pues el AJD (impuesto actos jurídicos documentados) varía entre 0,5-1,5% según Comunidad Autónoma. El año pasado se concedieron 310.000 hipotecas a 125.000 euros de media, hacen 38.750 millones de euros
https://elpais.com/economia/2018/02/28/vivienda/1519808747_075277.html
si ponemos un tipo del 1%, ya solo son casi 4.000 millones el año pasado del impuesto; creo que el procedimiento será que cada uno reclame a la Hacienda autonómica la devolución que le corresponda y que ésta gire una nueva liquidación al prestamista (banco), y que serían los 4 años no prescritos del impuesto a los que se limitarían las reclamaciones.
Por tanto, el palo a los bancos dependerá de la gente que reclame, la diligencia que tengan las comunidades autónomas (por aquí se pueden salvar) y de que se empecinen, como pasó con Bankia, en rechazar las reclamaciones al principio y que acaben crujiéndoles en los tribunales con sentencias y pagos de costas desmedidas (tengo un familiar que le han devuelto lo que invirtió en acciones de Bankia por sentencia, y las costas para el abogado han sido casi la mitad de lo reclamado). Adicionalmente, mucha gente que no había reclamado hasta ahora los gastos de constitución de la hipoteca (notario, registrador, tasación, gestoría...) y que era posible a partir de una sentencia anterior del 2015, sí se metan ahora en trámites porque creo que la cantidad del impuesto de AJD es mucho más sustanciosa.
Así que otro frente para la banca, que entre preferentes, cláusulas suelo, gastos de hipoteca o también los intereses considerados usura de las tarjetas de crédito (han salido sentencias recientemente), han acabado conviritiendo en recurrentes gastos que deberían ser extraordinarios.