En la memoria colectiva está grabado a fuego lo sucedido el 11S en New York. Se estima que las pérdidas totales supondrán entre 50.000 y 80.000 millones de USD. Con toda probabilidad debido a los gases de combustión y a las nubes tóxicas que se generaron con millones de toneladas de polvo tóxico que invadieron cada rincón de la ciudad esa última cifra se verá incrementada en el futuro.
La Ley norteamericana no puede actuar exigiendo responsabilidades civiles a los presuntos terroristas (hay mucha polémica al respecto, así que lo dejo en tablas) o a sus familias. Pero sí puede actuar contra quienes presuntamente permitieron que esos terroristas subieran a bordo de las cuatro aeronaves que ocasionaron el mediático drama que todos vivimos con el alma en vilo. Porque en ese escenario, quien no aplicó medidas de seguridad actuó con presunta negligencia. Las aerolíneas estaban seriamente comprometidas y, con ellas, sus aseguradoras.
Nos recordaba hace poco Eduardo Pavelek, en el transcurso de una Jornada de formación en materia de responsabilidad civil de producto que se celebró en Valencia, que el entonces presidente de los EEUU dijo ante la prensa "este es un acto de guerra en tiempos de paz". Sus asesores corrieron a su lado, asustados, y le recordaron a George W. Bush que las pólizas de seguro de las aerolíneas "no cubren actos de guerra".
Como resultado de esta visión protectora del negocio asegurador, que no son otra cosa que entidades financieras, así como de la indústria del aerotransporte el Presidente Bush propuso al Congreso de los EEUU limitar la responsabilidad civil de las empresas de transporte aereo norteamericanas. Así, el 22 de septiembre de 2001 tras solo 11 días desde la consecución del mayor desastre sufrido en territorio norteamericano desde Pearl Harbour, el Congreso de los EEUU aprobó la Public Law 107-42 AIR TRANSPORTATION SAFETY AND SYSTEM STABILIZATION ACT por la que se aprobaban ayudas al sector del transporte aéreo por importe de 15.000 millones USD y se limitaba la Responsabilidad Civil de las aerolineas con pasajeros en 4.500.000.000 $ por avión (ver sección 103 del informe) que, curiosamente, coincidía con la suma asegurada particular de las Twin Towers.
Además, se esperaban otros ataques, así que para los siguientes 180 días la indemnización se topó en el agregado de 100.000.000 $ (ver sección 201).
En este sentido tenemos ante nosotros no solo una clara intervención estatal en la protección de los intereses de las entidades financieras aseguradoras intervinientes o expuestas, sino también un claro contraste con los intereses de los miles de víctimas afectadas quienes vieron, por la entrada en vigor de esta Ley, como sus esperanzas de justicia resultaban claramente recortadas.
Este es un ejemplo de lo que los ciudadanos deben esperar de las Administraciones cuando ciertos poderes están en peligro. Ahora el escenario mundial tiene un claro poder en la cuerda floja: el financiero. Las decisiones serán globales, esto se está percibiendo ya en el G20 puesto que todas las entidades y los bancos centrales mantienen nexos que permitieron que los activos tóxicos hayan alcanzado a la mayoría, en mayor o menor grado. La lenta recuperación también será un tiempo común para todos. Veremos escenas que no comprenderemos con nuestros ojos de personas de la calle. Tendrán mucho que ver con la intervención que en este artículo he comentado: según ellos el poderoso debe ser salvado aunque suponga el atropello de los intereses de los particulares.
