y no negado por España), en el que nos impone los cambios a realizar. Estos cambios por supuesto han sido aceptados por que es el Banco Central Europeo la entidad que está sosteniendo desde Agosto a España e Italia, que no han suspendido pagos y no han sido oficialmente rescatados debido a estas razones.
Tan sólo mirando el devenir de los acontecimientos y como los países se han plegado sin apenas resistencia a las ordenes del Banco Central Europeo, (que a su vez parece que está en una situación de autentica esquizofrenia), podemos comprobar la situación en la que nos encontraremos a partir de que tengamos esta bomba activada en la constitución.
A partir de este momento, y sólo ante la perspectiva de esta situación, los países tendrán que aceptar la medida que sea que nos impongan, en lo que no es más que la exageración de toda la situación que nos ha traído hasta aquí.
Supongo que mucha gente estará contenta porque los políticos han tomado unas decisiones realmente lamentables, (supongo que poca discusión habrá en este aspecto), pero todo el mundo ha de tener en cuenta que la inmensa mayoría de las decisiones tomadas, son lamentables a conciencia e impuestas para no dejar caer inmediatamente al sector financiero y cerrando los ojos a las consecuencias de dicha decisión, (el ejemplo perfecto es la reforma de la constitución). Por tanto, no se solucionará el problema de las decisiones de los políticos entregados a la banca, sino que se intensificará hasta el extremo.
En definitiva, desde el momento en que se apruebe la prioridad absoluta de pago, el estado español quedará completamente entregado y si se pide “derecho de pernada”, pues “derecho de pernada” habrá que aprobar; ya que en caso de que no se acepte, simplemente nos dejarán caer activando la peor de las situaciones posibles imaginables. Mal se busca una cierta posición de poder, convirtiendo el argumento que más daño hace en realidad.